Sebastián Lacunza

La vida de Luis Arédez, médico pediatra y militante de la tradicional Unión Cívica Radical (centro), y Carlos Pedro Blaquier, dueño de uno de los apellidos icónicos del poder económico de Argentina, se cruzó en la provincia de Jujuy, extremo norte del país, entre las décadas de 1950 a 1970. Arédez fue desaparecido el 13 de mayo de 1977, tras acercarse a la izquierda peronista y ser elegido intendente (alcalde) de la ciudad de Libertador General San Martín, sede del ingenio azucarero Ledesma. Blaquier murió este lunes, a los 95 años, luego de eludir por décadas, gracias a la dilación de los tribunales, acusaciones por crímenes de lesa humanidad.

Las reacciones que despertó el fallecimiento de Blaquier ilustran lo que significó el magnate en la historia reciente argentina. Unas 150 esquelas en su honor fueron publicadas al día siguiente de su fallecimiento en la edición papel del conservador diario La Nación, a la vieja usanza. Entre quienes brindaron su homenaje, aparecen las firmas de grandes terratenientes que transitan la vida económica argentina desde el siglo XIX (Martínez de Hoz, Bosch, Álzaga, Quintana; Blaquier es otro de ellos) y emblemas de emporios industriales y contratistas del Estado del siglo XX y XXI (Rocca, Bulgheroni, Werthein, Bagó, Roemmers, Pagani). Se sumaron estudios jurídicos, universidades privadas, periodistas, economistas y exfuncionarios de la última dictadura (1976-1983) y de distintos gobiernos conservadores. El alcalde de Buenos Aires y uno de los principales candidatos para las elecciones presidenciales de este año, Horacio Rodríguez Larreta (Juntos por el Cambio), despidió “a Carlos Pedro con mucho cariño”.

La síntesis del pesar por Blaquier quedó expresada en las condolencias transmitidas en redes sociales por Mauricio Macri, quien congrega la doble faceta de expresidente (2015-2019) y accionista de firmas que conformaron la “patria contratista”. El exmandatario conservador expresó su “cariño” por uno de los “empresarios más importantes del país” y “uno de los grandes referentes de la agroindustria”.

“Queda claro quién sigue escribiendo la historia”, dijo a elDiario.es Ricardo Arédez, hijo del médico desaparecido.

Militantes por los derechos humanos y víctimas de la dictadura se ocuparon de llenar los silencios de quienes homenajearon a Blaquier. “Impunidad” fue la palabra común. Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos de la Nación e hijo de desaparecidos, expresó: “La muerte del dueño de lngenio Ledesma deja nuevamente en evidencia la responsabilidad del Poder Judicial en las graves demoras que impidieron que el empresario fuera juzgado por crímenes de lesa humanidad”.

El peso de un apellido

La atención en la figura de Blaquier radica en dos aspectos centrales. Por un lado, las características peculiares de las desapariciones en las que estuvo supuestamente involucrado. Por el otro, el empresario fallecido fue el más emblemático de la denominada “pata civil” que pasó por el banquillo por crímenes de lesa humanidad aunque, finalmente, logró eludir un juicio.

Entre el 20 y el 27 de julio de 1976, a tres meses del golpe que entronó al general Jorge Rafael Videla, las localidades de Libertador General San Martín y de Calilegua vivieron lo que luego se conocería como la Noche del Apagón. Eran semanas en que las desapariciones arreciaban en toda la Argentina.

Adriana Arédez, hija del médico desaparecido Luis Arédez y de la odontóloga y Madre de Plaza de Mayo de Libertador General San Martín Olga Márquez

Durante varias noches a oscuras, las fuerzas represivas recorrieron casa por casa y secuestraron a cientos de personas en ambas ciudades hermanas de Jujuy, cuya fuerza laboral privada dependía casi exclusivamente del Ingenio Ledesma. Los traslados de las víctimas fueron realizados en vehículos de la empresa. Ledesma era entonces y es hoy la productora dominante de azúcar y una de las principales de papel en la Argentina.

Luis Arédez había llegado a Libertador en 1958 para atender a las familias de los trabajadores del Ingenio. El pediatra se encontró con los estragos que provocaba el trabajo infantil en la zafra azucarera y comenzó a reclamar por la vida de los niños y los derechos sanitarios de los trabajadores. De inmediato, entró en conflicto con el emporio azucarero en el que comenzaba a pisar fuerte Blaquier, tras casarse con una de las herederas de la familia que había hecho crecer el ingenio desde principios de siglo. A los pocos años, luego de la muerte de su suegro, el yerno ilustre asumiría plenos poderes.

