Con esa restitución, la administración de Mauricio Macriintentará organizar una ronda de paritarias salariales más cautelosa de lo que sugieren dirigentes que ya anticiparon pedidos de aumentos por encima del 30 por ciento en 2016. 

El encargado de transmitir la novedad fue el superintendente de Servicios de Salud, Luis Scervino, uno de los últimos funcionarios en integrar el Gabinete nacional. El fondo acumulado "debe volver al sistema de salud, a la gente que ha aportado esos recursos a través de salario diferido", dijo ayer Scervino, un técnico cuyo mero nombramiento ya significó una señal hacia el sindicalismo peronista. Era, hasta hace dos semanas, director médico de la obra social de Obras Sanitarias y especialista de confianza de José Luis Lingeri, el gremialista con mayor roce en la problemática de los recursos de esas entidades. 

Como había adelantado este diario, la idea de generar un cauce acotado de precios y salarios para 2016, a través de un acuerdo entre empresarios y sindicalistas, tendrá como estímulo para los dirigentes una mayor distribución de recursos para las obras sociales. El mecanismo, tal como anticipó ayer Scervino, será el Fondo Solidario de Redistribución (FSR), cuyo excedente administra la Superintendencia a su cargo. 

Ese fondo se creó con una porción de los aportes fiscales de las obras sociales sindicales con el objeto de reembolsarles el valor de tratamientos médicos de alta complejidad e intervenciones o medicamentos costosos, cuyo impacto podría generar el quebranto de una organización de salud gremial. Una parte del FSR constituyó cada año el presupuesto de la Superintendencia, pero el resto quedó depositado en una cuenta en el Banco Nación que creció de manera sostenida, al mismo ritmo en que se pactaron los aumentos salariales de cada organización. 

La queja de los dirigentes en los últimos años era en doble vía: por un lado, supuestas demoras o incumplimientos en el repago de los tratamientos brindados; por otro, dejar que creciera el FSR sin repartirlo, como establece la legislación vigente. "Desde 2004 a la fecha se incumplió la ley de obras sociales que prevé que todos los recursos que se obtienen anualmente al final del período deben ser distribuidos entre todos los agentes del seguro de salud", le confirmó ayer Scervino a radio América. El funcionario explicó que ese incumplimiento generó "un fondo acumulado que actualmente supera los 26 mil millones de pesos". 

Además lamentó que la anterior administración no hubiese invertido esos recursos para mantener su valor a salvo del proceso inflacionario. Scervino dijo que todavía no está resuelto de qué manera volverán esos fondos a las obras sociales, y admitió que será parte de "una negociación política" entre el Gobierno y los gremios. Pero planteó la necesidad de entregar el dinero para"obras de infraestructura, actualización de recursos y nuevas tecnologías". 

La antecesora de Scervino, la santacruceña Liliana Korenfeld, era objeto de quejas permanentes de los sindicalistas por considerarla una delegada fiel de Cristina de Kirchner que cumplía a rajatabla con la orden de restringir los envíos de fondos a las obras sociales al cumplimiento puntilloso de los trámites formales. Además, Korenfeld era impermeable a los reclamos de liberación de parte o la totalidad del FSR, una decisión que reservaba para sí la expresidente para momentos en que requería de la colaboración de los dirigentes en la discusión salarial o su alineamiento político en temporadas electorales. 

La llegada de Scervino a la SSS representa una vuelta del control de las obras sociales por parte de sus propios gestores, como sucedía antes de Korenfeld.