El Ministerio de Trabajo de Entre Ríos, a través de la división Policía del Trabajo, detectó trabajadores no registrados en la firma Geller Abogados, ubicada en calle Córdoba 231 de la ciudad de Paraná. El informe preliminar al que pudo acceder UNO arrojó como resultado que “de los 113 trabajadores tres se encontraban sin registrar al momento de la inspección”. Según trascendió de fuentes oficiales la cantidad de empleados sería mayor, llegando a 170 durante los tres turnos de trabajo.

El operativo estatal que se realizó el 7 y el 9 de abril pudo determinar que los teleoperadores perciben ingresos que oscilan entre 3.300 y 3.800 pesos. Para los supervisores, cuya carga horaria es de ocho horas, la remuneración va de 6.200 a 6.500 pesos, según cada caso.

Una vez completado el procedimiento, en las actas de inspección se procedió a intimar a la empresa para que en un plazo de cinco días hábiles presente una serie de documentos.

En el marco de este operativo además se corroboraron irregularidades de las normas de higiene y seguridad. En una recorrida por las instalaciones de la empresa, los inspectores pudieron comprobar que “los caminos de evacuación estaban señalizados en forma incorrecta, los tableros electrónicos no contaban con señalización, y algunos de ellos no tenían contratapa para evitar el contacto directo con los cableados”. En el acta se agrega que “las sillas poseen respaldos rígidos, sin apoyabrazos ni apoyapiés; falta un sector para descanso y recreación para el personal, resguardado de las condiciones climáticas”.

Por todas estas anomalías se intimó a las autoridades del estudio jurídico a cumplir con un conjunto de requisitos en el término de siete días hábiles. Entre varias pautas, se les exige “acreditar estudios ergonómicos para la totalidad de los trabajadores, reemplazar las sillas actuales por sillas ergonómicas; designar un sector para el personal en su momento de descanso; acreditar medición de iluminación y sus correcciones en caso de ser necesario y un plan de evacuación ante emergencias”.

En boca de todos

En la propiedad céntrica, ubicada a tan solo dos cuadras de Casa de Gobierno, y casi a la misma distancia del Ministerio de Trabajo, pasaron del anonimato a estar en boca de todos. Detrás de la coqueta fachada que da hacia calle Córdoba -casi Cervantes- se esconde un submundo repleto de irregularidades, con condiciones laborales sujetas a las decisiones del empleador, mientras en voz baja los empleados dejan entrever situaciones de maltrato, hostigamiento y de exigencia desmedida. En su interior funciona desde hace varios años un call center, cuya estructura se asemeja a la de un cyber, pero que a diferencia de ese emprendimiento no ofrece la prestación de un servicio ni comercializa un producto. Sus empleados deben cobrar deudas a un paquete de morosos que previamente le asigna la sociedad que dirige el negocio. En dos plantas se distribuyen los boxes que ocupan 170 empleados, que generalmente por una necesidad económica aceptan condiciones que muchas veces atentan contra su dignidad.

En primera persona

Los trabajadores del call center emplazado en pleno centro de la capital provincial, se encontraron el lunes cuando llegaron a su trabajo con una visita inesperada: personal de la Policía del Trabajo, una división dependiente del Ministerio de Trabajo, llevaba adelante una inspección en las oficinas, mientras afuera el aguacero se hacía sentir con fuerza.

Se trataba de la primera reacción ante la divulgación periodística de este medio denunciando las precarias condiciones de trabajo. Durante varias horas recabaron diferente tipo de información referida a la situación laboral, en medio de un clima tenso en el que por un lado, predominaba el miedo de los empleados, y por el otro tenía a la patronal supervisando cada movimiento con miradas inquisidoras. La operatoria que se repitió el miércoles tenía como objetivo indagar acerca de diferentes aspectos, principalmente si se cumplían los requisitos previstos para un trabajador registrado.

Casi en forma simultánea a la intervención estatal una decena de empleados y exempleados del emprendimiento privado se animaron a contar -a través de este matutino- su experiencia. Dieron su testimonio con la única condición de mantener en reserva su identidad, salvo una exempleada que no puso reparos en dar sus datos personales para contar su historia.

Desde el anonimato, una de las teleoperadoras aseguró que no eligió trabajar en ese entorno y si bien reniega de ese vínculo, esa posibilidad representa su única fuente de ingreso para mantener a su familia. Contó que en las dos plantas del estudio disponen de seis baños para más de 100 personas. Se les prohíbe utilizar el celular, descansar la vista y el oído, y a la lista de restricciones se suman la imposibilidad de estirar las piernas o hablar con los compañeros. La jornada laboral de cinco horas se vuelve tediosa, interminable y hasta pareciera que se extiende mucho más cuando los cinco sentidos son utilizados al máximo. Ese cóctel lleno de riesgos para la salud se completa con una disposición increíble: los superiores permiten un descanso de solo 10 minutos en las cinco horas de trabajo.

A diferencia de otras actividades, donde luego de un período de prueba el trabajador accede a la planta permanente, en el call center paranaense son otras las reglas del juego. Si bien la modalidad resulta variable, cada tres meses se les renueva el contrato, salvo que la patronal decida lo contrario. “Los contratos que te hacen son a antojo del empleador. Hay empleados que hace más de cinco años que están con contratos cuyas renovación es cada tres, cuatro o seis meses, según como a ellos se les ocurra”, denunció la mujer.

