Centenares de trabajadores con licencia médica o con sumarios por faltas leves fueron dados de baja sin explicaciones, mientras que otros con antecedentes graves continúan en la fuerza. Además, se avanzó con la extensión de las jornadas laborales, sin el correspondiente aumento de sueldo.

En los últimos tres meses fueron 860 los trabajadores del SPB despedidos en las unidades de toda la provincia. Los cesanteos ordenados por el subsecretario de Política Penitenciaria del Ministerio de Justicia, Juan Baric, y del coordinador de la Auditoría de Control y Gestión, Fernando Rozas, no parecen responder a un minucioso proceso de selección de los agentes con peor prontuario, sino más bien a una reducción de personal en forma aleatoria.

En diálogo con Blanco sobre Negro, Luciana Ruiz, cabo que se desempeñaba en la guardia de seguridad exterior en la Unidad N° 37 de Barker relató: “En 2012, me iniciaron un sumario por entregar un certificado médico tarde, en realidad lo había pasado pero no había gente en la oficina de persona, y después no tuve más novedades. Era una falta menor que tiene sanciones leves, pero en mi caso no pasó nada. Ahora, en abril de este año me llegó la baja en base a ese sumario”.

En la misma situación que Ruiz se encuentran cientos de agentes de toda la provincia. Ante la falta de representación gremial, la ley lo prohíbe por tratarse de una fuerza de seguridad, se encuentran totalmente desamparados y con grandes dificultades para poder organizarse y reclamar en forma colectiva.

“Hay muchísimos compañeros en la misma situación. No nos dieron ningún argumento. Fue una decisión pasada desde Jefatura a las distintas unidades. En todos estos años, con ese sumario tuve ascensos y llegue a cabo. Ahora, a los 35 años me enteró de un día de la otra que me quedé en la calle, sin ninguna razón”, expresó la agente.

“Pareciera que agarraron legajos al voleo y aquellos que tenían algún sumario, sin importar por qué, los encuadraron en el artículo 9307 por un sumario que nunca se cerró y que ahora se cierra automáticamente con la baja”, explicó la trabajadora que no recibió el pago de indemnización e incluso ni siquiera cobró el sueldo correspondiente por los días que prestó servicio en abril.

Semanas atrás, un grupo de agentes despedidos vinieron a La Plata pero no fueron recibidos por ninguna autoridad y sólo lograron mantener una reunión con dirigentes de la CTA Autónoma.

“Esto no tiene ningún sentido, porque nos dan la baja por faltas menores mientras hay gente que tiene 3 o más sumarios por cosas graves como apremios con presos, golpes o violencia familiar y siguen trabajando. Nadie miró que mi falta era por entregar tarde un certificado médico”, denunció Ruiz.

Por otra parte, los trabajadores del SPB denuncian que la jornada laboral fue aumentada de 6 a 8 horas diarias, sin un correspondiente aumento salarial. Esta medida afecta al personal que reside cerca de la unidad y que cumple un régimen diario. El resto realiza jornadas de 48 horas de trabajo por 96 horas de descanso.

Algo similar sucedió con el personal profesional (psicólogos, abogados, trabajadores sociales, entre otros) que vio aumentada su jornada laboral, que durante más de 30 años fue de 5 horas, a 8 horas diarias. La medida fue generalizada para todas las unidades penales del territorio bonaerense y generó un amplio repudio.