De acuerdo a lo que estipula la ley nacional (firmada por Cristina Fernández en el marco de la Ley 26476 regularización del empleo no registrado) y en base al convenio colectivo de trabajo establecido durante el 2006 con el Ministerio a cargo de Carlos Tomada, un taxista, una persona al frente del volante, es un trabajador y debe estar registrado como cualquier otro.

En este marco el sindicato inició, luego de participar la semana pasada en un congreso nacional que agrupó a los choferes en Buenos Ai­res. “Se pondrá un plazo a los propietarios de licencias para que se acojan a la medida.

De concretarse el convenio, los choferes accederían a realizar aportes jubilatorios, contar con aseguradora de ART junto a los beneficios de un empleado.

En el recibo de sueldo se establecerá el cobro del salario mínimo vital y móvil de $1.500, aunque percibirían de bolsillo, el monto habitual, que depende del porcentaje por el total de los viajes realizados”, explicó Nelson Matus, secretario general del sindicato. De este modo los choferes deberán dejar de hacer aportes como monotributistas.

El dirigente gremial anticipó que endurecerán su reclamo ante quienes “mantienen a los trabajadores en situaciones completamente precarias”.

En provincias como Río Gallegos la medida de blanqueo fue rechazada porque destacaban que se trata de un convenio para grandes urbes donde hay propietarios con hasta 60 licencias y económicamente puede realizarse. En San Juan consideran que es viable y necesario.