Por: Nicolás Lantos.

Alberto Fernández llegó a la mitad de su primer mandato con algunas certezas. Cree que sin la pandemia, el país ya habría dejado atrás hace rato la crisis, el debate entre modelos económicos estaría saldado y, en las elecciones, la sociedad habría ratificado ese rumbo. Está convencido de que el rumbo que tomó su gobierno es el correcto y cuidar la estabilidad macroeconómica es la medida distributiva más importante porque el costo de cada devaluación recae sobre los más pobres. Piensa que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional está cerca y que el mejor arreglo posible para el país es uno que no ahogue el crecimiento económico. Que no hay margen social ni político para seguir postergando la recuperación del poder adquisitivo de los salarios. 

Está seguro de que el Frente de Todos, la unidad del peronismo y su alianza con Cristina Fernández de Kirchner son la única manera de hacer las cosas, aunque querría encontrar una fórmula que separe la resolución de problemas políticos de la relación personal entre ellos. Sabe que fue elegido para encabezar un gobierno de diálogo y esa será su tarea hasta el último día, aunque no ignora que hay actores políticos, mediáticos y empresariales con los que no podrá tener una relación honesta. Quiere hacer en dos años lo que planeaba hacer en cuatro. Y le gustaría tener cuatro más para demostrar, a propios y extraños, que, a pesar de todo, no está equivocado. Tiene, también, muchas dudas que lo atormentan. El resultado de la elección no es una de ellas.

Pase lo que pase en las urnas, el presidente ya tiene planeado sus próximos pasos. El lunes, desde la Casa Rosada, dará un discurso, que prepara desde hace varios días, para hacer un balance de los dos años que pasaron y marcar el rumbo de los dos años que vendrán. Será, también, el puntapié inicial de una nueva convocatoria a un acuerdo nacional, que se vería plasmada, esta misma semana, en una reunión encabezada por Fernández de la que participen empresarios, dirigentes sindicales y de organizaciones sociales, en representación de los trabajadores formales e informales, y gobernadores. La presencia de opositores sería bienvenida pero no está en los planes: el éxito de la iniciativa no debe quedar atado a la voluntad de la conducción de Juntos por el Cambio.

El contenido de ese acuerdo todavía es materia de debate pero sus ejes principales se pueden reconstruir entre las declaraciones que hizo uno de los artífices de la maniobra, el presidente de la cámara de Diputados, Sergio Massa, en un video que envió a un evento del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) la semana pasada; en los abundantes detalles que se conocieron sobre una cena que hubo el martes en la Quinta de Olivos, de la que participaron el anfitrión, el ministro de Economía, Martín Guzmán, y cuatro ejecutivos de empresas multinacionales con sede en el país; y en el plan de acción que aprobó el Congreso Nacional de la CGT este jueves, junto con la elección de las viejas nuevas autoridades de la central obrera.

El documento con el que hizo su debut el triunvirato de Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano propone “discutir y concertar un plan que proyecte el indispensable crecimiento real de los salarios, las jubilaciones y los beneficios sociales”. El tema había estado sobre la mesa el martes al mediodía, cuando Daer y Acuña, entre otros dirigentes sindicales y sociales, fueron recibidos por Fernández y el jefe de Gabinete, Juan Manzur, otro de los articuladores de este enésimo intento por convertir en una realidad el Consejo Económico y Social que el presidente viene anticipando desde la campaña de 2019 pero nunca pudo poner en marcha de forma efectiva. Habrá que ver.

Los seis ejes del Plan de Acción propuesto por la central tienen una notoria coincidencia con los temas que plantea el gobierno como base para un acuerdo (y algunas reminiscencias poco disimuladas a la prédica del argentino que reside en el Vaticano):

-Trabajo registrado como instrumento de inclusión social.

-Desarrollo con producción y ocupación.

-Promoción del hábitat para una vida digna.

-Diálogo social para una mayor legitimidad de las políticas públicas.

-El cambio tecnológico como herramienta de inclusión y progreso social.

-Atender el cambio climático para cuidar la Casa Común.

El mismo martes que almorzó en la Rosada con Daer y Acuña, Fernández y Guzmán cenaron en Olivos con ejecutivos de Toyota, Syngenta, Accenture y Unilever, cuatro de las empresas extranjeras con mayor volúmen de operaciones en la Argentina. La cena fue descripta como “secreta” por los mismos medios que describieron con lujo de detalle el contenido de lo que se habló durante las cuatro horas que duraron la cena y su sobremesa hasta la una y pico de la mañana. Los interlocutores, argentinos que trabajan para multinacionales, cumplen un doble rol porque pueden transmitir el mensaje a sus pares de empresas locales pero también a sus países de origen.

