La cantidad y gravedad de los casos denunciados, nos muestran una condición de desamparo institucional, adonde algunos funcionarios políticos, con el aval del Intendente José Inza, tienen la soberbia de creerse superiores porque se les confirió una cuota de poder y, por limitaciones intelectuales o para compensar algún complejo de inferioridad, sólo saben ejercerla presionando, hostigando, persiguiendo o amenazando a sus subordinados. Un ejercicio desbocado del poder.

Los propios afectados ocultan los episodios para evitar represalias. Los que quieren quejarse, no son atendidos por el Intendente. Deliberadamente se incumple la ley de violencia laboral, denegando las medidas de protección y omitiendo promover el obligatorio sumario administrativo.

Hay un principio inflexible en un estado social y democrático de derecho: "A mayor poder, mayor control". Es fácil. O limitamos el poder discrecional del Intendente, o establecemos controles eficaces para asegurar que ese poder se ejerza correctamente.

Nuestra intervención profesional se ha dirigido a procurar que la violencia laboral contra los empleados municipales se coloque como tema central de la agenda de la Comisión Investigadora. Para saber qué es lo que sucede y para establecer los mecanismos normativos que impidan que se reiteren.

Creemos, sinceramente, que primero está la gente. Y esta cuestión prioritaria no fue motivo de interpelación para con el Intendente.

Además, toda irregularidad reiterada que articula beneficios en favor de los funcionarios políticos y amigos del poder, es un acto de corrupción, y los actos de corrupción permiten presumir violencia laboral.

No existe forma de cometerlas sin forzar la voluntad de los agentes municipales, que tienen el deber de asegurar la transparencia y legalidad de los actos administrativos. Sólo por temor a represalias -o promesa de beneficios- pueden admitir el ocultamiento de decretos e información; dar curso o pagar actos administrativos que saben irregulares; someterse a la voluntad ilegítima del funcionario político -obediencia indebida-, en lugar de cumplir con la ley o la ordenanza que les impone negarse o hacer algo distinto.

La violencia laboral no sólo afecta los derechos y la dignidad de los trabajadores municipales, sino que deteriora la gestión comunal y degrada la calidad de la democracia local.

En la era de los derechos humanos, los episodios de violencia y discriminación se controlan aún en los reductos más resistentes. En las empresas privadas, sentenciando la reincorporación de empleados, cuando el cese es discriminatorio. En la familia, la violencia física o psíquica entre sus miembros.

Por eso es absurdo tolerarlo en la administración pública comunal que, como parte del Estado, tiene la responsabilidad social y legal de cuidar a las personas, de hacer cumplir los derechos, de evitar la discriminación por ideas políticas.

Algunos episodios tuvieron difusión pública. La persecución del fotógrafo Héctor García y de las periodistas Patricia Toscani y María Angélica Gómez; las amenazas a Sergio Pacheco y Marcelo Armentano porque denunciaron el pago de horas extras no cumplidas. Pese a ello, no hubo intervención de órganos estatales para protegerlos, tampoco existió un accionar concreto de los partidos políticos o de las entidades de la sociedad civil, con la excepción de SOEMPA. No puedo omitir mencionar el rol anacrónico del control que ejerce el H. Tribunal de Cuentas, que se detiene en la legalidad formal, cuando existe una relación de causa a efecto entre la manipulación del empleado y la corrupción que pretende impedir.

La canción "Toca madera" de Joan Manuel Serrat, lo expresa poéticamente: Nada tienes que temer / al mal tiempo buena cara / la Constitución te ampara / la justicia te defiende / la policía te guarda / el sindicato te apoya / el sistema te respalda… (pero, por si acaso) / Cruza los dedos / toca madera… / No pases por debajo de esa escalera / Y evita el trece / y al gato negro / No te levantes con el pie izquierdo... / Que también hacen la siesta / los árbitros y los jueces.

Para ser coherente tengo que reconocer que también existieron casos de persecución discriminatoria, creo que aislados, en la gestión anterior del Intendente Omar Duclos. Así sucedió con Sergio Carella y Rubén Villegas, y en ambos ha recaído sentencia de primera instancia, declarando ilegítimo el accionar municipal.

Pero no se trata de repartir culpas o de justificar gestiones, sino de hacer cesar de inmediato esas prácticas ilegítimas y buscar los cauces institucionales para que no vuelvan a ocurrir.

Si se ejerce violencia laboral sobre los empleados municipales, con finalidad desviada, los trabajadores -inspectores, administrativos- se transforman en el instrumento para acciones igualmente desviadas y discriminatorias en contra de los vecinos.

Y así nos convertimos en rehenes de un gobierno municipal que, ejerce su poder confundiendo el interés público con su propio interés partidario o personal. Pero aceptar el ejercicio de una voluntad incontrolada o desviada, equivale a un retorno a las monarquías absolutas, adonde había reyes "buenos" o "malos". Categorías que se tornaban cambiantes al compás de los humores personales del monarca.

El crecimiento de Azul sólo puede concebirse a partir de un estado social y democrático de derecho, expresado en normas y una cultura institucional que no dependa de los límites internos del gobernante, de su voluntad cambiante, de su ética o sentimientos.

El estado de derecho significa que gobernantes y gobernados debemos acatar la ley, y también la ordenanza. Y para que el gobernante cumpla la ley, deben existir otros poderes que lo limiten, lo controlen y lo encaucen. La mayor tarea corresponde al H. Concejo Deliberante, el otro poder municipal. A mayor poder, mayor control.

Por ello, el estado de derecho significa renovar el pacto constitucional cada día reaccionando todos y con la mayor energía posible, para terminar con cualquier abuso de poder.