Es la cara visible de la precarización laboral, sujeta a los mandatos de empresarios inescrupulosos que no tienen reparos en lograr un mayor rédito económico poniendo en riesgo la integridad psíquica y física de sus empleados. La mujer lo escupe a través de palabras, aunque todavía no puede asimilar el trato que reciben. “Hay una cocina chiquita en cada planta, con un solo dispenser, por lo cual es imposible que el agua salga fría o caliente cuando somos 50 tratando de cargar una botellita de agua o un termo para el mate”, detalló. A cada trabajador que accede al puesto se le asigna un objetivo mensual, que consiste en cobrar deudas a casi a la totalidad de la cartera de morosos. El personal de menor antigüedad se encuentra de entrada con un paquete de entre 200 y 300 casos, con deudas que rondan los 30.000 pesos. No siempre esa exigencia se ve reflejada en el sueldo a fin de mes.

El salario es dispar atento a que cada trabajador puede incrementar ese monto de acuerdo a la productividad, que luego se traduce en comisiones. “El sueldo es diferente; hay algunos que ganan 3.700 pesos, otros 3.400 pesos, 2.300 pesos y 1.000 pesos más comisiones por contacto”, sintetiza la mujer de manera elocuente.

Vigilados y castigados

Dejó de lado el temor para descubrir el velo del estudio de abogados. Marcela Acosta, de 27 años, ya hace varios años que no trabaja en ese lugar. A la distancia vuelve a recordar esa experiencia que le dejó una marca imborrable y problemas de salud que hasta hoy acarrea. “En 2007 fallece mi vieja y quedamos a cargo de mi abuela, mi hermano y yo. Estudiaba Ciencias de la Educación y para no generar un gasto mayor dejé un currículum en el estudio Geller. A los cuatro días me llamaron, sin tener experiencia laboral. Nos explicaron que el trabajo era tomar una cartera que ellos te daban para una determinada entidad crediticia”, narra la protagonista de una historia que se replica en cientos de trabajadores.

Empezó su camino en la empresa en la Unidad Especial, un sector al que muchos aspiraban porque allí se obtenían las comisiones más altas, aunque con el tiempo se dio cuenta que allí empezaría su capítulo más complicado dentro de la empresa. Y dio algunos ejemplos para graficar las presiones que padecían a diario. “Era increíble el hostigamiento, pretendían que fuéramos robots, que no habláramos entre nosotros. Ni un mínimo descanso entre llamada y llamada”, expresó la muchacha, sin poder explicarse porque soportó esas condiciones durante tanto tiempo. El nivel de control era tan extremo, que todas las acciones y movimientos, no solamente eran seguidas de cerca por un supervisor, sino que además con cámaras estratégicamente ubicadas se los vigilaba tiempo completo.

La muchacha hizo notar que no siempre se recurría a buenos términos, ni a un lenguaje adecuado, para intentar “recaudar” una determinada cantidad de dinero por mes. De hecho, era la forma que empleaba una de las supervisoras para conseguir su cometido, por lo que instruían a los empleados para que en caso de no obtener resultados, el mensaje tenía que comunicarse con más firmeza.

“Era una tortura porque gritaba toda la santa mañana. Sin gritar, sin faltarle el respeto a nadie, lograba con buenos modales lo que ella no podía”, describió. Todavía reniega por el poco tiempo de esparcimiento que disponían. Para la joven que ya formó una familia en ese escaso margen solo se podía “preparar el mate, o el café, fumar el cigarrillo afuera, ir al baño, hacer todo”. Esa limitación se convirtió en el disparador para los problemas de salud que después se manifestaron con diversos síntomas. “Tenía muchísimos problemas del riñón, con infecciones urinarias y terminé recurriendo a una psicóloga. Después descubrí que era un problema fisiológico, de nacimiento: tenía el uréter más chiquito. Entonces necesitaba ir al baño”, enfatiza.

No suelen ser los únicos problemas físicos y psíquicos que se asocian con el trabajo en un call center. Los problemas auditivos, relacionados con el nivel de ruido del auricular con vincha y micrófono que lleva colocado cada teleoperador, revelan otra de las facetas más negativas. “Todas las vinchas son del mismo lado. Trataba de hacer un mes de una y un mes de otra. El volumen era alto y escuchaba al mismo tiempo las conversaciones de mis compañeros”, se sinceró finalmente la mujer que contó su historia.

Desde adentro

Empezaron su actividad comercial como un estudio chico, pero se fueron expandiendo con los años. La sociedad está conformada por los abogados Raúl Geller, Leandro Acosta y Alejandra Jacob. Actualmente tienen como clientes a los principales bancos, comercios y financieras del mercado. Reciben de las empresas o entidades financieras carteras de deudores para recuperar su dinero. De ese modo se ganaron un prestigio que hoy los tiene como uno de los estudios mejor calificados del país para el recupero crediticio, abriéndole puertas en México, Guatemala y Brasil, según indicaron fuentes ligadas a la investigación a UNO. Poseen sucursales de pago en diferentes puntos del país, aunque no funcionan como call centers, donde se abocan a la refinanciación de deudores de localidades como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. En las oficinas de la capital entrerriana el call center que funciona con una fachada de estudio jurídico se divide en un sector de administración, de sistemas y las dos plantas en las que se distribuyen los casi 200 empleados del emprendimiento.

En expansión

Si bien se trata de una actividad relativamente nueva, el sector de los teleoperadores concentra a más 60.000 empleados en Argentina. El mayor porcentaje de ese universo se encuentra en la ciudad de Córdoba, con más de 20.000 trabajadores que la convierten en la capital de los call centers. La siguen Buenos Aires, Chaco y Tucumán, en ese orden. La información fue proporcionada a UNO por el secretario general de la Asociación de Trabajadores de Call Center, Walter Franzone, el gremio que tiene sede en Córdoba y que, se estima, agrupa a la mayor cantidad de afiliados en el país. El dirigente admitió que la actividad todavía carece de un marco normativo, pero entendió que el sector no debería estar regulado por una ley, sino que ese lugar le corresponde a las organizaciones gremiales.