Varias entidades de empresarios industriales mostraron su descontento ante los reclamos de los trabajadores en plantas fabriles.

Distintas entidades del sector industrial y económico de la provincia de Buenos Aires dieron a conocer su rechazo ante los reclamos que llevan a cabo los trabajadores en plantas industriales. El cuestionamiento de los empresarios surgió a raíz de los bloque bloqueos en el frigorífico ArreBeef, en Pérez Millán del partido de Ramallo; y en la planta láctea Mayol, de Gobernador Udaondo en el distrito de Cañuelas.

La Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires (Adiba), la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires (Cepba), la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA) y la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (Uipba) firmaron un comunicado en el que expresaron su malestar ante los reclamos que llevan a cabo las organizaciones sindicales.

Las protestas de los trabajadores estallaron cuando el dueño del frigorífico ArreBeef de Pérez Millán, Hugo Borrel, confirmó el cierre de la planta y el despido de 1000 obreros. En tanto, en Lácteos Mayol de Cañuelas el conflicto escaló cuando la pyme intentó reencuadrar a la mitad de sus empleados.

"Repudiamos los bloqueos sindicales que no permiten desarrollar la actividad productiva y garantizar el correcto funcionamiento de las plantas", aseguraron.

Asimismo, consideraron que los reclamos de los trabajadores "lejos de buscar una solución a los planteos gremiales, agravan la situación de las empresas provocando pérdidas, daños a la propiedad y un ambiente de trabajo que no es propicio para el resto de los colaboradores que se encuentran desarrollando la actividad industrial".

Más adelante, los empresarios indicaron que entienden que el camino "es el del diálogo y nunca el de la fuerza, máxime cuando además se viola una conciliación obligatoria".

"Instamos al cese de los bloqueos y a cualquier acción intimidatoria, así como también al cumplimiento de la ley", señalaron y agregaron que una huelga o manifestación "es incompatible con el respeto de los derechos constitucionales".

A su vez, opinaron que "el derecho a trabajar se ve violado cuando un bloqueo no permite el ingreso a la empresa en conflicto al empleado que no está de acuerdo con el método aplicado por la organización sindical" y que "también ocurre al impedir el funcionamiento de empresas que no tienen relación alguna con la problemática planteada".

Luego, entendieron que los reclamos "son claramente violatorias del principio de buena fe que establece el artículo 63 de la Ley de Contrato de Trabajo" y que "las partes están obligadas a obrar de buena fe, ajustando su conducta a lo que es propio de un buen empleador y de un buen trabajador, tanto al celebrar, ejecutar o extinguir el contrato o la relación de trabajo".