Confirman condena contra una empresa embotelladora

Confirman condena contra una empresa embotelladora

La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Neuquén confirmó, por mayoría, una condena contra Embotelladora del Atlántico SA por la demanda de un consumidor, quien encontró un elemento extraño dentro de una gaseosa marca Sprite.

En el caso se impuso una condena por daño punitivo después de que quedó demostrado que el consumidor adquirió uno de los productos -elaborado por la embotelladora demandada, bebida gaseosa-, cuyo cierre había sufrido alteraciones y existían deficiencias para evitar la violación del precinto de seguridad.

Los jueces de la Sala I indicaron que por el tipo de productos de que se trata “es de absoluta operatividad la regla general de interpretación del artículo 902 del Código Civil para juzgar la conducta de la empresa”.

“Es indiscutible que un comerciante profesional debería obrar de conformidad a la prudencia y adoptando todas las previsiones que su actividad habitual indican, cumpliendo respecto de los bienes que comercializa todos los recaudos exigidos por la normativa especial”.

También destacaron que se trata de un producto alimentario de consumo masivo y que la demandada tenía pleno conocimiento acerca de la posibilidad de que la tapa y el envase del producto sean «hackeados» sin que queden signos visibles.

Para los sentenciantes, “esto determina que el elemento que debe asegurar la inviolabilidad del contenido sea altamente vulnerable, y que el mecanismo de seguridad sea claramente inseguro y, dudosamente, cumpla su finalidad”.

“Esto demuestra -si se me permite el juego de palabras- la inseguridad del dispositivo de seguridad utilizado para asegurar -en los términos de los propios técnicos de la demandada- la no violación o adulteración del contenido”, dijeron, y añadieron: “Se permite o posibilita la existencia -como en el caso que nos ocupa- de elementos extraños que podrían ser eventualmente nocivos para la salud del consumidor”; y concluyeron: “Si bien no puede hablarse de malicia ni fraude, existió una negligencia culpable demostrativa de indiferencia por los intereses ajenos que puede ser calificada de grosera. Ello así pues, al tratarse de botellas contenedoras de un líquido destinado a ser ingerido, debían extremarse los recaudos destinados a evitar defectos potencialmente nocivos para la salud de los consumidores”.

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