Se acuerda que a instancias de las partes se podrá discutir en el último trimestre de 2017 (octubre a diciembre) la pauta salarial acordada, en base a la evolución de la inflación del año así como a la evolución de la recaudación”.

Así lo establece el texto de los acuerdos paritarios que el gobierno de Alfredo Cornejo alcanzó con ATE, Ampros, UPCN, funcionarios judiciales y una decena de sectores más pequeños. Y el ministro de Gobierno, Dalmiro Garay, confirma que el Gobierno “honrará ese compromiso”.

Esta reapertura no está contemplada en los aumentos por decreto dispuestos para el SUTE, Judiciales y Casino, aunque el propio Garay deja abierta la puerta para que lo que eventualmente se defina con los gremios que acordaron a principios de año (que nuclean al 33% de los estatales) se pueda extender a los que no acordaron (el 67% restante, básicamente docentes).

“Las partes acuerdan un incremento salarial del 17% sobre la asignación de clase en dos tramos: 10% a partir de febrero y 7% a partir de julio 2017, no acumulativo”, establecieron las actas paritarias a comienzo de año. El mismo criterio (aunque en docentes, acumulativo) fijó el decreto para los sectores cuyos gremios no llegaron a entendimientos y a los que el Gobierno les fijó el aumento por decisión del Ejecutivo.

 

En los casos en los que no hubo acuerdo paritario no está previsto que nos juntemos a negociar. Los gremios que no acordaron cerraron esa posibilidad.”.

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En todos los casos los empleados públicos recibieron un 10% de suba desde febrero y hasta el próximo mes de junio. La inflación acumulada (medida por la DEIE provincial) alcanza el 9,6% a abril; a saber: 1,2% en enero; 1,6% en febrero; 3,6% en marzo y 3,2% en abril. Es decir que en cuatro meses la suba de precios ya devoró 9,6 de los 10 puntos recibidos y todavía falta considerar las subas del costo de la vida de mayo y junio. Esto significa que en el actual mes el alza de precios está alcanzando y superando al aumento salarial que se otorgó en febrero.

En julio habrá un nuevo incremento salarial de 7% que se cobrará en agosto. Pero para entonces, parte de ese 7% habrá ido a cubrir la pérdida de poder adquisitivo del salario público de los meses de mayo, junio y el mismo julio.

Con la marcha actual de la inflación (y aún con una que redujera su ritmo a la mitad), el remanente a favor del salario de ese 7% de julio será devorado entre agosto (el mes de las PASO) y setiembre.

Todo indica que se llegará a octubre (el mes de las elecciones generales) con los dos tramos de aumento salarial superados por la inflación y con un escenario inclinado hacia la reapertura de paritarias.

Para entonces habrá una nueva conducción en el SUTE, que tendrá elecciones en junio entre tres listas críticas e hipercríticas de la política salarial de Cornejo.

“ATE va a pedir que se retome en setiembre la discusión de aumento de ingresos en todas sus ramas”, confirma su secretario general Roberto Macho. Y agrega que el nivel de reclamo de setiembre dependerá de la marcha de la paritaria de convenio que hoy continúa llevando a cabo su sindicato con el gobierno provincial.

Esta negociación contempla subas de ingresos por escalafón para el personal de Salud, Desarrollo Social y Deportes en medio de pedidos de blanqueos salariales, de un nuevo régimen de licencias y de reducción de jornadas de trabajo.

“Seguramente vamos a solicitar que se retome la discusión salarial en el último trimestre porque se perfila una inflación superior al aumento”, adelanta también Claudia Iturbe de Ampros.

Tanto Ampros como ATE han sido los gremios que alcanzaron los acuerdos de mayor incidencia en la marcha de las paritarias 2017.

Y aunque Garay confirma la reapertura de la discusión salarial, muy cerca de los negociadores se muestran inicialmente duros con los eventuales resultados.

“No estamos hablando de una ‘cláusula gatillo’ estricta sino elástica”, abren el paraguas. “Por una diferencia de un solo punto lo más probable es que no revisemos nada”, hacen notar. Agregan que: “También hay que contemplar la evolución de la recaudación para respetar los acuerdos de responsabilidad fiscal de la Provincia”. Y dicen muy claramente que: “Si la negociación se reabre y la inflación supera a la recaudación, nos manejaremos con la pauta de recaudación. Ahora, si la recaudación supera a la inflación, llevaremos la pauta de inflación”. Está claro que el Gobierno apostará a lo que le genere el menor ‘costo salarial’.