Desde el oficialismo tucumano en contra de las medidas nacionales

Desde el oficialismo tucumano en contra de las medidas nacionales

El Gobierno nacional anunció que adoptará una serie de decisiones para tratar de recortar el gasto público. El oficialismo de la Provincia, en cambio, considera que esa reducción no es necesaria, ya que la planta de empleados no creció.

Mientras la Nación impulsa la reforma del Estado federal para reducir el gasto público y evitar el nepotismo, en la Provincia relativizan la importancia de esos anuncios y diferencian los números de la gestión del gobernador, Juan Manzur (PJ), de la del presidente, Mauricio Macri (Cambiemos). 

No vamos a economizar despidiendo trabajadores”, señaló el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, quien llevará a cabo las negociaciones paritarias de este año con los gremios. Sus pares Eduardo Garvich (Economía) y Gabriel Yedlin (Desarrollo Social) también se mostraron reacios a implementar esa política. “El gobernador en su momento lo decidirá si quiere hacer algo. Pero entiendo que la estructura no se ha expandido”, indicó Garvich. Yedlin consideró que el anuncio de la Nación apunta a un camino errado. “Es necesaria una política económica que estimule inversiones. No creo que sea necesario achicar el Estado. Hay que entender que eso daría menos servicios”, advirtió el ministro de Desarrollo Social. 

La mirada cambia cuando se traslada la pregunta a los intendentes. Quienes responden a Cambiemos, como las administraciones de San Miguel de Tucumán, Yerba Buena y Concepción, anticiparon que están a favor de las medidas y que tratarán de implementarlas. Sin embargo, todavía resta ver cómo avanzan con la reducción de los costos de funcionamiento y de personal en los municipios. En Banda del Río Salí, que lleva el sello del PJ, consideran que la medida es más “efectista que efectiva”. 

La posibilidad de que el recorte de los cargos políticos llegue a Tucumán generó preocupación entre los empleados públicos. Representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) afirmaron que es una medida “demagógica”; vincularon además esta decisión con la toma de deuda extranjera y las supuestas demandas de los entes financieros internacionales. 

En la Legislatura, en tanto, hubo diferentes lecturas. El peronismo opinó que el Gobierno está “atacando” los servicios públicos y que congelar los salarios de los funcionarios es una “bomba de humo”; en el radicalismo, en tanto, sostienen que el cuerpo legislativo fue el único poder que no incrementó el gasto público.

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