En el año 2006, en pleno debate sobre la ley nacional de educación que debía reemplazar a la fracasada ley federal de educación, el exrector de la UBA y de la UNC Francisco Delich publicó un breve artículo de opinión donde señalaba que la " educación debe ser un bien público, inapropiable para cualquier sector". Inmediatamente, el entonces secretario de Educación, Juan Carlos Tedesco, lo llamó y le comunicó que esa idea, plasmada en ese editorial, iba a ser uno de los primeros artículos de la flamante ley que sería enviada a su tratamiento en el Parlamento. Así fue: hoy está vigente en el artículo 2 de la ley 26.206, que declara a la educación como un "bien público".

Esta anécdota sirve para entender lo que se propone hacer la gobernadora María Eugenia Vidal , y su gabinete educativo, antes de comenzar la ronda de paritarias docentes que este año prometen un escenario tan complicado como en 2018.

"Queremos que los padres tomen partido, que se manifiesten, que sean convocados a ser escuchados y que esa demanda sea articulada por el Estado, porque ellos también son parte del debate educativo", dicen voceros encumbrados del gobierno bonaerense.

El trabajo comenzó con la decisión de abrir "mesas de diálogo" en toda la provincia. "Queremos conversar con todos los sectores que piensen en la educación como una política de Estado, y que estén dispuestos a interpelarse y a debatir educadamente sobre los logros y desafíos que tenemos en la provincia de Buenos Aires", cuentan con detalle.

Y agregan: "Para eso se generaron estas mesas de debate, en la que participan docentes, inspectores de enseñanza, consejeros escolares y funcionarios que quieren reflexionar y hacer sus aportes".

Solo en enero se realizaron 88 encuentros con 1200 participantes. "El pedido de respetar el calendario escolar está siendo fundamental en estos debates", cuenta uno de los funcionarios encargados.

"Los padres quieren que las clases comiencen en tiempo y forma, y manifiestan fastidio por la recurrente pérdida de días de clase. Debemos canalizar esa demanda", agregan. Y recuerdan que ya en el programa ABC Padres, donde participaron más de 40.000 padres, se percibió el malestar por la falta de cumplimiento del calendario escolar.

La idea tiene un antecedente destacado en la región en Ecuador, cuando el gobierno deRafael Correa movilizó a los padres para contrarrestar las marchas y los paros docentes y no solo logró neutralizar la oposición gremial que le permitió avanzar en las reformas educativas planteadas, sino que hasta pudo reformar la Constitución para declarar la educación pública como un "servicio esencial".

"Debemos tomar conciencia de que la educación es esencial para el desarrollo del país, de la provincia, para generar movilidad social, para sacar a muchas personas de la pobreza. Todos los sectores de la sociedad debemos entender que respetar los días de clases es fundamental para lograr eso", aclaran.

Mientras tanto, el director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Sánchez Zinny, está trabajando en una propuesta salarial con aumentos trimestrales que permitirán cubrir la inflación 2019. Algo que seguro no convencerá a los dirigentes sindicales que pretenden recuperar lo perdido en 2018 antes de sentarse a discutir el año en curso.

En un año electoral, todo es más complicado. Días atrás, ante una pregunta sobre una posible candidatura, Roberto Baradel respondió: "No lo tengo previsto, pero tampoco lo descarto", dejando de manifiesto que este año todos jugarán sus fichas y apostarán fuerte.

Cerca de la gobernadora Vidal lo saben, y comprenden que el panorama se presenta áspero.

"Este año tendremos una paritaria salarial entre dos, los gremios y el gobierno, pero, al debate público educativo se sumarán los padres que nos están pidiendo garantizar los días de clases necesarios a nuestros alumnos. No podemos perder 27 días de clases nuevamente", aclaran convencidos.