La Justicia en lo Comercial de Mercedes decretó la quiebra de la empresa Conosur SA, controlante de la tradicional láctea La Suipachense, luego de tres meses de parálisis total en su producción. El fallo fue emitido por el juez Leandro Julio Enríquez, tras el pedido de Julián Coronel, abogado histórico del gremio ATILRA y apoderado de Watt’s SA, una de las principales firmas acreedoras.

Con esta decisión, el empresario venezolano Jorge Luis Borges León, supuesto titular de Conosur y representante del grupo Maralac SA, perdió el control de la compañía y quedó inhibido de realizar cualquier movimiento financiero o patrimonial, además de requerir autorización judicial para salir del país.

Los trabajadores, que desde hace semanas mantenían un acampe frente a la planta, venían denunciando un vaciamiento empresarial y el incumplimiento de sus haberes. La fábrica llevaba tres meses sin actividad y sin respuestas concretas de la patronal.

Un golpe social y económico para Suipacha

La quiebra de La Suipachense representa una tragedia económica y social para Suipacha, una localidad del norte bonaerense que, según el censo del INDEC 2022, cuenta con 11.786 habitantes. La planta era el principal motor productivo del distrito y su cierre afecta de manera directa a 140 familias y, de forma indirecta, a gran parte de la economía local.

A principios de septiembre, la empresa había despedido a nueve empleados administrativos y amenazado con cesantear a otros sesenta, lo que derivó en movilizaciones y protestas tanto en Suipacha como en la vecina ciudad de Chivilcoy. “La fábrica era una fuente de trabajo vital para toda la región”, coincidieron los empleados durante las marchas.

Millonarias deudas y promesas incumplidas

El expediente judicial indica que Conosur SA adeudaba cuatro cuotas del acuerdo homologado, con un monto total impago de 293.857 dólares. A ello se suman cheques rechazados por más de 8.458 millones de pesos, además de 1.000 millones de pesos en aportes previsionales y contribuciones patronales no realizados al gremio ATILRA y su obra social.

Pese a haber sido intimada a presentar un plan de acción, la empresa no cumplió con los plazos y el documento finalmente presentado el 4 de noviembre fue rechazado por la Sindicatura y los acreedores. Coronel lo calificó como “una burla a todos los acreedores”, y el tribunal coincidió en que la propuesta carecía de viabilidad económica.

“La empresa cuya quiebra se solicita se encuentra con un cese en su producción desde hace aproximadamente tres meses, circunstancia pública y notoria que agrava la situación de los trabajadores y complica cualquier intento de reactivación”, señala el fallo.

Medidas judiciales y consecuencias

La resolución judicial ordena comunicar el decreto de quiebra al Banco Central de la República Argentina, para que lo informe a todas las entidades financieras y proveedores de servicios de pago del país, impidiendo movimientos de fondos de los responsables.

Además, el juez dispuso que Borges León entregue las llaves y claves digitales del establecimiento, y fijó el 10 de febrero de 2026 como fecha límite para que los acreedores verifiquen sus créditos. El informe general del estado de la compañía deberá presentarse el 14 de mayo del mismo año.

Un reflejo de la crisis del sector lácteo

El caso de La Suipachense no es aislado. En los últimos días, la justicia también decretó la quiebra de Alimentos Refrigerados SA (ARSA), productora de los postres, yogures y flanes de marca SanCor, donde se estima que hay otros 400 trabajadores afectados.

Ambas empresas presentan vínculos con grupos empresarios venezolanos que, según los expedientes judiciales, controlaban las operaciones de Maralac SA.

La caída de estas firmas refleja la profunda crisis del sector lácteo argentino, atravesado por deudas, importaciones crecientes, costos dolarizados y una caída sostenida del consumo interno. En localidades pequeñas como Suipacha, donde el tejido productivo depende de una sola planta industrial, cada cierre se convierte en una tragedia colectiva.