Ya se encuentra en el Concejo Deliberante un proyecto para crear el ‘Banco de Tierras Fiscales’, una iniciativa que tiene como objetivo promover, administrar y planificar estos espacios para garantizar el acceso a lotes con servicios a vecinos de la Ciudad.

Se trata de una propuesta elevada por el intendente Julio Garro, quien pretende promover un sistema de administración e incorporación de tierras al patrimonio municipal, que sirva para regularizar y constituir reservas de tierras públicas para destinarlas a lotes sociales.

Los referidos loes sociales contarán con infraestructura, equipamiento y localización según el Plan Estratégico 2030, y será accesibles en relación a las capacidades de pago de los distintos sectores de la comunidad.

Consultada por la iniciativa, la Secretaria de Planeamiento Urbano de la Comuna, María Botta, remarcó: “Es un proyecto muy importante en lo que se refiere a política habitacional, teniendo en cuenta que pretende generar lotes con servicios públicos promovidos por el estado municipal, en el marco del plan estratégico 2030 y la Ley de Hábitat 14.449”.

Explicó que “el Banco de Tierras Fiscales sería una herramienta para administrar y planificar las tierras fiscales garantizando su accesibilidad a los diferentes sectores sociales”.

“El Acceso universal a la tierra es uno de los lineamientos estratégicos que argumentan el proyecto, haciendo foco en la vivienda, la infraestructura básica, los equipamientos sociales, los servicios y los espacios de trabajo y producción, en un marco de respeto de los rasgos culturales y simbólicos de la comunidad y de la preservación del ambiente”, sostuvo Botta.

La gestión de la tierra

El expediente se inscribe en un contexto de debates por las tomas de tierras y en el de la tramitación en el área de Planeamiento local de unos 30 expedientes de desarrolladores particulares que proponen la generación de unos 9.000 lotes sociales en distintos barrios de la Ciudad.

Se trata de proyectos de privados para generar lotes con servicios enmarcados en la ley provincial de hábitat Nº14.449, por la que los desarrolladores pueden demarcar lotes de menores dimensiones que los habitualmente establecidos (de un mínimo de 10 metros por 20) y fijar un precio “social” a través de un convenio con el Intendente.

Entre todos los proyectos presentados, el suelo urbano que busca desarrollarse a través de esta metodología abarcan hasta unas 300 hectáreas, por las que se proponen generar una respuesta habitacional a partir de esta norma, en los barrios de Los Hornos, Altos de San Lorenzo, Olmos, Romero y Arturo Seguí.

Si el proyecto obtiene la aprobación del cuerpo legislativo local, el Banco de Tierras Fiscales del Partido de La Pata se encargará de gestionar las tierras de dominio municipal y controlar su estado de ocupación; formular las políticas públicas, normas y procedimientos respecto de la utilización y disposición de las mismas; y modificar y adecuar a los objetivos de la Ordenanza las normas necesarias.  

Del mismo modo, intervendrá en la adquisición o enajenación de las tierras municipales; en la asignación o transferencia de su uso; en la afectación o desafectación de las mismas; en su disposición para constituir emprendimientos de interés público, destinados al desarrollo y la inclusión social; en las expropiaciones con fines sociales; y en la fiscalización y el control de aquellas asignadas al uso de organismos y entidades del Sector Público; entre otras injerencias relacionadas.

“Elaboramos el proyecto en base a un diagnóstico urbano – social que refleja una falta de tierras urbanas, la imposibilidad del acceso por parte de muchas familias; el desequilibrio en la relación oferta y demanda, el déficit habitacional y la limitada oferta de suelo urbano formal para sectores bajos y medios, lo cual fomenta la proliferación de asentamientos en zonas de baja calidad ambiental y con deficiencias en los accesos a los servicios básicos”, concluyó la funcionaria.