La Cámara de Diputados aprobó con modificaciones la ley que regula el traspaso de la policía federal a la ciudad de Buenos Aires y establece una quita de la coparticipación federal, después de una sesión de casi 20 horas y una maniobra de Cambiemos para frustrarla, que si bien no prosperó podría judicializarse.

La ley tuvo 129 votos, justo la mitad más uno del recinto.  El Frente de Todos lo alcanzó después de un trabajoso acuerdo con el gobernador de Córdoba Juan Schiaretti, que aportó sus diputados para el quórum pero negoció retoques al texto y resolvió así la presión cruzada de Horacio Rodríguez Larreta y el Gobierno nacional. 

La votación volvió a tener peculiaridades como el voto en contra de Eduardo "Bali" Bucca, jefe del interbloque federal y clave para sancionar el impuesto a la riqueza; y de la dupla del riojano Felipe Álvarez y el santacruceño Antonio Carambia, aliados en casi todas las leyes. 

Sin ellos, los cordobeses eran claves y así lo hicieron valer, sobre todo porque los tres diputados cercanos a Roberto Lavagna y los dos socialistas santafesinos no ayudaron con el quórum y no se comprometían a hacerlo a la hora de votar cuando finalmente se abstuvieron, pero ya no eran necesarios. 

Sergio Massa y Máximo Kirchner precisaban 129 votos seguros para no correr riesgos. Además, la oposición podía reclamar esa cantidad sin importar los presentes, lo que se conoce como "mayoría absoluta", por tratarse de un reparto de fondos coparticipables, aunque algunos antecedentes le jugaban en contra.   

El artilugio de Cambiemos para frustrar la sesión fue estirarla hasta la medianoche, cuando vencía el período ordinario (entre diciembre y febrero se tratan leyes que pida el presidente) y el protocolo de sesiones remotas. Apelaron a cuestiones de privilegio y pedidos de apartamientos del reglamento, recursos reglamentarios para reclamar que se traten temas varios o proyectos fuera del plan de labor, que necesitan una mayoría de tres cuartas partes del recinto y ninguna fuerza la tiene por sí misma. 

La oficialista Cecilia Moreau dejó en evidencia la estrategia cuando pidió incorporar la ley de etiquetado frontal a la cola del temario y Cambiemos, que la había reclamado, bloqueó la votación. Si lo aceptaba hubiera dado el primer paso para convalidar los debates de madrugada que iban a impugnar. 

Fueron horas de intensas negociaciones en el despacho de Sergio Massa, donde se acercaron Máximo Kirchner y los jefes del PRO Cristian Ritondo y Álvaro González, con llamados cruzados del jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, Schiaretti y funcionarios del Gobierno nacional. 

La sesión era conducida por Cecilia Moreau o el entrerriano Marcelo Casaretto y se consumía en los más variados reclamos y votaciones  frustradas. La idea de Cambiemos era que el tiempo corra y así sucedió. 

El jefe de Gobierno reclamaba retener puntos de coparticipación, el oficialismo se negaba pero no podía reunir una mayoría sin los cordobeses y algo tenían que ceder. De mínima, Schiaretti quería que la ley volviera al Senado, donde la mayoría oficialista garantiza la ratificación. 

Se acordó un período de 60 días de negociación con la intervención del Consejo Federal de Inversiones (CFI), donde se hacen valer los gobernadores y sus autoridades se expresaron a favor de la ley cuando se debatió en el Senado. "Si no hay acuerdo, la Nación hará lo que quiera", aseguraron fuentes del Frente de Todos.

En suma, el proyecto es un convenio del traspaso de la policía federal a la Ciudad que se llevó a cabo en 2016 y Mauricio Macri financió con una suba de coparticipación de más de dos puntos (1.4 a 3.75), que luego rebajó una décimas (3.5%). Pero no existió una ley con un inventario de los gastos, como establece la Constitución.

Les digo a los diputados del oficialismo cordobés: espero que en estos días veamos de qué se preocuparon tanto por la Ciudad. Ya veremos en los boletines oficiales cual fue la prenda de unidad 

En el proyecto, el Gobierno lo calculó para este año en 24.500 millones de pesos, la tercera parte del presupuesto actual, que será la cifra a discutir durante los 60 días de plazo posterior a la aplicación de la ley. Quedó intacto el sistema de actualización, mediante un índice que combina en un 80% la variación salarial y un 20% la inflación, montos que deberán actualizarse trimestralmente, pero al ser una suma presupuestaria no permite un goteo de fondos diarios, como la coparticipación.  

Y si bien los fondos que pierde la Ciudad vuelven a la Nación, el proyecto original fijaba un desembolso a la provincia de Buenos Aires, en función de un decreto de Alberto Fernández de septiembre que le quitó uno de los puntos de coparticipación cedidos por Macri. Los giros a Axel Kicillof se borraron de la ley pero ese decreto sigue vigente. 

Una de las reformas negociadas por los cordobeses es garantizar que cada presupuesto nacional contemple la actualización de los fondos para la policía federal y que hasta la entrada en vigencia del acuerdo la Nación transfiera a Larreta la doceava parte del presupuesto asignado en la ley (24.500 millones), aportados en forma diaria y a cuenta del convenio rubricado. También se garantiza que siga sin variantes la coparticipación a la Ciudad de 1.4% de la masa de recursos a repartir en las provincias, que rige por un decreto de Eduardo Duhalde. 

