Durante la charla, Luis Federico Árias explicó los motivos legales que le impiden al ejecutivo aplicar la conciliación obligatoria, y cuestionó la amenaza de quitar personería gremial a los sindicatos: “Todas estas cuestiones de conflicto tienen que ser resueltas por un tribunal independiente y no por el mismo poder ejecutivo”, aseguró.

A continuación, la entrevista completa.

RP- Usted le pidió a la gobernadora que deje sin efecto la conciliación obligatoria y defendió el derecho a huelga…

Creo que hay que comprender dos cuestiones: en primer lugar la huelga es un derecho constitucional; no puede tener ninguna penalidad si no es declarada ilegal. El derecho a huelga en sí mismo no puede tener ninguna consecuencia porque es el ejercicio de un derecho constitucional.

Acá hay un derecho, que por supuesto está sujeto a las leyes que reglamentan su ejercicio; pero en principio el ejercicio regular de un derecho no puede constituir como ilícito ningún acto. Es un principio jurídico que se aplica a todo. Entonces, no puede ser objeto de consecuencias como el descuento de salarios.

Por otro lado, la Constitución de la provincia de Buenos Aires establece que los conflictos entre los trabajadores estatales y el poder ejecutivo deben ser resueltos por un tribunal independiente, que se tiene que crear y nunca se creó. Hace diez años la audité, estuve haciendo recomendaciones al respecto; hace cuatro años la Corte de la provincia también exhortó al ejecutivo y al legislativo para que lleven adelante el proyecto de creación de este tribunal, pero no se hizo nada.

El poder ejecutivo no puede actuar como juez y parte, porque el gobierno es parte del conflicto con los estatales; en consecuencia, no puede disponer la conciliación obligatoria, no puede disponer ninguna medida porque eso lo tiene que resolver un tribunal que no existe.

Lo que nosotros ordenamos es dejar en suspenso esta conciliación obligatoria dispuesta por el ejecutivo. Si hubiera que solucionar alguna diferencia con el ejecutivo y los gremios docentes, debería conformarse un tribunal al efecto transitorio para estas circunstancias. Pero de ninguna manera el ejecutivo puede adoptar ninguna medida en perjuicio de los docentes, porque esto tiene que ser decidido por un tribunal independiente.

RP.- ¿También solicitó que se le devuelva el dinero descontado por los días de paro?

El año pasado los auxiliares docentes mantuvieron un conflicto con el gobierno que aplicó descuentos desproporcionados, que incluso le costó la vida a una señora en Mar del Plata al ver que no tenía depositado su sueldo en el cajero. Fue la que motivó la famosa respuesta del presidente (Mauricio Macri) en una conferencia de prensa: “Te la debo”.

En ese caso fueron los auxiliares docentes y también por las mismas razones: la falta de este tribunal y la imposibilidad del poder ejecutivo de tomar represalias a este tipo de medidas frente a una huelga por ser parte del conflicto. Recientemente otra colega magistrada también ha adoptado la misma decisión respecto de los docentes.

RP.- ¿Qué ocurre con la intención que tiene Vidal de quitarle la personería jurídica a los gremios docentes?

Es un acto antisindical, es un acto ilegítimo. Porque insisto, todas estas cuestiones de conflicto, contiendas de carácter colectivo con los gremios estatales, tienen que ser resueltas por un tribunal independiente, imparcial, y no por el mismo poder ejecutivo.

RP.- El gobierno habla de contraprestación y en ese sentido sostiene que si los docentes no van a trabajar, no van a cobrar…

No siempre el trabajo implica una contraprestación. Cuando usted toma una licencia, esa licencia es parte del derecho al trabajo. Aunque no vaya a trabajar le tienen que seguir pagando, en caso de enfermedad por ejemplo.

En el caso de la huelga debiera ser igual. Por supuesto que hay autores que tienen soluciones diferentes, priorizan otro tipo de criterio. Pero en realidad es un derecho constitucional, y si la huelga no es ilegal no tiene porqué tener consecuencias. Es parte de un derecho que tienen los trabajadores.