"Ahora un juez dice que Uber no es un delito penal. Esto indica que se establece una competencia desleal con trabajadores y vehículos que no están reglamentados. Además, esto tiende a terminar con una actividad que nosotros hacemos y que sí está regulada", dijo.

Y añadió que "con esta decisión se le está dando identidad al transporte ilegal con una aplicación que perjudica tanto a los taxis como a los remises, sobre todo en un momento donde tenemos una baja muy grande en la cantidad de viajes y un incremento constante en los insumos y el mantenimiento de los vehículos".

Cabe recordar que el fallo sostiene que quienes conducen vehículos para Uber desarrollan, en ese contexto, una actividad comercial lícita, y en todo caso podrían existir faltas administrativas o infracciones de tránsito.

El propio Zelaya se adhirió al dictamen del fiscal Jorge Ballestrero y desestimó por "inexistencia de delito" la denuncia que la gremial de los taxistas formuló contra 33 conductores de Uber por los presuntos delitos de "entorpecimiento del transporte, desobediencia, competencia desleal, instigación a cometer delitos y asociación ilícita".

Al respecto, Zelaya expresó que "no parece lógico que la intención de los acusados esté o haya estado orientada a entorpecer el transporte al que pretenden sumar sus servicios".

"Más allá de la conflictividad que, sobre todo mediáticamente, ha desatado la aparición de Uber, lo concreto, lo real, es que, no se observa que en la vida cotidiana de los porteños se haya visto alterada la regularidad y eficiencia del servicio público de transporte individual de pasajeros ni cualquier otro, por cierto", concluyó el juez.