Desde al menos diez años, el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) es blanco de sospechas de corrupción. Tanto en este gobierno como en el anterior, su diverso directorio ha sido apuntado por manejos poco transparentes de la millonaria caja. Es más, algunos de los exfuncionarios están tras las rejas.

Frente a este contexto, la silenciosa, aunque llamativa, salida de su vicepresidente, no es ajena. Si bien presentó su carta de renuncia el 30 de junio, la gobernadora María Eugenia Vidal recién aceptó la dimisión de Alejandro Requejo a mediados de octubre, de acuerdo a lo publicado en el Boletín Oficial. 

Según pudo saber La Tecla, la salida del funcionario (hijo de José Requejo, estrecho colaborador de Daniel Angelici, presidente de Boca Juniors) se propició a partir de las deudas que IOMA contrajo con proveedores y médicos, que pusieron en jaque la prestación de la obra social a sus afiliados durante un par de meses. 

“Alejandro se cansó de los desmanejos de IOMA, esa es la verdad. Aguantó un par de meses más después de la salida de D’Abate y dijo basta”, señaló a este medio un exfuncionario de la gestión anterior del organismo. 

Lo cierto es que Requejo es uno de los apuntados por el Sindicato Unico de Profesionales, Trabajadores y Técnicos del IOMA (SUPTTIOMA) de haber autorizado maniobras irregulares con el dinero de los bonaerenses.

La denuncia del gremio recae, además, sobre los hombros del extitular de la dependencia, Carlos D’Abate, a quien responsabilizan de violar la normativa vigente al depositar en una cuenta de bienes raíces del Banco Provincia parte del Presupuesto asignado de la obra social, por unos 1.000 millones de pesos, lo que habría generado un interés diario de 1.600.000 pesos.

“Al parecer, esa maniobra se realizó durante tres meses, generando unos 48 millones de pesos mensuales, de los que nada se sabe de su destino”, dijo Alejandro Chavero, vicepresidente del gremio.

Desde el directorio que conducía D’Abate, no obstante, negaron ante este medio que esa operatoria resulte ilegal. “Lo que hizo la comisión directiva fue invertir la acreencia de la caja de IOMA en el Banco Provincia para generar mayores ingresos para la obra so-cial. Llegó fin de año y teníamos tres mil millones de pesos extra, y no teníamos deudas con los proveedores. Estaba todo al día”, señaló la fuente.

Pero, ¿por qué el fondo de inversión duró sólo tres meses?  “La Provincia se enteró que teníamos dinero de más y decidió extraerlo para gastarlo en otra cosa”, respondió un exdirector de IOMA en estricto off the record. Es decir que la Gobernación, en lugar de utilizar los recursos extra para mejorar el servicio de la obra social, los extrajo y giró hacia otro destino, que se desconoce por completo. 

Tras desatarse el escándalo, D’Abate pidió la renuncia, en diciembre de 2017. “Se dedicaba a tapar baches, no prevenía los problemas”, explicaron desde el gobierno sobre el funcionario en cuestión. En aquel entonces fue reemplazado por Pablo di Liscia, quien se desempeñaba como subsecretario de Higiene Urbana del Gobierno porteño, que conduce Horacio Rodríguez Larreta. 

Seis meses más tarde llegó la dimisión de Requejo, que, según la versión oficial, fue por “motivos personales”. 

Desde la actual conducción de la obra social evitaron manifestarse sobre las denuncias de SUPTTIOMA, argumentando que “no son oficiales”. 

Por ahora, Di Liscia tampoco mostró intenciones de ordenar una auditoría de las cuentas del organismo, que desde hace una década están bajo un manto de sospechas. Mientras tanto, la vicepresidencia sigue vacante.