Los empleados hicieron hincapié en que, mediante el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), "el estado nacional avaló la cooperativa", porque "consideraron que es un laboratorio de interés nacional, que producía el porcentaje que ahora se está cubriendo con la producción de un laboratorio brasilero", advirtió Raúl Olivetto, presidente de la cooperativa en conformación. Ahora, la decisión es judicial. En el marco del concurso de acreedores, un nuevo gerenciador bonaerense pretende poner en marcha el laboratorio, pero los empleados reclaman que sean reincorporados los 120 trabajadores y que se pague la deuda, que asciende a casi 20 millones de pesos, entre sueldos y aguinaldos.

Desde que se interrumpió la producción, el 27 de abril pasado, los empleados mantienen tomado el laboratorio, mientras se dicen "una cooperativa en conformación". "La empresa dice que ellos han tenido problemas económicos por malas decisiones en operaciones financieras y hasta ahora no aparecieron", indicaron sobre la firma con 38 años y trabajadores con hasta 34 años de antigüedad. "Lo que pasa es que los que estaban como responsables de la empresa no presentaron quiebra, ni concurso, ni nada. Simplemente desaparecieron", dijo Olivetto cuando decidieron tomar la planta.

Los dueños fundadores del laboratorio se presentaron en quiebra y justamente Jorge Salinas fue quien "compró (el laboratorio) en 2,8 millones dólares, pero solo se pagaron 300 mil pesos. Cómo es posible que el síndico, si la empresa sigue concursada, no haya controlado presentación de balances, no se controló el aporte de los empleados y no se tuvo en cuenta que el 70 por ciento trabajaba en negro", denunció Olivetto.

Pese a esas condiciones y a la "cero inversión", durante siete años, Apolo produjo soluciones parenterales que distribuían a todo el país. "Cuando los dueños compraron un laboratorio en Paraguay, al tiempo lo clausuraron por contrabando de mercadería, y nuestra situación comenzó a decaer; hubo problemas con los sueldos, y un día dijeron que cerraban para refacciones, pero estaban desmantelando. A los dos días nosotros decidimos tomar el laboratorio porque estaban sacando herramientas y elementos para el control de calidad", relató Olivetto.

Ayer, la protesta llegó al palacio de Justicia, donde los empleados asistieron a una audiencia con la jueza que lleva adelante la causa, donde fueron convocados para avanzar en la cuestión de la reactivación de la empresa. Es que dentro del concurso preventivo, es posible que todos los empleados sean reincorporados por un nuevo gerenciador interesado en reactivar la planta, pero los trabajadores reclaman que antes se pague el dinero adeudado. "Este hombre dijo frente a la jueza que no iba a hacerse cargo de la deuda que hay con los trabajadores", se quejó Olivetto.

Julieta Saucedo, otra empleada, señaló que se deben "siete meses de sueldo y cuatro aguinaldos a los 120 trabajadores". Sin embargo, aclaró que quienes reclaman son poco menos de la mitad.