Los gerentes coincidieron con el gobierno y los sindicatos en la necesidad de alcanzar acuerdos entre todas las partes para hacer sostenible en el tiempo el crecimiento económico, que este año alcanzará a recuperar todo lo que se perdió en el 2020 marcado por la pandemia y la crisis final del gobierno de Mauricio Macri, según coinciden las estimaciones oficiales y privadas. Los puntos que se pusieron sobre la mesa no difieren demasiado de los que se discutieron con la CGT, aunque desde otra perspectiva: precios, empleo, impuestos, deuda, dólar. Hubo un compromiso de asistir a las instancias de diálogo que se van a abrir a partir de lunes.

Después de la reunión, algunos de los empresarios que asistieron dieron entrevistas a distintos medios en las que sostuvieron algunos conceptos interesantes. “Hay que arreglar con el Fondo, pero no a cualquier costo”, sostuvo Sergio Kaufman, presidente de Accenture. “La situación no da para soluciones drásticas. Cualquier medida hay que tomarla con mucho cuidado”, advirtió, más a tono con la prédica prudente del oficialismo que con las denuncias incendiarias de la oposición. Por su parte, Antonio Aracre, CEO de Syngenta, dijo que “el ajuste tradicional no sirve” y que “una reforma laboral no va a crear el empleo necesario en los próximos dos años”.

Hubo otra cosa que dijo Aracre y que señala el camino que intentará recorrer el gobierno después de plasmar el acuerdo con el FMI: “Se pueden subir los impuestos a los empresarios que más ganancias generan”, dijo. Esa afirmación, hecha por alguien que conoce el paño, resulta chocante para el sentido común porque los medios de comunicación tienen un evidente sesgo a la hora de elegir a sus economistas invitados, con una sobrerrepresentación de la derecha dura (el caso de Milei es el más extremo, de ninguna manera el único) y una ausencia casi total de referentes heterodoxos cuyas posiciones están en sintonía con las de un tercio del electorado.

Según un estudio elaborado por la consultora Ejes, especializada en comunicación política y medios, y que se dio a conocer a principios de este mes, entre los diez economistas más asiduamente invitados a los programas de televisión y radio, nueve son representantes de la ortodoxia proempresarial y muchas veces militantes opositores: Juan Carlos de Pablo (91 entrevistas entre 1444 relevadas), Fauto Spotorno, Roberto Cachanosky (85 entrevistas cada uno), Carlos Melconian (58 entrevistas), Enrique Szewach (46), Daniel Artana (38), Gustavo Lazzari (37), Diana Mondino (32) y Claudio Zuchovicki (28). Sólo contrasta, en un solitario noveno lugar, el director de CEPA, Hernán Letcher, (32 notas).

El Congreso será la última instancia a la que lleguen los puntos que se acuerden en la mesa que tiende Fernández, para evitar que vuelva a ser el pantano donde naufrague la iniciativa oficial. Antes de discutir un sistema fiscal más progresivo, hay otros proyectos que forman parte del mismo sendero y que se buscará aprobar en las próximas semanas. Según anticipó Massa en su mensaje a la IAEF, los primeros proyectos que se llevarán al recinto después de las elecciones serán la ley de hidrocarburos, el nuevo régimen jurídico para los sectores autopartista y automotriz, la ley de promoción del turismo, la renovación del régimen para la construcción y la ley para el sector agroindustrial redactada el año pasado.

Resta por verse la efectividad de esta estrategia para garantizar mayorías en un Congreso áspero. Discutir un nuevo marco legal que permita sentar las bases de un crecimiento económico sostenido va a requerir algo más que el apoyo de algunos empresarios importantes y la mayoría de los gremios. Sin construir consensos amplios en la sociedad resultará imposible vencer la resistencia que va a oponer la derecha, que se imagina en un momento de fortaleza y ante un gobierno convaleciente. Además de buenas intenciones, será necesaria mucha política y una mejor estrategia de comunicación para no quedar a mitad de camino.

Esta semana Jorge Lanata confirmó al aire de Radio Mitre las versiones que vinculaban a Macri con La Nación y su señal televisiva, LN+, que durante la pandemia recibió una inyección de capital nunca explicada para armar una especie de “Expendables” antikirchnerista. Parece evidente que cuando el líder de la oposición literalmente compra uno de los medios más importantes del país para llevar adelante una campaña de desestabilización a base de fake news, las viejas reglas de juego ya no sirven para lidiar con la nueva situación. Como aquello de Chacho Jaroslavsky sobre Clarín, que “ataca como partido político y se defiende con la libertad de prensa”, pero ahora sin metáforas.