El médico continuó trabajando en el hospital público y en el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma. En 1973, al final de otra de las dictaduras militares argentinas, Arédez fue elegido alcalde de Libertador General San Martín. Juan Domingo Perón regresaba a la Argentina tras dieciocho años de exilio y el peronismo se dividía en extremos de izquierda y derecha. La UCR, el partido de Arédez, también albergaba corrientes opuestas, aunque más moderadas, por lo que no era ilógico que un médico con su trayectoria representara al peronista Frente Justicialista de Liberación.

Si como pediatra, Arédez resultó molesto para Ledesma, más lo fue cuando, no bien asumió la alcaldía, le reclamó una deuda impositiva millonaria. Con el pasar de los meses y la muerte de Perón en 1974, la división del peronismo pasó a las armas. Arédez fue blanco de la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A), una organización parapolicial que escenificó la antesala del terrorismo de Estado a gran escala. El médico pudo permanecer solo un año en el cargo de alcalde.  

En la noche del golpe militar, el 24 de marzo de 1976, Arédez fue detenido en un retén y trasladado en una camioneta de la empresa Ledesma. La dictadura del general Jorge Rafael Videla lo mantuvo preso durante un año, hasta que cedió a la petición de los jefes históricos de la UCR y lo liberó, contó Ricardo Arédez. El pediatra se reintegró al trabajo de inmediato. Dos meses después, el 13 de mayo de 1977, a la salida del hospital municipal de Fraile Pintado, una localidad cercana, fue desaparecido definitivamente.

Una Madre de Plaza de Mayo marcha en soledad

La esposa del médico, Olga Márquez, y sus cuatro hijos quedaron viviendo en una ciudad aterrorizada. Las desapariciones en Buenos Aires, Rosario, La Plata, Mar del Plata y Córdoba tuvieron como víctimas a familias de trabajadores y de clase media, con vínculos sociales, políticos y culturales que les permitieron empezar a tejer el reclamo y la resistencia que daría lugar a las Madres de Plaza de Mayo y a decenas de agrupaciones de derechos humanos. En el norte limítrofe con Bolivia y Paraguay, la situación fue distinta.

Gran parte de los desaparecidos en las provincias de Tucumán, La Rioja, Santiago del Estero, Catamarca, Jujuy y Salta fueron jóvenes de familias rurales, muy humildes. El trotskista Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) había hecho pie en pueblos de Tucumán. Antes incluso del golpe de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas lanzaron una cacería denominada Operativo Independencia, que diezmó a San Miguel de Tucumán, la capital provincial que atrae a estudiantes de las provincias y países aledaños. Sobre todo, la represión penetró en pequeñas localidades rurales.

En los últimos años de la dictadura y los primeros de la democracia, las rondas de las Madres de Plaza de Mayo de las tres y media de los jueves se poblaban cada vez más. En la plaza de Libertador General San Martín, una mujer, la viuda de Arédez, cubría su cabeza con un pañuelo blanco, portaba un cartel con el rostro de su esposo y, si no encontraba compañía, marchaba sola.  

Al movimiento de derechos humanos de Calilegua y Libertador le tomó tiempo cobrar impulso. A Olga la acompañaba Sixta Tejerina, otra Madre de Plaza de Mayo que murió tempranamente en los años 80. Ricardo Arédez narró que el poder omnímodo de Ledesma se dedicó, desde la Noche del Apagón, a coercer a sus trabajadores para que sus familiares no participaran de las protestas.

Carlos Pedro Blaquier, a la salida de un edificio judicial en Buenos Aires, donde declaró por videoconferencia en una causa radicada en Jujuy, el 8 de agosto de 2012 Infojus

El recuento de los desaparecidos en la zona fue trabajoso. Recién a partir del Gobierno del peronista de centroizquierda de Néstor Kirchner (2003-2007), el Estado comenzó a reconstruir las consecuencias del terrorismo de Estado en las inmediaciones del ingenio Ledesma y a señalizar los campos de concentración. La gran mayoría de los cientos de secuestrados durante la Noche del Apagón fueron liberados al poco tiempo o legalizados en cárceles. Entre ambas localidades suman 32 desaparecidos, considerando las víctimas de aquellas noches y estudiantes y trabajadores que fueron secuestrados en la capital de Tucumán, dijo Ricardo Arédez.    

