El Colegio de Odontólogos de la provincia de Santa Cruz emitió un comunicado firmado por su presidente, Luis Eceiza, donde se acusa al Gobierno de Alicia Kirchner de llevar a cabo una "intervención encubierta" mediante la firma del decreto 1246. Aseguran que "la institución perderá total autonomía quedando subordinada al estado" y lo remontan a la disputa por el aumento en los aranceles. 

El decreto, publicado en los últimos días de octubre en el Boletín Oficial, limita las atribuciones de las autoridades colegiadas. Asimismo, establece que el organismo "deberá someter al control, fiscalización y supervisión del Ministerio de Salud y Ambiente los estatutos, reformas, códigos, resoluciones y reglamentos que dicten, en cuanto incidan en el ejercicio profesional de la actividad odontológica y en la salud buco-dental de la población". 

La decisión del Gobierno se da luego de que el Colegio en mayo de este año mediante asamblea votara un incremento en los aranceles mínimos "Estos aranceles no son puestos de manera caprichosa, sino que responden a una estructura de costos a nivel nacional. Lamentablemente las obras sociales hacen oídos sordos a nuestro reclamo, que año tras año afectan más a los aranceles que ellas ofrecen para poder realizar la atención en los consultorios privados", explicaron las autoridades sobre la modificación. La modificación fue bajo pena de sancionar e incluso suspender la matrícula de quienes no adhieran. 

En tal sentido, en el cuestionado decreto el Ejecutivo santacruceño determina que los honorarios profesionales mínimos y éticos aprobados por Asamblea del Colegio "son importantes sugeridos como referencia y no deben ser interpretados como aranceles mínimos de carácter obligatorio". También establece que dichos aranceles "serán indicativos u orientativos para los contratos que celebren con pacientes que abonen de forma particular o privada, o que no posean la cobertura de una obra social prepaga".

La batalla no quedó ahí, el Colegio presentó una demanda en la justicia federal contra Caja de Servicios Sociales, OSDE y Swiss Medical solicitando una medida cautelar autosatifactiva para que se reconozca la obligatoriedad de los aranceles fijados para las obras sociales y para todos los profesionales colegiados. La justicia federal se declaró incompetente para dirimir la cuestión. 

Desde el Colegio dejaron en claro que "no es nuestra intención no trabajar con las obras sociales, ya que estamos trabajando con muchas de ellas que llegaron a los aranceles que solicitamos de manera escalonada. Por lo cual sabemos que es posible, es posible si hay voluntad y diálogo entre las partes", y hablaron del decreto como "un atropello institucional". 

Por último, los profesionales consideraron que "la inconstitucionalidad de cambiar la esencia de los artículos de una ley, y hacerla funcional a su conveniencia, es un ejemplo claro de una acción autoritaria e impune. Los actores y propulsores de este atropello podrán llevar el orgullo a su casa de haber cerrado una institución democrática".