En una nueva e importante movida judicial del Frente de Todos, la presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Cámara de Diputados de la Provincia, Susana González, denunció penalmente al Procurador General, Julio Conte Grand, acusado de “encubrimiento” por garantizar judicialmente a funcionarios de Cambiemos que “cometieron hechos de corrupción”.

 

En una nueva avanzada contra el Procurador –que cabe señalar ya tiene una denuncia previa por otros hechos vinculados a la gestión de María Eugenia Vidal- la legisladora bonaerense pidió, además de investigar a Conte Grand, ir contra los funcionarios que fueron encubiertos por la posible comisión de delitos.

 

Allí, se mencionaron “malversación de fondos, fraude en perjuicio de la administración pública por U$S 95 millones destinados a cuatro embarcaciones que no fueron construidas”.

 

Estos hechos, según expresa la denuncia a la que tuvo acceso NuevaBA, solo se podrían haber llevado adelante “en connivencia entre quienes eran funcionarios del Poder Ejecutivo, funcionarios de la Procuración General, Agentes Fiscales”, lo que evidencia “la participación principal del Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, junto a integrantes del Ministerio Público y Procuración General”.

 

Los acusados son, además de Conte Grand, el extitular del Astillero Río Santiago, Daniel Capdevila; el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta; a los funcionarios de Procuración, Miguel de Lezica, Max Perkins y Francisco Pont Vergés y a Ricardo René López, excoordinador de Seguridad y jefe de Recursos Humanos del Astillero Río Santiago y exespía de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

 

La denuncia expresa que hubo "un plan de acción, coordinado, entre un grupo de funcionarios del Poder Ejecutivo nacional y provincial que tenía por objetivo la impunidad de funcionarios de Cambiemos, la persecución de opositores políticos, y el disciplinamiento de fiscales otorgando impunidad o proveyendo a su suspensión”.

 

Justamente, en la denuncia se expresa que hubo un entramado para perseguir judicialmente y armar causas a trabajadores del Astillero, así como también a representantes gremiales. Allí se expuso la “complicidad con agentes orgánicos, inorgánicos y propios funcionarios de Poder Ejecutivo nacional y provincial durante el gobierno de María Eugenia Vidal".

Además, las causas permitieron, según expresa la demanda, que “podrían haberse enriquecido tanto los funcionarios nacionales como provinciales e interventores y directores del Astillero Río Santiago”. Denunció, en este sentido, una parcialidad total dado que el fiscal “decidió ir por los sindicalistas de ATE y no investigar un acto de corrupción que comprometía a Cambiemos”. Todos los cañones apuntaron al fiscal Condomí Alcorta, quien es “mano derecha de Conte Grand” y que con en etapa investigativa, no avanzó contra los funcionarios y “lejos de proveer las pruebas y profundizar la investigación penal preparatoria, archivó”.

 

La denuncia, que fue realizada en el Juzgado Federal N° 1 de La Plata a cargo de Alejo Ramos Padilla, expondría una vez más “el entramado para la persecución judicial y armado de causas de opositores en complicidad con agentes orgánicos, inorgánicos y propios funcionarios de Poder Ejecutivo nacional y provincial durante el gobierno de María Eugenia Vidal” según lo expresado por González.

 

Una pericia de la Prefectura Naval mostró que hubo una relación directa entre la intervención del Astillero Río Santiago y la AFI, mediante en un contrato suscripto entre Astilleros y una sociedad off shore, con la compra de Planchas y Perfiles de Acero destinados a la construcción de 2 buques por una suma aproximada de 95 millones de dólares en 2016.

 

Esta denuncia, según expresó González, “evidencia el manejo la procuración bonaerense durante el gobierno de Cambiemos en la provincia, ya que los mismos fueron realizados en una actuación coordinada que demuestran la existencia de una planificación previa, con Procurador Julio Conte Grand, quien adecuó la estructura de la Procuración, a fin de centralizar bajo su dependencia directa todas las actuaciones disciplinarias seguidas a los fiscales de todo el escalafón”.