Desde que se declaró el aislamiento social, preventivo y obligatorio y se suspendieron las clases presenciales para aplanar la curva de propagación del Covid-19, la entrega de alimentos en las escuelas porteñas generó numerosos reclamos. Por la calidad y cantidad, por los requerimientos administrativos a las familias para poder acceder a la comida, por la exposición que implica movilizar tanta gente hacia las escuelas en medio de la pandemia, y el pago de sobreprecios por la mercadería. Por eso, en los próximos días entrará a la Legislatura porteña un proyecto de ley del Frente de Todos (FdT) para reemplazar los bolsones con alimentos que reparte el Gobierno de la Ciudad por una transferencia directa a las familias a través de una tarjeta, similar a la tarjeta alimentaria que utiliza el Plan Argentina contra el Hambre.

El proyecto, que el bloque del FdT está terminando de ajustar, dispone suspender, mientras continúen sin dictarse clases en las escuelas, “todos los contratos de concesión vinculados al Programa Asistencia Alimentaria y Atención Comunitaria” que depende de la Dirección General de Servicios a las Escuelas del Ministerio de Educación e Innovación. En ese marco, plantea destinar todos los “recursos monetarios ahorrados por la suspensión" a "la constitución de un instrumento de transferencia directa dirigido a la totalidad de los beneficiarios”.

 

El proyecto base, elaborado por los legisladores Matías Barroetaveña y Santiago Roberto, establece como mecanismo de transferencia monetaria una tarjeta magnética a través de la cual se realizará una “bonificación única cada diez días hábiles”, que es el plazo que cubre actualmente la llamada “canasta nutritiva” que reparte el gobierno porteño cada quince días. Dicha tarjeta permitiría “adquirir únicamente alimentos perecederos y no perecederos que cubran necesidades alimentarias esenciales, debiendo quedar taxativamente excluidos productos que contengan alcohol, tabaco o que sean perjudiciales para la salud en general”.

En la actualidad, la canasta que se entregó a comienzo y a mitad de abril, y que se entregará nuevamente la semana próxima, se reparte a cada alumno según el tipo de ración que recibía hasta la suspensión de clases: desayuno/merienda, refrigerio o almuerzo. En los casos de jornada completa reciben todas las raciones. No obstante, acceden a la canasta sólo aquellos que hayan iniciado el trámite de la beca Alimentaria, la tengan del año anterior o que reciban desayuno o refrigerio en el establecimiento educativo.

Dada la agudización de la crisis social por la pandemia, el proyecto propone no diferenciar según el tipo de asistencia alimentaria que reciben los chicos, y, uno de los puntos que aún debaten es la universalización de la prestación, teniendo en cuenta que la realidad de muchas familias cambió de forma abrupta durante la cuarentena. Muchas no gestionaron ningún tipo de beca porque no la necesitaban, y hoy, con gran parte de las actividades laborales paralizadas se ven urgidas de algún tipo de asistencia para sostener algo tan básico como la alimentación.

Barroetaveña explicó a Página/12 que “ha habido múltiples problemas con la distrribución de alimentos". "Primero, cuando reemplazaron la comida de los comedores por viandas (un simple sandiwich) que las familias tenían que ir a buscar cada día. Después implementaron los bolsones cada quince días, con alimentos escasos y cuya calidad deja mucho que desear”, explicó el legislador.

"Aún con la mejora de evitar que la gente salga todos los días y lo haga cada quince, se generaron colas, y en la medida que crezcan los casos juntar gente va a ser cada vez más complicado. Además, si bien es difícil medir, sólo el 26 por ciento de la matrícula estaría recibiendo el almuerzo”, advirtió.

En los fundamentos del proyecto se detalla que “se ha estimado el costo mayorista de cada una de las canastas que se entregan actualmente en $ 619,31 para la canasta que incluye desayuno y almuerzo, $ 189,29 para la canasta que incluye desayuno o merienda y $212,57 para las que sólo incluyen refrigerios”. Al respecto, Barroetaveña advirtió que la propuesta redundaría en un ahorro porque “se están pagando sobreprecios de hasta el 300 por ciento, razón por la cual ya hicimos varios pedidos de informe”.

Para Eduardo López, secretario adjunto de UTE-Ctera, la transferencia tiene que “ser directa y universal” en este contexto social y de pandemia. El dirigente gremial, quien apoya la iniciativa del bloque del FdT explicó a este diario que “la primera y segunda entrega de bolsones fueron un desastre. Pero más grave aún es que entre la primera y la segunda hubo un fallo judicial por un amparo que presentamos para que el gobierno entregue elementos de protección personal para los docentes exceptuados de la cuarentena, y no lo cumplieron. La primera entrega es un error, la segunda una política”, advirtió.

Entre las contras del sistema de reparto actual, López advirtió también la desorganización logística, por la cual los productos llegan en distintos horarios y la gente pasa horas haciendo cola para retirar los bolsones. Además, la dificultad de muchas familias para acercarse a la escuela porque viven lejos, y que algunas, al llegar, descubren que no están en las listas porque le faltó algún trámite.  Para López, "una transferencia directa preserva la salud de la comunidad educativa, y a las familias les llega un apoyo directo”.