Cristina de Kirchner garantizó la puesta en escena del hecho político de fin de año que aceleró el comienzo de la agenda judicial de 2021, aún en plena feria: la presentación formal de las conclusiones de la Bicameral de seguimiento de Organismos de Inteligencia, con un lapidario diagnóstico sobre el accionar de la Dajudeco, que fue adelantado por Ámbito, en exclusivo. En los hechos, significó un espaldarazo para un sector interno del kirchnerismo -que tiene como espada judicial a Leopoldo Moreau- y constituyó el primer elemento “técnico” que apuntala la hipótesis de lo que en las filas de la vicepresidenta denominan Lawfare. No fue casual que hubiese un acto donde también estuviese, sentado, escuchando el resumen Sergio Massa. Habrá más capítulos relacionados, pero en causas judiciales específicas. Pero el episodio -corolario de las “cartas” previas- disparó también la habilitación de un “brainstorming” a cielo abierto. Traducido: “se buscan ideas” fue la consigna que sirvió de punto de partida para que varios actores comenzaran, en paralelo, a moverse en el tablero explorando distintas opciones para traer “soluciones” al diagnóstico que quedó exteriorizado por Cristina. La ansiedad puso como plazo el mes de enero (durante la feria) para encontrar una o varias.

En ese marco, se inscribe una de las variables que comenzó a ser delineada a alta escala y que formó parte del “run-run” político de las mesas de fin de año. Un eventual pacto de consenso con la oposición para ampliar la Corte y agregarle integrantes con aval de las principales fuerzas políticas. Dos de esas nuevas sillas quedarían para el PJ, dos para la UCR y una para el PRO de Mauricio Macri, en el garabato esbozado en un pizarrón. Los diálogos cruzados fueron confirmados a este diario por varias fuentes aunque, desde el oficialismo, indican que se han mantenido contactos de manera subterránea de forma sostenida desde hace varios meses, sin algo en concreto, todavía.

Según la versión inicial, uno de los delegados por el Frente de Todos es la otra espada judicial del kirchnerismo y de buen diálogo con todos los sectores, Eduardo “Wado” de Pedro. Por el radicalismo, el siempre activo Enrique “Coti” Nosiglia. En la misma línea, se pusieron sobre la mesa algunos nombres: por el sector “amarillo”, consideran que el nombre puesto para ocupar un lugar en un eventual rediseño del máximo Tribunal sería Miguel Ángel Pichetto. Pero desde el sector radical le agregaron (sin objeciones prematuras de los K) el del abogado Ricardo Gil Lavedra, alguien que siempre ha gozado de un halo de prestigio, a pesar de que comenzaron a aparecer múltiples irregularidades por su doble rol de abogado-funcionario durante la gestión Cambiemos, y especialmente por su estrategia en el caso Oil Combustibles, contratado por la AFIP. Elisa Carrió y su Coalición Cívica se quedarían sin nada.

Para esta hipótesis de trabajo, el resto de los nombres podrían negociarse para obtener un pasaje ausente de traumatismos por el Senado con los dos tercios requeridos para la aprobación de los nuevos jueces, después de que se aprobara una ley de ampliación de la Corte. ¿Quedaría una nueva Corte con número par en este diseño? Preguntas sin respuesta todavía ante tan embrionario ensayo, pero que floreció como rumor en mesas donde se discute el poder. La posibilidad es tan remota que se vuelve verosímil.

Alberto Fernández, por su parte, anuncia que explorará algunas definiciones del Consejo Consultivo (comité de notables) que propusieron varias modificaciones normativas que podrían alivianar el volumen de causas que escalan a la Corte y podrían regular mejor su funcionamiento. Tribunal “alternativo” de “arbitrariedad” para revisión de sentencias, control estricto de la aplicación del artículo “280” para la desestimación de casos y un arma de doble filo: la imposición de plazos de resolución para evitar la siempre discrecional elección de casos a resolver. ¿El riesgo? Durante la Pandemia, la Corte aprovechó para implementar varias ayudas tecnológicas más allá de la firma digital. Eso implicó un aumento de volúmenes que ha tenido un flujo de 300 sentencias semanales (que incluyen todo el menú de opciones posibles) pero que suman a la estadística. También existe otra certeza cerca de la vicepresidenta que empuja a explorar otros caminos. La comisión no cumplió con lo único que se esperaba que era pronunciarse sobre la ampliación.

