La mandataria, que hasta el momento se negó a atender los pedidos de las entidades que nuclean a los productores, adelantó que el Banco Provincia dispondrá de una línea de créditos blandos por un volumen cercano a los 200 millones de pesos y que en los próximos días se convocará a la Comisión Provincial encargada de evaluar las condiciones climáticas y declarar la emergencia, lo que fue interpretado por el campo como una nueva dilación de las soluciones.

Una declaración de emergencia y/o desastre le permite al gobierno suspender, retrasar y hasta condonar el pago de los tributos provinciales y exigir el mismo tratamiento con los impuestos nacionales y las tasas municipales, para paliar la grave situación que atraviesan los productores, que además de la pérdida de la cosecha reclaman por el aumento y reevalúo del inmobiliario rural.

La gobernadora anunció un plan de mejoras para los caminos rurales y remarcó que "si la agroindustria crece lo hacen los bonaerenses", aunque los afectados por la sequía se quedaron con sabor a poco tras las palabras de Vidal e insistieron con que las respuestas están tardando en llegar tanto como lo hicieron con las inundaciones que afectaron a por lo menos 20 distritos durante todo el año pasado.

La realidad es que desde hace más de un mes que entidades como Carbap reclaman una convocatoria para encontrar soluciones al problema de la sequía, que el propio ministro Leonardo Sarquís admitió como “gravísimo” y ya manifestaron que las pérdidas van a ser millonarias en los cultivos de soja y maíz, además de que continuará la caída en la producción ganadera que comenzó casi dos años atrás.

Por eso el anuncio de “créditos blandos” provocó más malestar que alivio entre los ruralistas que seguirán reclamando por un tratamiento urgente de la situación por parte de las autoridades.