Trabajadores de los gremios estatales Sejun, ATEN capital, del sindicato ceramista y representantes de organizaciones de derechos humanos se reunieron ayer con el juez Cristian Piana, para manifestarle que la declaración indagatoria de Omar Villablanca por un corte de ruta “es parte de la criminalización de la protesta social”.

Villablanca, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Ceramistas de Neuquén (SOECN) estuvo citado ayer a una declaración indagatoria por ser el único imputado en una causa que investiga un corte de la ruta 7 en abril de 2011. “La citación de Villablanca se da justo hoy (por ayer), día de lucha de los trabajadores en la calle y que el gobierno no da respuesta”, manifestó la abogada Ivana Dal Bianco, defensora del gremialista junto a Mariano Pedrero.

El secretario general del sindicato ceramista no declaró. “Me mostraron la causa, las pruebas que tienen donde los testigos son todos policías, me negué a declarar fundamentando que es una persecución política. No podemos dejar de lado las declaraciones del gobernador Jorge Sapag y del intendente Horacio Quiroga”, manifestó Villablanca.

Los abogados defensores adelantaron que la semana próxima presentarán un pedido de nulidad de ese procedimiento porque “las actas, las fotos y filmaciones que figuran como pruebas están hechas por policías y no por testigos civiles”, expresó Dal Bianco, quien agregó: “Eso demuestra que son causas armadas”.

El fiscal que interviene en esta causa es Ignacio Di Maggio, a quien el juez Piana deberá dar vista para que determine si la eleva a juicio.

El caso de Villablanca es uno de los 1.294 trabajadores procesados por reclamos en las rutas. Durante el planteo, los representantes de organizaciones le reclamaron a Piana por la “diferencia” entre la “agilidad” en esta causa y la “dilación” en la de Fuentealba II.