Lo cierto es que a la fecha coexisten: proyectos que el Congreso podría discutir en sesiones extraordinarias (o posponerlos); anuncios presidenciales acerca de la redacción de nuevos proyectos de ley referidos al funcionamiento de la Corte que parten de las conclusiones del consejo consultivo; “run-run” sobre ampliación del máximo Tribunal con más precisiones sobre un eventual reparto; y la aparición de varios referentes del oficialismo que públicamente (y luego del informe de la Bicameral) apuntan a ciertos sectores del Poder Judicial y de la Corte en su consideración negativa sobre su accionar presente o pasado. Sin embargo, lo cierto es que todas estas conversaciones siguen siendo incipientes y no están plasmadas en proyectos concretos que puedan trasladarse a materializar los cambios. Todavía.

El informe de la Bicameral sobre los desmanejos de la Dajudeco puso de manifiesto dos ejes relevantes cuyas consecuencias van más allá: el primero es que los hallazgos pueden empezar a nutrir las causas que investigan esas maniobras. Entre ellas está la prontamente archivada por el jubilado juez Rodolfo Canicoba Corral por el sorteo que dejó a Martín Irurzun al frente de la Dajudeco. El juez archivó la causa “hasta tanto nuevos elementos permitan continuar con la investigación”. El fiscal Federico Delgado, que había amagado con salpicar a la Corte con el impulso de la pesquisa apeló pero la Cámara ratificó ese criterio en pleno sigilo. El informe sobre la Dajudeco dejó en claro que más allá de las filtraciones de las escuchas no encontró prueba de que ese sorteo se hubiese realizado. Moreau se encargó de repetírselo a Cristina cara a cara. Irurzun estuvo inquieto desde la presentación de la Bicameral. Con buen criterio consideró que los cañones ahora sí se dirigirán hacia él. Empujarlo a la jubilación podría despejar un cargo más en la Cámara, fue parte del corrillo que circuló entre los jueces.

El segundo punto es más sensible: y tiene que ver con el sistema de sorteos del “Cuerpo de Peritos Anticorrupción” bajo la órbita de Dajudeco. Se hacía de forma manual, pero también se establecía un “llamativo” (para la Bicameral) sistema de reemplazos de las comisiones asesoras para concursar a los peritos, vía la resolución de la Corte N°1171/2016 que la dejaba entonces en cabeza de Ricardo Lorenzetti. Antes se había dejado vacante el cupo para los ingenieros civiles que ingresaron en una segunda tanda con los procedimientos modificados. En ese segundo grupo, entró el ingeniero civil con especialidad en vías de comunicación Eloy Bona, conocido como “twittero anti K” pero también porque plasmó su particular peritaje en el juicio Vialidad que agrupa dos cualidades: la primera es que se ventilará en 2021 como casi uno de los únicos aspectos que no cayeron en las sucesivas audiencias (los testigos no colaboraron en nada con la acusación) y cuya conclusión para supuestos sobreprecios en la obra pública de Santa Cruz fueron hechos en una comparativa con los valores que surgían de una revista.

El trabajo de auditoría tiene un párrafo que cobrará relevancia a estos fines: “la forma de sorteo y asignación de causas en los aspectos antes señalados, el acotado número de peritos para asegurar un sorteo efectivo, no satisface acabadamente las garantías procesales impuestas por la normativa vigente”. Eso y decir que vulneró el derecho a defensa, es lo mismo.