Olga, odontóloga de profesión, marchaba contra una empresa poderosa con vínculos con todo el poder político y judicial del norte argentino, pero también contra un apellido venerado por el establishment de Buenos Aires.

Un expediente duerme en cajones de tribunales

El casamiento entre Blaquier y Nelly Arrieta en 1952 redundó en beneficios para ambas partes. El abogado Blaquier accedió a manejar el principal ingenio azucarero de la Argentina, un imperio económico. La empresa Ledesma, desarrollada por un empresario alemán que derivó en herederos de origen francés y vasco, logró el pasaporte para ingresar a la elite de los apellidos argentinos. Arrieta —fallecida en 2020— se transformaría en una de las principales coleccionistas de arte de América Latina.  

En 2012, el juez federal Fernando Poviña llamó a Blaquier a prestar declaración indagatoria y lo procesó por las desapariciones de La Noche del Apagón y la de otras víctimas, entre ellos Arédez. La Cámara Federal de la provincia de Salta (instancia de apelación) confirmó el procesamiento del entonces presidente del directorio de Ledesma y de Alberto Lemos, ejecutivo del ingenio durante la dictadura, pero en 2015, tras demorar tres años la decisión, la Cámara Federal de Casación decretó la falta de mérito de ambos. Los jueces consideraron que los directivos pudieron no estar al tanto de que decenas de vehículos de la empresa fueron utilizados para trasladar a cientos de secuestrados, en especial, aquellos trabajadores con alguna militancia sindical.

Llegó el turno de la Corte Suprema de Justicia, en coincidencia con la ascenso de Macri a la Casa Rosada. El máximo tribunal estudió el expediente durante seis años y decidió que Blaquier y Lemos debían afrontar el juicio oral. A la hora de la verdad, la defensa de Blaquier adujo, con éxito, que el empresario padecía demencia senil y no podía enfrentarse a la acusación.

La pata civil, ausente  

Si bien los juicios por crímenes de lesa humanidad lograron importantes avances en la Argentina, el papel de empresarios y ejecutivos que fueron artífices de la represión quedó en gran medida en las sombras.

Hacia diciembre pasado, 3.640 personas habían sido investigadas por su supuesta participación en la represión de la dictadura. De ellas, 1.117 fueron condenadas desde 2004, cuando se reanudaron los juicios tras la derogación de las leyes de impunidad. Cerca de quinientas permanecían procesadas y 1023 fallecieron antes de escuchar la sentencia. Todavía hay más de quinientos presuntos represores bajo investigación, según la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad.

Cerca del 90% de los investigados son militares y miembros de las fuerzas de seguridad que participaron en secuestros, torturas y asesinatos. De los civiles, la mayoría no pertenecía formalmente a las Fuerzas Armadas o la Policía o la Secretaría de Inteligencia pero tenía un vínculo económico ilegal u otra función estatal y se dedicaba a la represión, pero muy pocos son responsables empresariales que señalaron a sus víctimas y colaboraron en la desaparición de personas. Los juicios en ese terreno son pocos y avanzan muy lentamente.

Dos gerentes de Ford Argentina fueron condenados —dentro de esa empresa funcionó un centro clandestino de detención—, y directivos de Mercedes Benz y de la gigantesca metalúrgica Acindar fueron procesados y algunos de ellos permanecen en prisión. Otras causas, como la emblemática Papel Prensa, que involucra a directivos de los diarios Clarín y La Nación, fueron enterradas por los tribunales federales, tras múltiples turbiedades.

Blaquier murió con honores del mundo empresarial argentino y de los máximos referentes de la fuerza política con mayores posibilidades de ganar la presidencia en las elecciones de octubre o la segunda vuelta de noviembre. Algunos medios de gran difusión retrataron la ceremonia de despedida en sus páginas sociales y con recuerdos de color sobre sus mansiones y colecciones de arte.

Olga Márquez de Arédez murió de cáncer de pulmón en San Miguel de Tucumán, el 17 de marzo de 2005. Allí viven dos de sus hijos, Olga y Luis. Adriana, otra hija, reside en un pueblo de la Quebrada de Humahuaca, Jujuy, y Ricardo se radicó en Buenos Aires. Los cuatro continúan con la lucha por memoria, verdad y justicia.