El agujero negro del puerto no tiene fondo

El concesionario se presentó en convocatoria con un pasivo de 100 millones. Una extraña sociedad con Raiser derivó en un vendaval de cheques sin fondo.
La palabra cheques aparece y desaparece en la trama del puerto rosarino como una saga de James Mallahan Cain del Séptimo Círculo, famoso injustamente por El cartero llama dos veces y no por El Estafador, libro que escribió en 1939. Cheques voladores por cifras millonarias fueron una realidad palpable, y los que se libraron en blanco por las autoridades portuarias desde 2002 se transformaron en un símbolo que sirvió de sustento para que el viernes 17 de julio se cerrara el capítulo que lleva como título “convocatoria de acreedores”, prologado por “una deuda de 100 millones de pesos”.

La Justicia escribirá a partir de mañana –cuando se sortee el juzgado que estará a cargo del proceso– el principio del final: deberá decidir si abre o no el concurso de acreedores que solicitó Terminal Puerto Rosario (TPR). Antes, el juzgado Civil y Comercial Nº 5, a cargo de Iván Kvasina, tendrá que resolver si avala dos medidas cautelares que presentó –a la par de la convocatoria– el presidente de TPR, Gustavo Shanahan, para que se autorice a la empresa a continuar con la concesión de las terminales I y II, y para que la Justicia no inhiba las cuentas bancarias.

Kvasina “corrió vista” al Ente Administrador del Puerto de Rosario (Enapro) a principios de semana para que el organismo –en teoría, el ámbito de control de la concesión– tomara la decisión acerca de si TPR debe continuar o no con la concesión.

Los ocho directores del ente se reunieron el jueves a la tarde y, tras varias horas de debate, durante la fría noche, sentaron una posición que no conformó al principal accionista del puerto. “El Enapro no puede resolver la cuestión de fondo en esta instancia: si TPR debe continuar o no con la concesión. Eso se evaluará luego, cuando la Justicia defina si abre o no el concurso de acreedores”, explicó Ángel Elías, titular del organismo.

Edgardo Arrieta, representante de los trabajadores en el directorio del Enapro, dejó de lado los eufemismos y recurrió a una metáfora para explicar la posición del organismo frente a esta encrucijada: “A esta altura, y después de lo que ocurrió en el puerto, no le podemos firmar un cheque en blanco a nadie”.

Arrieta, quien también es secretario gremial de la CGT local, se plegó, junto con el representante de la Municipalidad de Rosario en el directorio –Eduardo Fornarini–, a la línea que bajó la cúpula del Ejecutivo provincial a través del titular del Enapro. Con distintos matices y tras una larga discusión, el resto de los integrantes del organismo, a excepción de Shanahan –quien ocupa un sillón en el directorio del ente como representante del concesionario–, adhirieron a la postura que expuso Elías. “Esperaba una posición más rotunda del Enapro”, reconoció Shanahan a Crítica de Santa Fe unas horas después de la reunión en el edificio de avenida Belgrano.

Antes de pedir la apertura del concurso de acreedores, TPR intentó dar una señal al Enapro y saldó la deuda de más de 3,3 millones de pesos en concepto de canon que arrastraba la empresa. Pero no bastó.

El Enapro esquivó en esta instancia tomar una decisión drástica, como retirar la concesión a TPR, pero tampoco cerró filas con la estrategia del nuevo presidente del puerto. Persisten muchas dudas e interrogantes sobre el origen del millonario pasivo que se acumuló en apenas dos años, en momentos en que Guillermo Salazar Boero poseía el 60 por ciento del capital accionario y presidía TPR. Shanahan no era un vecino más, sino que detentaba del 10 por ciento de las acciones. El resto (un 30 por ciento) sigue en manos del grupo tarraconés, a cargo de Jordi Pujol, hijo del ex presidente de la Generalitat de Catalunya.

Sobran los motivos. El Enapro tiene una extensa nómina de causas para retirar la concesión a TPR. La principal es que la empresa se presentó en concurso con una deuda que podría superar los 100 millones. Pero también hay otras, como la falta de pago de los seguros de caución y el incumplimiento del plan de inversiones que figura en el pliego. En el listado quedó excluida la deuda del canon, que fue saldada la semana pasada, y que constituyó una movida estratégica.

Pero la conducción del Enapro está en una posición incómoda, porque si se produce el desplome en el puerto la Provincia se tendría que hacer cargo de manera interina de la concesión, que fue otorgada en 2002 –durante la gestión de Carlos Reutemann– por 30 años a TPR. El gobierno provincial tendría que costear el pago de los salarios de 510 trabajadores, que actualmente perciben un porcentaje de su sueldo a través del Repro. Además de esta carga, la gestión de Hermes Binner tendría que garantizar que el puerto no quede paralizado porque después sería imposible concesionarlo.

