Tal como resulta de público y notorio conocimiento, el aumento exponencial de los contagios de la enfermedad de COVID-19, y a pesar de la dinámica que está pandemia nos somete al cambiar constantemente los protocolos, el Bloque Nacional expuso la lamentable situación que afrontan los trabajadores cuyas empresas empleadoras incumplen y violan la ley y nuestra Constitución Nacional al no otorgar las licencias correspondientes ante los contactos estrechos de COVID-19, incurriendo así en la comisión de los delitos tipificados en el Código Penal Argentino al incumplir con la obligación del DNU 867/2019, poniendo en riesgo de manera directa al grupo familiar y compañeros de trabajo, e indirecta, al resto de la ciudadanía en ocasión de su traslado mediante transporte público de pasajeros.

Otro punto que preocupa en sobremanera es la negativa de tareas a los trabajadores qué no se encuentran vacunados, o no completaron el calendario de vacunación, siendo qué la inoculación no es compulsiva, ni obligatoria, ocasionando descuentos en los salarios, y en un muy corto plazo la amenaza de la extinción del contrato de trabajo y pérdidas de fuentes de trabajo de los no vacunados. Inclusive, algunas empresas obligan a sus empleados a realizarse pruebas diarias de “PCR” a costo de los trabajadores para ingresar a sus respectivos puestos de trabajo.

La grave denuncia del Bloque Nacional deja de manifiesto la precariedad y el riesgo inminente de despidos masivos por causas injustificadas como abandono de tareas o descuentos y pérdida de haberes, sumado a la extinción de la prohibición de despido y la  supresión gradual de la doble indemnización,  al mismo tiempo que precariza aún más a los trabajadores el cese de la prórroga que situaba al COVID-19 como una enfermedad de carácter profesional, dejando de ser cubiertas por las ART, hecho que dejó la asistencia sanitaria en cabeza de O.S.P.S.I.P.,  obra social de la actividad, la cual luego de muchos años de desmanejos, saqueos, abandono de personas, se encuentra intervenida mediante decreto presidencial, sobrecargando a dicha institución en prestaciones, internaciones, testeos, entrega de medicamentos, etc.

Tal como ha venido denunciando el armado de unidad de Requelme y López durante toda la pandemia, las empresas de seguridad no han entregado de manera correcta, eficaz, y en las cantidades adecuadas los elementos de protección personal contra el COVID-19, e inclusive las mismas hoy se encuentran minimizadas, relajadas y/o totalmente nulas.

Por todo lo expuesto, el Bloque Nacional solicitó de forma inmediata y urgente la intervención de los distintos ministerios competentes a los efectos de garantizar los derechos individuales y colectivos de los trabajadores de seguridad privada, garantizando la continuidad y estabilidad laboral, el respeto garantizado en los protocolos sobre el aislamiento preventivo correspondiente, recomendando la continuidad de la prohibición de los despidos y su consecuente agravamiento indemnizatorio, así como la inclusión de la actividad como enfermedad cubierta por las aseguradoras de riesgos de trabajo  y que las empresas otorguen, recambien y sustituyan los elementos de protección personal a efectos de prevenir los contagios.