Cristian Ritondo, jefe del PRO, tomó por sorpresa las correcciones y lanzó una advertencia. "Les digo a los diputados del oficialismo cordobés: espero que en estos días veamos de qué se preocuparon tanto por la Ciudad. Ya veremos en los boletines oficiales cual fue la prenda de unidad", ironizó en su discurso de cierre. 

Álvaro González y Cristian Ritondo. 

A la medianoche, Ritondo había intentado anular la sesión porque no estaba en vigencia el protocolo de sesiones remotas, pero ante la resistencia del oficialismo no se atrevió a ordenar una desconexión. Es que los dirigidos por Máximo Kirchner quedaban solos podrían haber aprobado las leyes que quisieran y en tal caso responder a la justicia por los temas más variados. 

Lo curioso fue que quien anunció la continuidad en la sesión fue el jefe del interbloque Cambiemos Mario Negri, por zoom desde Córdoba, aun cuando sus pares insistían en que el sistema remoto estaba caduco y era necesario contar los votos presenciales e ignorar al resto. 

"Si hay prórroga de sesiones ordinarias, quiere decir que la sesión de hoy concluyó a la medianoche. Nadie imaginaba que iban ustedes a hacer una gambeta. Usted ningunea a los presidentes del bloque, usted ningunea a la oposición", reclamó Negri a Massa, desde su casa.  

Otro de los reproches de Cambiemos es que la sesión no fue convocada con los plazos establecidos (se conoció el llamado a última hora del viernes) y desde la reunión de labor parlamentaria reclamaron el acta oficial con el horario, que dicen no haber recibido. 

Para continuar, el oficialismo (a través de Paula Penacca, Leopoldo y Cecilia Moreau), argumentó que la sesión es un sólo acto jurídico único iniciado el 30 de noviembre y su continuidad estaba sujeta a la buena voluntad de las partes. "Como no pensamos que estuvieron estirando el tiempo para que llegue la medianoche, consideramos que hay buena fe", ironizó Vanesa Siley, del Frente de Todos. 

Cambiemos ocupó varias horas más para recriminar la continuidad del debate por VPN y anticipar otra lluvia de amparos judiciales. Recién a las 3 de madrugada, y tras una ajustada votación, comenzó a tratarse el proyecto tan esperado y no se votó hasta pasadas las 8 de la mañana. La prolongación obligó a demorar hasta el mediodía el inicio del debate sobre el aborto legal. 

El debate 

El encargado de gestionar el texto definitivo con los cordobeses fue el santacruceño Pablo González, ex vicegobernador de Santa Cruz, que negó haber avalado el aumento de la coparticipación en el consenso fiscal de 2017. "Se aporta por posibilidad y se recibe por necesidad: eso es federalismo", señaló.

Su compañero Carlos Heller sostuvo que "lo que se está discutiendo es un exceso de recursos que transfirió Macri ni bien asumió" y consideró peligroso hablar de la generación de fondos propios, porque "la Ciudad recauda de la actividad económica del resto del país".

La oposición dedicó cinco horas a despotricar el proyecto. "Esta ley es una muestra de patoterismo unitario y es inconstitucional. El artículo 75 inciso 2 de la Constitución Nacional define a la coparticipación como un convenio y habla de federalismo de concertación. En ningún caso se puede avanzar unilateralmente, sin una de las partes, como en cualquier contrato", se quejó el radical Gustavo Menna.

"No castigan a Rodríguez Larreta. Castigan a los porteños y a los millones de argentinos que trabajan, se educan, vienen a la ciudad de Buenos Aires. El gobierno se equivoca, la coparticipación no son dádivas, son los impuestos que paga la gente, y la Ciudad aporta el 22 por ciento de la masa coparticipable y recibe el 3 por ciento", siguió a Emiliano Yacobitti, también de la UCR.

"La Constitución exige que esto se debe hacer a partir de acuerdos, y con automaticidad: que las transferencias se produzcan por puntos de coparticipación, no por la firma del secretario de Hacienda, que sabemos que un día se produce y al otro no", señaló Pablo Tonelli, del PRO.

"Se puede construir de otra manera, se puede discutir en la Legislatura. Yo no creo que esto sea casual, que nos denuncien penalmente, los ataques, y la verdad que el Gobierno de la Ciudad merecía más respeto. Al que no piensan como ustedes, hay que atacarlo. Hoy estamos asistiendo a un robo a la Ciudad de Buenos Aires", denunció Ritondo.

El cierre estuvo a cargo de Máximo Kirchner, que no se refirió al proyecto sino a una pelea con Larreta que parece tener varios capítulos más. "Macri le dio más a la Ciudad que más tenía. Una metáfora perfecta de lo que fue la política que argentinos y argentinas tuvieron que sufrir durante estos 4 años: beneficiar a la parte más alta en detrimento de la parte más baja en la Argentina".

"¿Cómo puede ser que digamos que todos somos federales y uno de los argumentos de un diputado de la Ciudad de Buenos Aires es que los hospitales porteños atienden 3 de cada 10? Si todos los que viven en esta Ciudad tienen prepagas y obra social están mal puestos los hospitales. ¡Ese es el problema! ¡Se acostumbraron a llevarse todo puesto!", recriminó. El debate seguirá en el Senado. Y en la justicia.