Un paro convocado por la oposición interna en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) por reclamos salariales amenaza hoy con complicar parcialmente el funcionamiento de líneas de colectivos en el área metropolitana y en varias provincias, incluso en los servicios de larga distancia, y con ampliar un frente de conflicto al Gobierno nacional en un sector estratégico del transporte público de pasajeros. La medida fue lanzada por el dirigente Miguel Bustinduy, rival de Roberto Fernández en el gremio, e incluirá una movilización a las 11 a la sede central del Ministerio de Trabajo. Ayer mismo, y con la protesta como telón de fondo, la UTA firmó la revisión de su paritaria.

La huelga responde a la denuncia por incumplimientos por parte de dueños de colectivos en el pago del decreto de aumento salarial de $4.000 para los trabajadores del sector privado y que debía ejecutar una primera suba de $3.000 con los sueldos de enero que lanzó la agrupación Juan Manuel Palacios, que lidera Bustinduy. Sin embargo, por detrás de ese argumento aparece una disputa creciente de ese espacio con el oficialismo encarnado en Roberto Fernández y que hizo eclosión el 16 de diciembre último con la toma de la sede del gremio a cargo de choferes afines a la oposición.

Informate másParo parcial de colectivos: ¿cuáles son las líneas afectadas?

Se trata de una acción gremial con pocos antecedentes en la Argentina por su pretensión de alcance nacional y el objetivo de paralización de todos los servicios de transporte automotor sin el amparo del sindicato que en lo formal representa a todos los trabajadores de la actividad. En principio, los huelguistas confían en que la medida tendrá mayor impacto en las más de 60 líneas de colectivos que maneja el grupo transportista DOTA, el mayor jugador del rubro en el área metropolitana y en el conurbano bonaerense. Bajo esa estructura empresarial se afincaron el poderío gremial de Bustinduy y sus intentos, por ahora fallidos, por arrebatarle a Fernández la jefatura de la UTA.

“Va a ser un paro muy grande en corta y larga distancia. De hecho en Paraná los servicios ya están parados por falta de pago y en Mar del Plata los colectivos están en la puerta del gremio. La mayoría de las empresas de Capital Federal y Gran Buenos Aires no pagaron el aumento del Gobierno y estamos al borde de empezar a trabajar gratis. No queremos perjudicar a Alberto Fernández ni a Cristina (de Kirchner), pero como está, el gremio es una olla a presión”, alegó Bustinduy anoche en diálogo con este diario. El dirigente evocó con esa figura la toma de la sede de la UTA por parte de sus adherentes el 16 de enero pasado.

Por su parte, Roberto Fernández dijo haber mantenido ayer reuniones con autoridades para reclamarles “garantizar el derecho a la libertad de trabajo” por parte de los colectiveros. “Ya hablé con la CNRT (Comisión Nacional de Regulación del Transporte) para que verifique los servicios de las empresas, en particular las del grupo DOTA, que bancó mucho a Bustinduy”, añadió. El dirigente contó, de paso, que anoche mismo terminó de acordar con el Gobierno nacional y las empresas de colectivos urbanos la revisión por el cierre del período 2019 de la paritaria vigente.

El acuerdo salarial se cerró con una suba de 18,3% por los últimos cuatro meses del año pasado, con lo que completó un 41,3% por el período de abril a diciembre y dejó pendiente la última revisión por el primer trimestre de 2020. Según Fernández, como parte del entendimiento el primer tramo del aumento decretado por el Gobierno, de $3.000, se pagará el lunes próximo. Todos los aumentos salariales en el transporte público de pasajeros (incluso el ferroviario) siguen, desde hace años, directamente atados a la distribución de subsidios por parte del Ejecutivo.

La interna entre Fernández y Bustinduy se proyecta sobre la CGT y llega hasta el Gobierno nacional. Es que el referente opositor se recuesta en la estructura de Hugo Moyano, quien patrocina diversos liderazgos contrarios a Fernández desde hace años, incluso los “metrodelegados” que formaron la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro. En tanto que el Ejecutivo, aunque intenta un difícil equilibrio en las internas gremiales, dio muestras de respaldar al actual secretario general de la UTA al nombrar al abogado del gremio, Abel de Manuele, en un cargo estratégico en el Ministerio de Transporte.