El fiscal de Cuarta Nominación de Río Cuarto, Daniel Miralles, archivó una denuncia de la oposición para que se investigue si, funcionarios o empleados públicos, pudieron haber cometido un delito (por acción u omisión) en relación al accionar del falso médico del COE en Río Cuarto.

Miralles consideró que Ignacio Martín (19) actuó solo, de manera planificada, aprovechándose de la situación generada por la emergencia sanitaria por Covid-19.

Martín llegó a Río Cuarto con el equipo del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), en septiembre del 2020, durante el pico de la pandemia por el Covid-19. Había ingresado al COE en mayo, como voluntario, y aseguraba que en julio se había recibido de médico. Decía tener 24 años.

Con gran habilidad para hacer hisopados, fue escalando en el COE. Pasó por todos los brotes de la Provincia. En Río Cuarto, enseguida quedó a cargo del Centro Operaciones Tácticas (COT) que coordinaba acciones y derivaciones en todo el sur provincial. Se movilizaba en una ambulancia, estuvo alojado con su novia (paramédica) en un complejo de cabañas para persona aisladas, hacía las guardias nocturnas del COE en Río Cuarto y guardias en dispensarios municipales (cobró más de 80 mil pesos al municipio). Atendió a numerosos pacientes de la ciudad, sin ser médico. Recién en diciembre, se descubrió que nunca había estudiado medicina, que había presentado documentación falsa sobre su matriculación, y que tenía apenas 19 años.

En las últimas horas, Miralles resolvió archivar la presentación de los concejales de Juntos por Río Cuarto por considerar que no hubo delito en los responsables de la administración pública. Dictaminó que Martín no tuvo cómplices ni en el municipio ni en la Provincia.

“Todo el desarrollo efectuado, avalado en las pruebas, no hacen más que concluir a este Ministerio que no existió ningún concierto ni complicidad”, concluyó el fiscal.

Descartó de plano connivencia política. Mencionó que a Martín lo descubrieron compañeros (médicos del municipio) por ciertos comentarios que denotaban su desconocimiento en la materia. Reseñó que apenas transmitieron su inquietud a la dirección de Salud, se investigó la situación y el engaño quedó al descubierto. Señaló que el secretario de Salud, Marcelo Ferrario, comunicó la novedad al ministerio de Salud de la Provincia el 21 de diciembre y desde entonces, Martín fue denunciado. La situación recién salió a la luz el 28 de enero. Desde el 4 de febrero está detenido por orden del fiscal Pablo Javega.

TODO PREMEDITADO

El titular del Ministerio Público consideró que el falso médico urdió un plan para engañar a todos y se aprovechó de que, en Pandemia, todos los documentos exigidos podían ser enviados de manera virtual.

“No cabe duda al suscripto en lo que respecta al accionar de Martín que no fue por una acción impulsiva y repentina sino más bien resultado de un plan diagramado con tiempo de anticipación. Ello así toda vez que evidenció aptitudes para inducir en error, a través del engaño, en lo que respecta a sus datos personales y profesionales, a las autoridades gubernamentales de distintos niveles”, afirma Miralles en su resolución.

También destaca: “No debe perderse de vista que Ignacio Martín aprovechó un contexto de emergencia sanitaria mundial, declarada por la OMS, para acreditarse como médico e inscribirse tributariamente (en la Afip) para lograr el cobro de sus ‘horas de trabajo’. Pero todas estas acciones las realizó de manera individual, sin que existiera complicidad de ningún tipo de parte de algún dependiente de la administración pública municipal”. “Queda claro que aprovechó un contexto de pandemia, de cambio de presentación de documentación de manera personal a virtual, lo que facilitó su rol de falsificador de los documentos que le eran exigidos para acceder al cobro de sus servicios en las guardias S24 y Edecom”, agregó.

Con todo, para el fiscal queda “descartada la existencia de un delito perseguible de oficio” y decide que “debe procederse al archivo de las presentes actuaciones”.

LA OPOSICIÓN INSISTE

Marcos Curletto, uno de los concejales denunciantes, dijo que sus asesores analizarán los fundamentos de Miralles. Pero más allá de la existencia o no de un delito, destacó que la resolución revela “el nivel de improvisación” y la “poca exigencia” de las autoridades para contratar personal médico. Remarcó que, para su bloque, “existen responsabilidades políticas por la designación de Martín, tanto en la Provincia como en el municipio”.

“Que un falso médico ingresara a los equipos de salud en un contexto de pandemia, que medicara e incluso intentara revivir pacientes que luego fallecieron. Esa responsabilidad política existe evidentemente tanto en la Provincia como en la municipalidad (…). De mínima queda claro de los dichos y contradicciones de las testimoniales que responsabilidad política existe. Y aún no se reconoce, no se asume, lo que deja aún más dudas sobre la capacidad de quien tiene que cuidar a todos”, expresó Curletto. Y agregó: “Tanto la Provincia como la municipalidad tienden a victimizarse pero no les cabe ese rol porque tienen todo el poder y las herramientas del Estado para impedir que semejante error se diera en este contexto de emergencia sanitaria”.

En Río Cuarto hay otro fiscal que investiga al llamado “médico trucho”. Se trata de Pablo Jávega, quien fue representante de la Justicia en el COE. El 26 de febrero ordenó la prisión preventiva, que luego fue confirmada por la jueza de Control. El falso médico permanece alojado en la cárcel de Río Cuarto. Está imputado como presunto autor de: “usurpación de título y ejercicio ilegal de la medicina en concurso real; uso de documento privado falso; defraudación calificada y falsedad ideológica y defraudación calificada en grado de tentativa, en concurso real”.