Por las dudas, en la Provincia empezaron a estudiar esta alternativa para que no los tome por sorpresa. Incluso, hasta hay posibles interesados en manejar el puerto, como la chilena Ultramar, asociada en el puerto de Montevideo a Montecon. No fue una casualidad que el titular de la Administración Nacional de Puertos del Uruguay, Fernando Puntigliano, se reuniera a fines de mayo pasado con el intendente Miguel Lifschitz y el titular del Enapro.

Bumerang de cheques. —¿Cómo se explica que en tan poco tiempo el puerto haya acumulado una deuda tan grande? –preguntó Crítica de Santa Fe a Gustavo Shanahan, actual presidente de Terminal Puerto Rosario.

—Hubo dos motivos centrales. Uno fue el quebranto de Terminal Granelera SA y otra fue el impacto de la crisis internacional, que produjo una caída muy fuerte de la actividad en el puerto –respondió el empresario.

Gran parte de las deudasque acumuló la terminal portuaria tiene su origen en la extraña sociedad que se conformó en enero de 2008 entre TPR y la firma Raiser, propiedad de Osvaldo Sortino. La efímera firma dejó empapelada la ciudad con cheques sin fondo. Según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), TPR tiene al 22 de julio 1.171 cheques rechazados por un monto de 11.707.462,54 pesos, de los cuales lleva pagados 409 cheques por 4.026.485,87 pesos. Por su parte, Raiser –de acuerdo a datos del Banco Central– emitió 568 cheques sin respaldo económico por un valor de 18.188.697,71 pesos.

También aparecieron otras deudas millonarias con acreedores privados, como Juan F. Secco –proveedora de los generadores de energía– y Milisenda Servicios Portuarios, quienes hace tres meses ya habían trasladado al Enapro su voluntad de recurrir a la Justicia si no se veía una voluntad de pago de la terminal. Algo similar había hecho el Nuevo Banco de Santa Fe.

Vicentín, agazapado. Según confirmó el financista Shanahan, el objetivo del concurso es “transparentar y ordenar las cuentas” del puerto tras el gerenciamiento en manos de Salazar Boero. Después de este paso, concurso de acreedores mediante, la idea es llevar adelante un nuevo traspaso accionario al grupo Vicentín, que aunque no figure en ningún papel, ya está dentro del puerto. “Sí, después de este proceso se venderán parte de las acciones a esta firma”, confirmó el titular de TPR. En el único lugar que por ahora aparece oficialmente Vicentín es en la Zona de Operaciones Logísticas (ZAL), un sector que está fuera de TPR. Y ese es otro nubarrón que subyace en la trama. Los integrantes del Enapro quieren “garantías” palpables, no meras palabras, de que esta empresa está detrás del puerto. En la última reunión, los directores del Enapro le exigieron una serie de avales de Vicentín a Shanahan, que hasta ahora no aparecieron. “Estamos cayendo por un abismo y nos agarramos de una ramita. Vamos a ver cuánto resiste”, graficó un directivo del Enapro.

La pelota ahora está en la Justicia, que deberá decidir si abre la convocatoria de acreedores, y comenzará una nueva etapa, cuyo final es impredecible si se investiga cómo se originó el millonario pasivo.

Un pacto de no agresión entre dos ex socios

“Yo no tengo más nada que ver con el puerto. Vendí mis acciones y me firmaron un acuerdo de indemnidad. Así que estoy muy tranquilo. Muy tranquilo”, aseguró a Crítica de Santa Fe, Guillermo Salazar Boero, quien hasta hace dos meses era el presidente de Terminal Puerto Rosario y que en un desliz atendió su teléfono a un periodista de este diario, algo que no ocurría desde hace mucho tiempo.

Salazar Boero quedó como accionista mayoritario de Terminal Puerto Rosario en 2007 luego de que el empresario de medios Orlando Vignatti le traspasara sus acciones. Dos años antes, los tarraconeses, capitaneados por Jordi Pujol hijo, se presentaron ante la Justicia rosarina para denunciar a su contraparte local por una maniobra societaria en desmedro de los españoles. Los ibéricos argumentaron que en una rara asamblea societaria se hicieron cambios sin su aprobación, que terminaron perjudicando a los Pujol.

Luego, en enero de 2008, Salazar Boero se alió con Raiser SA y juntos conformaron la efímera Terminal Granelera SA, que dejó sumas millonarias en cheques sin fondo. Hace dos meses abandonó el puerto con un pasivo que se calcula en 100 millones de pesos, pero –según confirmó a este diario– con “un acuerdo de indemnidad”.

Al ser consultado sobre este pacto en TPR, Gustavo Shanahan, titular de la empresa, consideró que “son cuestiones técnicas muy finas de un tema muy delicado. Lo único que puedo decir es que la indemnidad llega hasta un límite”. La traducción al castellano moderno sería la siguiente: si en el concurso de acreedores el magistrado detecta un pasivo superior al estimado en una supuesta auditoría se termina la tregua con Salazar Boero.

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