En un mismo movimiento, la Corte Suprema se “desprendió”, de alguna manera, del control directo de la Obra Social del Poder Judicial, blindó a Juan Carlos Maqueda -ante la sospecha de una causa judicial amañada para apuntarle- y envió una señal de unidad a través de la firma unánime de una Acordada que cambió su estatuto. Todo a días de lo que se había sobre analizado como una situación crítica en el máximo Tribunal tras la elección de Horacio Rosatti como su nuevo titular, sin la participación de Elena Highton de Nolasco y de Ricardo Lorenzetti, que hizo pública su queja por el acuerdo extraordinario donde se definió la presidencia.

El dato central es que con la firma de todos sus miembros, la obra social que tiene 70 mil beneficiarios dentro del Poder Judicial y de los Ministerios Públicos quedó bajo la órbita de la Secretaría General de Administración, a cargo del contador Héctor Daniel Marchi.

La decisión quedó plasmada en la Acordada N°19/2021. “Hace falta solucionar esto”, fue el mensaje que cruzó la primera reunión de acuerdos luego de los chispazos del último jueves. Y luego de que hubiese una “orden de intervención” -difundida como “allanamiento” a la sede de la Obra Social que conduce Aldo Tonon por orden de la jueza María Eugenia Capuchetti.

Unanimidad

Marchi, así, cerró la “grieta” que había aparecido como resultado de las pujas por la presidencia por el período 2021-2024. Si bien es cierto que Marchi llegó a la Corte de la mano de Lorenzetti, y que Carlos Rosenkrantz había impulsado su reemplazo cuando asumió la titularidad del máximo Tribunal, el especialista en finanzas se convirtió en los últimos años de un interlocutor de todos los ministros cuando se impuso el modelo colegiado, que distribuyó el poder entre todos los miembros. Hacia el exterior de Talcahuano 550 se suele analizar este esquema de relaciones con una foto en sepia.

Los cinco coincidieron en dejar en sus manos el saneamiento de la obra social, en lo que puede ser leído como una decisión estratégica, a varios frentes: Tonon estaba identificado con Maqueda; se remarcó que el estatuto de la obra social es un “organismo con autonomía de gestión, individualidad administrativa y financiera”; y se envía una señal hacia adelante. “Comienza una nueva etapa”, resumieron fuentes en el cuarto piso del Palacio de Tribunales. ¿Podría seguirle un desprendimiento de la Dajudeco? La misión de Marchi no será menor y tendrá pleno poder para requerir información complementaria y formule observaciones. El futuro de Tonon al frente del organismo está difuso.

Marchi fue el enemigo elegido por Elisa Carrió y los “lilitos”. De hecho, el diputado Juan Manuel López está citado a una mediación el 18 de octubre por acusaciones que vertió hacia el administrador. La propia Carrió intentó interponer sus fueros cuando Marchi la demandó civilmente por acusaciones que no pudo comprobar. Ese fallo que perjudica a la exdiputada está en la Corte.

En los hechos, la Corte saca de su mochila carga para avanzar más liviano. De reojo se mira el ímpetu que puede tener (o dejar de tener) Comodoro Py, en curiosa alianza con sectores gremiales.

Si no se contara el fin de semana, solo pasaron 48 horas hábiles de lo que asomaba como un escándalo institucional sin precedentes que quebraba al tribunal. La dinámica de la Corte desorienta a los no precavidos.