En el conurbano bonaerense 7 de cada 10 camas de terapia intensiva están ocupadas. La cifra supera el 90 por ciento en algunos distritos como Florencio Varela o La Plata. Los contagios de coronavirus aumentan en forma exponencial, al ritmo de una mayor circulación de las nuevas cepas. En Lanús, municipio gobernado por Juntos por el Cambio, los casos diarios pasaron de 70 a 500 en tan solo tres semanas. El diagnóstico es concluyente y compartido por la mayoría de los intendentes bonaerenses sin distinción partidaria: un cuadro epidemiológico crítico, con un sistema sanitario al borde del colapso. 

No obstante, las medidas de restricción dispuestas por el presidente Alberto Fernández y acompañadas por el gobernador Axel Kicillof alimentaron el fuego cruzado entre oficialismo y oposición, al punto tal de sumar un nuevo capítulo judicial promovido por el expresidente Mauricio Macri.

Acoplados a la estrategia adoptada por Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad, los jefes comunales de Vicente López, Jorge Macri, y de San Isidro, Gustavo Posse, presentaron un recurso de amparo para que en las próximas dos semanas las clases continúen siendo presenciales. “El nivel de contagiosidad en los chicos no tiene incidencia”, justificó Posse en diálogo con PáginaI12, aunque reconoció que “en el municipio, los hospitales privados están llenos y los públicos al 83 por ciento”.

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Por su parte, Jorge Macri anticipó que va a hacer todo lo posible para que la Justicia no permita que ninguna escuela cierre. “Como padres sabemos que la presencialidad es irremplazable”, indicó.

Ambas posturas se condicen con la bajada de línea que envió, por partida doble, el expresidente Mauricio Macri en redes sociales. El primer mensaje, dirigido directamente al jefe de gobierno porteño para que “actúe haciendo respetar su Constitución y su autonomía”. El segundo, con destino a los intendentes del conurbano a quienes convocó a “imponer sus liderazgos” y “no apoyar decisiones improvisadas, basadas en la intuición o el miedo”.

En paralelo a las maniobras de la oposición, intendentes del oficialismo dan cuenta de la dramática realidad que se vive en los establecimientos sanitarios locales y respaldan las medidas de cuidado. “En Quilmes estamos con niveles superiores de contagiosidad a lo que tuvimos en agosto del año pasado. En algunos lugares del conurbano tenemos casi al 90 por ciento la capacidad del sistema de salud”, explicó a este medio la intendenta Mayra Mendoza.

Del mismo modo se expresó el matancero Fernando Espinoza, cuyo municipio recibió en los últimos días pacientes provenientes de la Ciudad de Buenos Aires, derivados por falta de camas de cuidados intensivos. “Necesitamos bajar la circulación drásticamente por dos semanas para evitar más contagios y desocupar camas. Hay que trabajar unidos para aplanar la curva”, predicó.

“Nosotros tenemos al hospital de Pacheco todos los días colapsado, faltan camas y respiradores. La situación es muy seria”, expresó, por su parte, el jefe comunal de Tigre, Julio Zamora. El apoyo a las medidas oficiales también se sintió en Avellaneda donde el intendente Alejo Chornobroff, destacó el trabajo conjunto entre Provincia y Nación, "mientras la oposición hace campaña con la pandemia y siembra miedo".

“Cambiemos busca muertos para hacer política sucia, no le importan las personas. Lo demostraron siendo gobierno y ahora también como oposición”, disparó Mayra Mendoza. La quilmeña además apuntó contra Jorge Macri por acusar a Kicillof de no haber consultado las medidas con los intendentes opositores. “Jorge, sé sincero”, le recriminó en Twitter.

“El 7 de abril, todos los intendentes del AMBA tuvimos un zoom con el gobernador y nadie planteó objeciones, al contrario, coincidíamos en la decisión”, recordó.

En el oficialismo no dudan en caracterizar a este tipo de conductas como “maniobras oportunistas” en un momento de extrema angustia. Lo que piden es dejar a un lado las “mezquindades políticas” y acompañar las medidas de prevención sanitaria que permitan ganar tiempo. El plazo, un mes y medio de vacunación. Este es el escenario que el Ministerio de Salud provincial considera indispensable para tener cubierta a toda la población de riesgo y lograr reducir la tasa de mortalidad.

Por esta razón, resaltan la importancia de disminuir no sólo el riesgo que implica estar en las aulas, sino también lo que sucede antes y después de las escuelas. Más allá de la explicación oficial y la crisis sanitaria, la bandera de la presencialidad es utilizada, con mayor o menor nivel de intensidad, por todo Juntos por el Cambio. “Un aula vacía no es un aula, es nada. Hemos dejado un vacío muy importante en la sociedad”, dijo a PáginaI12 el intendente Julio Garro. 

En Lanús y Tres de Febrero se repitió el mismo guión: desde el entorno de Grindetti calificaron a la medida de “poco creativa” y pidieron que se garantice el regreso el 2 de mayo; mientras que para Valenzuela volver a la virtualidad se trata de “un atajo” más que de una solución. A diferencia de Posse y Macri, ninguno de ellos acompañó sus críticas con una presentación judicial. Ante estos planteos, en el gobierno de la Provincia sostienen que existe un doble discurso por parte de los gobernadores locales: lo que verbalizan puertas adentro, en las reuniones técnicas, y lo que después manifiestan en público. El ministro de Salud Daniel Gollán remarca hace tiempo que la actitud de ciertos dirigentes opositores no solo significa una “irresponsabilidad absoluta” sino que en algunos casos constituye un “atentado contra la salud pública”.

Algo similar entendió el fiscal de Morón Javier Ignacio Baños, quien presentó una denuncia contra Mauricio Macri. Según el funcionario judicial, la convocatoria del expresidente a desobedecer las resoluciones del Ejecutivo Nacional y Provincial podría constituir la violación de medidas para impedir la propagación de una epidemia, instigación a cometer delitos y desobediencia; figuras penales que prevén penas de entre seis meses y dos años de prisión. El panorama epidemiológico es realmente grave, repiten en la Casa de Gobierno bonaerense. Los datos revelan que quedan alrededor de 880 camas de terapia intensiva en la región AMBA. El cálculo que sacan es sencillo: si se ocupan entre 200 y 250 por semana, el sistema sanitario tardaría menos de un mes en estar completamente saturado. Mientras tanto, dicen, hay opositores que “hacen campaña con la pandemia”.