Con la publicación este jueves en el Boletín Oficial de la Nación del texto de la ley Nº 27.610 y su decreto reglamentario, la norma que consagra la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) comenzará a regir en todo el país de manera inminente, el próximo 24 de enero. Durante las movilizaciones que se sucedieron a favor de la sanción, una de las consignas más repetidas fue “Aborto legal en el hospital”, aunque lo cierto es que en el sector público de Santa Fe estas prácticas se venían garantizando a través de la adhesión a protocolos nacionales, no así en el sector privado, que por primera vez deberá prestarlas en sus sanatorios y centros de salud, financiadas vía prepagas, mutuales y obras sociales.

Desde la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales privados de Rosario, adelantaron que se preparan para darle cumplimiento a la ley, mientras que no creen vaya a tener un impacto importante a nivel económico.

“En la Cámara de Entidades de Medicina Prepaga recibimos las dos leyes (en referencia a la de IVE y a la de primera infancia, llamada el Plan de los mil días) y nos vamos a abocar a ver cuáles son nuestros compromisos para cumplirlas”, indicó Roberto Villavicencio, presidente de la Asociación de Clínicas y del Grupo Oroño. “Vamos a estudiar el tema en profundidad para tenerlo prontamente resuelto de modo que las personas que así lo deseen puedan acceder a estas prácticas”, agregó.

Son aspectos clave a instrumentar en los próximos días los circuitos de consentimiento informado, el tema de los menores de edad, la confidencialidad y desde luego el rol de los médicos y otros profesionales de la salud que deban tomar parte en las intervenciones o derivarlas a otros servicios en caso de manifestarse como objetores de conciencia (un punto en el que la salud pública de Rosario ya tiene avances significativos e incluso cuenta desde hace años con un registro).

Por su parte Rodrigo Sánchez Almeyra, vicepresidente de la Asociación de Clínicas y titular del directorio del sanatorio Británico, comentó que en pocos días emitirán una posición institucional sobre la aplicación de la IVE. “A propósito del Covid no hemos podido discutir los alcances de la nueva ley, la que por supuesto vamos a cumplir. Cada institución tendrá que ver cómo se adapta”, adelantó.

“Tenemos la cabeza en el día a día de la pandemia y por eso debatimos más la otra vez que el proyecto no pudo salir (por el tratamiento de la iniciativa en 2018) que ahora”, admitió Sánchez Almeyra, aunque consideró que el aborto pasará a convertirse en pocos días en una prestación médica más ofrecida por el sistema.

“Los costos no parecen significativos pero el presupuesto es uno solo, como cada vez que se agregan nuevas prácticas”, deslizó Villavicencio en relación a los legrados y los abortos farmacológicos -que se realizan de manera ambulatoria, fundamentalmente con la droga Misoprostol. Ahora estas intervenciones deberán ser financiadas por las obras sociales, mutuales y prepagas. En otras palabras, se incluyen en el Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica y en el Programa Médico Obligatorio con cobertura total, junto con las prestaciones de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo (según el artículo Nº 12).

Tanto los efectores públicos y las obras sociales como las empresas y entidades de medicina prepaga deberán instrumentar las medidas y ejecutar los cambios necesarios para garantizar el cumplimiento de la ley, advirtieron desde el Ministerio de Salud de la Nación. En esos ajustes, de carácter histórico, se encuentra el sector por estas horas.