Otra vez un escándalo envuelve al Registro de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) que ya ha sido denunciado por maniobras defraudatorias e irregulares, en la gestión de Cambiemos, por un sistema de recaudación paralela y la explotación de trabajadores rurales. En esta oportunidad, tras la muerte por coronavirus del titular de la UATRE, Ramón Ayala, -en octubre pasado- las reglas de juego se han modificado considerablemente a punto tal que su sucesor, José Voytenco, se aumentó el sueldo un 300 por ciento (de 146 mil a 445 mil pesos).

Por otra parte, el director del Fondo de Estímulo Renatre (FER), Oscar Bernard, también ha sido congraciado con el 30 por ciento de la totalidad de la condonación surgida del indulto de deudas a empresas que no pagaban contribuciones patronales o poseían trabajadores en la informalidad. O por citar otro caso, la gerenta Administrativa Legal y Técnica de RENATRE, Érica Utrera, quedó salpicada por una denuncia tras supuestos sobresueldos camuflados de retribución que organizó bajo las órdenes del ex titular del registro, Abel Guerrieri, en el marco de una contratación directa de aproximadamente 10 millones de pesos a la empresa Bielses SA para mejorar el sistema informático del organismo.

Tanto Bernard como Utrera son sospechados, tal como lo confesó un síndico de RENATRE a REALPOLITIK, de ser parte de la reciente maniobra para favorecer al sector empleador, la cual consiste en otorgar beneficios a los patrones que tengan personal en negro sin siquiera ser fiscalizados por el organismo. Además, los empleadores son favorecidos mediante la condonación de toda la deuda que tuvieran con el ente rural, en una maniobra que busca inscribir falsamente a trabajadores sin saber si los mismos prestan tareas correctamente o mismo si existen o están vivos. 

Esta herramienta ilegal que los propios gremialistas la denominan “de oficio” es una dibujada resolución expuesta en el siguiente artículo: “Determinar inscripto/s de forma oficiosa y con el carácter de provisorio, durante la vigencia del presente plan nacional de Regularización Registral a los empleadores y trabajadores que resulten sindicados como NO registrados ante RENATRE…”.

Evidentemente, el poder enquistado en las órbitas ruralistas, con la connivencia de la complicidad judicial, provoca que las denuncias previas con investigaciones en la Oficina Anticorrupcion -incluida causas penales- no solamente queden archivadas sino que los mismos apuntados sigan recaudando importantes sumas de dinero mediante cajas negras y desde el estado les otorgan beneficios para seguir explotando a los trabajadores del campo.