La ley Nª 6186/20, que declara la emergencia pública en violencia de género, se aprobó el jueves ultimo en la Legislatura jujeña. Las organizaciones feministas, de mujeres y disidencias emitieron un comunicado en el que evalúan la legislación como una conquista de la lucha pero también señalan que llegó luego de una seguidilla de asesinatos de 5 mujeres. También cuestionan distintos aspectos que no fueron contemplados, entre ellos el presupuesto para la implementación de las políticas públicas.

La ley lleva el nombre de Iara Rueda, la adolescente asesinada en septiembre en la ciudad de Palpalá. Su familia estuvo en la Legislatura presenciando el debate.

"Se llega a esta ley en el contexto de haber tenido que perder a 5 mujeres asesinadas en 35 días. Hubo 11 movilizaciones en distintas localidades. En San Salvador de Jujuy fuimos 10 mil mujeres y disidencias reclamando al Estado", sostuvo la integrante de la Agrupación Verde y Blanca de ATE Jujuy y secretaria de género de la CTA nacional, Anabel Yacianci.

La referenta sostuvo que con Gerardo Morales al frente de la provincia, no hubo políticas públicas que resuelvan la problemática de la violencia de género. "Ante el Estado ausente, muchas de las organizaciones feministas, de mujeres y disidencias nos terminamos haciendo cargo de guiar y contener a mujeres, adolescentes y niñas en situaciones de violencia de género", contó.

Para el movimiento feminista, la ley es una conquista porque fueron las organizaciones las que se movilizaron para que se declare la emergencia. "Desde la comisión de Género de la Legislatura, se consiguió que 80 organizaciones podamos ir a plantear nuestras inquietudes y necesidades", sostuvo Yacianci. Indicó que fue la primera vez que tuvieron esa participación aunque el texto final de la ley dejó fuera muchos de los planteos que hicieron. 

"Si no hubiéramos estado en las calles, a la ley no se llegaba. La violencia de género no se soluciona con fotos de Morales, si no hay voluntad política. Es muy hipócrita y negacionista que se llene la boca diciendo Ni Una Menos cuando no puede resolver la situación de violencia de género en la provincia, cuando hay funcionarios que tienen denuncias por violencia", manifestó Yacianci. Uno de los funcionarios denunciados es el fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, Sergio Lello Sánchez.

Uno de los aspectos que no se especificó fue el del presupuesto, clave para la implementación de lo que contempla la ley. "No quisieron tratar de parte del oficialismo el tema del presupuesto. ¿Cómo van a implementar la ley? Pedíamos que haya una comisión fiscalizadora de esos fondos y que esté integrada por organizaciones feministas, de mujeres y disidencias. En la provincia, Morales no ha rendido cuentas del presupuesto, no sabemos dónde están los fondos que recibió de Nación por la pandemia", aseveró Yacianci. 

En Jujuy, la organización Mumalá relevó 10 femicidios en lo que va del año, y dos muertes de mujeres que están en proceso de investigación que no tienen esa carátula pero que fueron incluidas en el registro. 

Refugios y comunicación

El comunicado de las organizaciones celebra la incorporación de un artículo que dispone la creación de Refugios. "Entendemos que esta medida es de ejecución urgente y extendida: debe abrirse al menos un refugio en cada ciudad que tenga una población de 10 mil habitantes en un plazo no mayor a 30 días hábiles. La permanencia en el refugio debe durar el tiempo que sea necesario y debe finalizar sólo cuando se resuelva la situación habitacional de las víctimas. También se debe garantizar el acceso a las ayudas económicas correspondientes. En caso de utilización de vacantes en hoteles o residenciales se debe establecer seguridad adecuada y personal capacitado en perspectiva de género para recibir y alojar", afirmaron.

Las organizaciones señalaron que debe haber un Centro de Atención Integral en cada localidad y reclaman que se garantice la accesibilidad a las comunidades rurales creando Centros de Atención Integral Móviles. "Estos centros deben tener inserción en la comunidad, pudiendo los equipos trabajar articuladamente con instituciones y organizaciones locales", advirtieron. 

Para el activismo, la implementación de esta ley debe "garantizar plenos derechos laborales" a las trabajadoras y trabajadores de todos los centros, dispositivos de atención y programas que se creen, exceptuándolos de ley de disponibilidad, para asegurar su permanencia en el territorio. Piden que las trabajadoras y los trabajadoras tengan apoyo y contención psico laboral acorde a la tarea que desempeñan. También quieren personal con formación en perspectiva de género acreditable y con idoneidad para desempeñarse en estos espacios.

También exigen que para la cobertura de cargos se llame a concurso público y las organizaciones feministas integren los jurados o puedan actuar como veedores. 

Respecto a la comunicación, el proyecto recupera dos demandas de las organizaciones: la necesidad de realizar campañas públicas y la creación de instrumentos para hacer recomendaciones a los medios acerca del tratamiento de la violencia de género. "Pero nada dice sobre la necesidad de realizar capacitaciones con perspectiva de género a quienes trabajan en medios públicos o privados. Tampoco refiere a la incorporación de profesionales de la comunicación con perspectiva de género en los equipos de trabajo del Consejo Provincial de la Mujer y los equipos de los distintos dispositivos de los tres poderes del Estado", enfatizaron. 

Las organizaciones consideraron que la ley debería incluir la implementación de beneficios, capacitaciones y convenios con el sector privado que permitan la inclusión socio laboral y piden que se garantice a la comunidad trans travesti un cupo laboral trans del 1% en el sector público local. 

"Es auspicioso que la ley propicie la adjudicación prioritaria de vivienda a personas en situación de violencias de género pero es necesario establecer cupos para garantizar el acceso al derecho a una vivienda digna", manifestaron las organizaciones.