Desde que inspectores de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad provincial encontraran $153.700 repartidos en 36 sobres sobre un escritorio de la Departamental La Plata el 1° de abril del año pasado, la Causa de los Sobres es, para los altos mandos de la fuerza, una bomba a punto de estallar.

Mientras los auditores de la Policía intentan determinar si parte de ese dinero, de origen presuntamente ilegal, estaba destinado a la cúpula de la Bonaerense, el fiscal Marcelo Martini, a cargo de la investigación penal, solicitará por estos días la elevación a juicio del caso.

En paralelo, avanza otra causa penal que involucra a altos jefes policiales. El más comprometido es el superintendente de la región Capital, Fernando Grasso, en quien recae la denuncia elevada por el Sindicato Policial Buenos Aires (Sipoba), que conduce Nicolás Masi, por presunto encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Se trata de una ampliación de la acusación presentada desde el Sipoba hace un año por la Causa de los Sobres, que también fue girada a la Dirección de Asuntos Internos.

Esa denuncia ha tenido un largo recorrido judicial: recayó en la Justicia Federal, pasó por un tribunal de Quilmes y llegó hasta el Juzgado de Garantías nº 5 de La Plata, a cargo de Juan Pablo Masi.

Será este magistrado quien en las próximas horas determine la competencia de la causa: es decir, si se unifican ambos expedientes o si se trabaja como una investigación paralela. Todo indica que Masi se expedirá por la segunda opción.

Según fuentes judiciales, una vez definido esto, el juez estudiará avanzar con la eventual imputación de Grasso. 

La acusación

“La responsabilidad objetiva del comisario general Grasso es indiscutida y entendemos que, por su función, no podía desconocer en forma alguna lo que sucedía a metros de su despacho”, sostiene el escrito al que tuvo acceso Hoy, y que hace referencia a la proximidad física de las oficinas del superintendente con las del exjefe de la Departamental La Plata, Darío Camerini, en el edificio de 12 entre 60 y 61.

Para el Sindicato Policial, “tan solo por su presencia permanente en el lugar de los hechos, se debió remover a Grasso, para garantizar transparencia en la investigación de tan vergonzosa irregularidad, como en la preservación de pruebas, donde está en juego ni más ni menos que el prestigio de la institución policial”.  

Según se inscribe en la denuncia, el comisario general “tiene como función principal controlar la actuación del jefe departamental, como a sus subordinados” y “por la cercanía de su oficina con el despacho donde se realizaba la acumulación de dinero recaudado ilegalmente, tendría la misma responsabilidad administrativa y penal que se le endilga al comisario mayor Camerini”.

Cabe recordar que el día en que se incautaron los sobres, el superintendente estaba presente en la sede policial. 

Grasso está imputado en la causa por el delito de “responsabilidad objetiva”, cuestionado por no haber mostrado sorpresa ante la aparición de los sobres y no haber abierto una investigación paralela sobre la recaudación ilegal.

Apartamiento

Desde el Sipoba entienden que el superintendente de la región Capital debió haber sido apartado preventivamente de sus funciones, y así lo expresan en el escrito que analiza el juez Masi. “La permanencia en funciones del citado favorece la impunidad, el desvío y la eliminación de huellas y elementos de compromiso, con la finalidad de mantener el statu quo delictivo”, consideran.

También entienden que, “cuando se determina la responsabilidad del comisario mayor Camerini, los denunciados debieron ordenar la investigación al comisario general Grasso, junto al jefe departamental, ya que su función era controlarlo”.