Por Claudio Garibotto

El fin de semana pasado el Consejo Directivo Nacional de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) había difundido un documento firmado por el secretario general, Roberto Fernández, donde daban cuenta del estado de alerta en el que se encontraban los trabajadores de transporte de larga, media y corta distancia del interior del país ante la falta de pago de salarios, y disponían un cese de actividades. El conflicto todavía está lejos de solucionarse, y este jueves quien emitió un comunicado fue la Agrupación Juan Manuel Palacios -opositora a la conducción de la UTA-, donde se disparan acusaciones a diferentes sectores (entre ellos, la propia UTA), se repudia “todo intento de menoscabar, flexibilizar y disminuir los derechos de todos los trabajadores del transporte público de pasajeros”, y se convoca a una marcha multitudinaria para este viernes 24, a las 14, en el Ministerio de Transporte, en Avenida Belgrano y 9 de Julio, CABA.

En este comunicado de la Agrupación, firmado por su referente nacional Miguel Bustinduy, se culpa a la UTA de ser “el directo y principal responsable, frente a los trabajadores, de la situación actual, por ser socio preferencial de los grandes negociados en la actividad, en los que privilegió por sobre toda otra cuestión la venta de unidades para el sector”. Y acusa que “su nueva artimaña consiste en acordar con empresarios inescrupulosos y funcionarios de dudosa honestidad nuevos recortes, no sólo en lo remunerativo, sino en las condiciones de trabajo, quitando en cada nueva intervención, en distintas zonas del país, derechos y garantías a los trabajadores”.

El propio Bustinduy, en declaraciones realizadas al programa Estado de Alerta, en radio Cooperativa La 770, resumió el eje del conflicto al decir que “nuestra actividad está subsidiada y los empresarios reciben los subsidios”, pero sin embargo los colectiveros no cobran su salario. “Y si eso se da es porque hay una convivencia”, advirtió. También explicó que “no coincidir dentro de nuestra organización nos llevó a formar una Agrupación, por pensar completamente distinto en los temas que tienen que ver con el desarrollo de nuestra organización sindical”.

Además, dijo que “nos vemos precarizados, lo que empezó con Macri y con Roberto Fernández, porque el primer sindicato que firmó por el 11% cuando la inflación era del 40% fue el nuestro”. Y finalizó, contundente: “Estamos seguros que Roberto Fernández no puede seguir conduciendo nuestra organización”.

Retomando el comunicado emitido por la Agrupación, en el mismo se exige que se abonen “todos y cada uno de los rubros que componen el salario de cada chofer, sea originado en la paritaria de octubre de 2019, en el decreto PEN 14/2020, o en cualquier otro rubro de la ley de contrato de trabajo, tanto en lo que respecta a la corta distancia, como en lo referido a media y larga, sin ningún tipo de exclusión”. Y se señala la responsabilidad que también tiene en este conflicto el Ministerio de Transporte de la Nación, al que se califica de “partícipe necesario y sustancial de la política implementada por el Gobierno nacional”, y dice que es “mudo testigo en los atropellos denunciados, permitiendo con su pasividad que sus iniciativas de asistencia sean distorsionadas y desviadas en el camino, a la vez que se lleven a cabo experiencias empresariales novedosas, por lo insólito y descabellado, a cargo de autoridades públicas del interior del territorio argentino”.