Mauricio Caminos

El Gobierno confirmó esta tarde que suspendió el programa Potenciar Trabajo a 154.441 personas que no validaron digitalmente su identidad durante el proceso de auditoría que se abrió en el último tramo de 2022. El anuncio lo hizo la ministra Victoria Tolosa Paz, en una conferencia de prensa desde la Casa Rosada, como había anticipado elDiarioAR.

La funcionaria aseguró que el impacto fiscal de la medida es de aproximadamente unos 2500 millones de pesos y adelantó que esa masa de dinero será destinada a las mismas organizaciones sociales que agrupan a la mayoría de los beneficiarios del programa social, de acuerdo al decreto presidencial 728/2022. 

Esa medida del año pasado les dio prioridad para que el 30% de la obra pública nacional, de hasta $300 millones, quede en manos de las cooperativas de trabajo de la economía popular. Ahora encontraron su fuente de financiamiento.

“Ese impacto fiscal de 2500 millones de pesos, tal cual lo dice el decreto 728, impacta directamente en la posibilidad de destinar parte de esos recursos a las unidades productivas que sabemos existen detrás de cada uno de los hombres y mujeres que sabemos desarrollan actividades productivas. Hay expedientes y polos productivos que están esperando su financiamiento”, dijo Tolosa Paz ante la prensa.

En noviembre pasado, elDiarioAR publicó que el decreto estuvo alineado con la demanda de la oficialista UTEP de darle mayor formalidad y volumen a la economía popular, de modo que deje de ser una economía de subsistencia y pueda elevar el nivel de ingresos de sus trabajadores. 

El Movimiento Evita sería quien ahora mejor aproveche esa decisión presidencial, ya que agrupa al menos unos 120 mil beneficiarios del Potenciar. Es la organización referenciada a Emilio Pérsico, quien comanda la secretaría de Economía Social, a cargo de la administración del plan social, y que estuvo junto con Tolosa Paz detrás de la auditoría digital del programa.

El Potenciar Trabajo entrega unos 30 mil pesos por 4 horas de contraprestaciones diarias en cooperativas. Muchos de los beneficiarios pertenecen a las organizaciones, aunque también hay planes manejados por los municipios, las provincias, asociaciones civiles y hasta la Iglesia. A partir de febrero, las más de 150 personas que no validaron su identidad cobrarán la mitad del ingreso previsto, y si demoran la re-validación durante los próximos 30 días –se abrió un canal especial en el ministerio para recibir quejas al respecto–, lo perderán por completo.

“No podemos suponer qué pasa detrás de esas personas”, dijo Tolosa Paz cuando fue consultada al respecto de las causas de que poco más del diez por ciento del total beneficiarios no completara el formulario de carácter obligatorio a través de la aplicación Mi Argentina. La depuración del programa finalizó ayer, luego de una prórroga de quince días en la que el Gobierno hizo un relevamiento territorial junto a las organizaciones sociales, municipios y provincias. “Salvo 500 titulares en el Impenetrable Chaqueño, donde es muy difícil acceder, los niveles de validación han sido altísimos”, aclaró la ministra. 

Este medio recogió en la UTEP que, pese a las bajas, no volvería inmediatamente la tensión en las calles. Incluso Tolosa Paz aseguró tener el aval del Evita en una reunión que tuvo el jueves pasado. “Conversamos con Pérsico en tanto fue una medida acertada por la magnitud de la validación. Son números que miran auspiciosamente”, dijo la ministra, y planteó ante posibles protestas de las agrupaciones de izquierda más combativas, como el Polo Obrero: “Si hay un sector que quiere marchar o protestar, les decimos que hoy hay una ventanilla de reclamos abierta”.

Oficialmente, el Gobierno pudo validar la identidad de 1.210.571 personas como beneficiarios del Potenciar. La auditoría digital la inició Tolosa Paz al poco de reemplazar a Juan Zabaleta en el cargo, en octubre del año pasado, y en medio del escándalo que estalló por la filtración de un informe de la AFIP que aseguraba que había 250 mil “incompatibilidades” e irregularidades entre los beneficiarios, aunque no se trataba de datos nominales. Eso generó mucha tensión entre la ministra y los movimientos piqueteros.

Con los resultados en la mano, la funcionaria intentó dar por cerrada la polémica, pese a que aún hay una causa abierta en la Justicia por un posible fraude al Estado. Dijo que los titulares del programa “no tienen bienes registrables ni moneda extranjera”. “El Ministerio hace un gran trabajo de validación para no darle a quien no corresponda el plan”, aseguró.

“Los resultados han sido favorables para tener certezas sobre las personas que integran el padrón. Son personas a las que le corresponde percibir el Potenciar Trabajo”, agregó la jefa de la cartera social, que adelantó que en las próximas semanas habrá un direccionamiento en los ejes del programa. 

En ese sentido, uno de los puntos donde el Gobierno hará hincapié será en potenciar el nivel educativo de los beneficiarios, ya que el 60% de los titulares (736.723 personas) no finalizaron sus estudios primarios o secundarios.  Otra cara del programa que reflejó la auditoría es que la mayoría son mujeres (65,7%) y jóvenes (el 39,1% tienen entre 18 y 29 años).