Empresarios plantearán sus objeciones al proyecto para regular el teletrabajo que avanza en la Cámara de Diputados

Empresarios plantearán sus objeciones al proyecto para regular el teletrabajo que avanza en la Cámara de Diputados

La UIA, la Cámara de Comercio, entidades que agrupan a las pymes y cámaras de la industria tecnológica opinarán hoy sobre el tema en la última reunión informativa de la Comisión de Legislación del Trabajo. Diputados oficialistas y opositores avanzarán en un dictamen único

Empresarios, abogados y especialistas opinarán esta mañana acerca de los proyectos de teletrabajo en la tercera y última reunión informativa de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, luego de la cual se intentará avanzar en un dictamen consensuado entre las 14 iniciativas que se presentaron para regular esta modalidad laboral.

El encuentro virtual comenzará a las 11 y en su transcurso hablarán entidades empresariales como la UIA, la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), la Asociación de Empresarios Nacionales, la Cámara Argentina de la Industria del Software (CESSI) y la Cámara Empresaria de Tecnología, Informática y Comunicaciones.

También participarán el abogado laboralista y ex diputado Héctor Recalde, que asesora a YPF, y entidades que representan al Poder Judicial como la Asociación Nacional de Jueces y Juezas del Trabajo (ANJUT) y la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia del Trabajo de la Provincia de Buenos Aires (AMATRABA), además de Viviana Díaz, ex coordinadora del Programa de Teletrabajo del Ministerio de Trabajo, el CIPPEC y la Federación de Trabajadores de Prensa (FATPREN).

Daniel Funes de Rioja, uno de los vicepresidentes de la Unión Industrial Argentina (UIA), anticipó a Infobae que la central fabril presentará “observaciones y objeciones” respecto de algunos de los contenidos de las iniciativas que se consensuarán en Diputados. En primer lugar, el directivo de la entidad destacó: “No consideramos necesaria una ley de esta naturaleza porque los trabajadores referidos están todos incluidos en la Ley de Contrato de Trabajo y la modalidad del teletrabajo puede seguir estando regida por contratos individuales o mediante los convenios colectivos”.

Además, alertó sobre el “efecto búmeran” que puede tener una ley “cargada de espíritu reglamentarista” en la industria del software, en donde “el 6% de los que produce la actividad de la compañías del sector se reinvierte y el empleo crece en los ultmos diez años a una ratio del 4 o 5 % anual, y esta generando 2.000 millones de dólares al año de exportaciones”.

“Si se hacen regulaciones que sean sobrerregulaciones vamos a terminar como con el trabajo en los call center -advirtió Funes de Rioja-, y hay que aclarar que cada 10.000 empleados que se vayan a la informalidad o al trabajo free lance en lugar de tener relación de dependencia, la Argentina pierde una recaudación anual de 11.000 millones de pesos”.

El directivo de la UIA dijo que el proyecto sobre teletrabajo “preocupa porque habla no sólo de esta regulación sino de futuras regulaciones”, mientras que esta modalidad laboral creció en las empresas desde la cuarentena obligatoria, que comenzó el 20 de marzo pasado, “sin que hasta el momento se haya presentado alguna denuncia por violaciones a los derechos laborales”.

Los integrantes de la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados, que encabeza Vanesa Siley, del Frente de Todos, comenzó la tarea de consensuar las distintas propuestas contenidas en 14 proyectos de ley presentados por el oficialismo y por la oposición, con la idea de elaborar un solo texto que pueda ser aprobado sin dificultades en el recinto.

Miguel Acevedo, titular de la UIA

Algunos de los puntos que formarían parte del dictamen unificado serían el derecho de los trabajadores a la desconexión digital, el derecho de pautar horarios compatibles para quienes tengan que cuidar a menores de 14 años, personas con discapacidad o adultos mayores dependientes; el derecho a la reversibilidad, es decir, la posibilidad de que un empleado que trabaja a distancia pueda regresar a la modalidad presencial “en cualquier momento de la relación laboral”.

También incluiría la obligación por parte de las empresas de brindar el equipamiento (hardware y software), las herramientas de trabajo y el soporte necesario para el trabajo a distancia, mientras que la compensación por los mayores gastos en conectividad y/o consumo de servicios que deba afrontar la persona que trabaja bajo la modalidad laboral del teletrabajo “operará conforme las pautas que se establezcan en la negociación colectiva” y quedará exenta del Impuesto a las Ganancias.

El proyecto consensuado contemplaría que los teletrabajadores gozarán de “los mismos derechos y obligaciones” que las personas que trabajan bajo la modalidad presencial y garantizará la protección de los datos personales de los empleados.

El ministro Claudio Moroni, en la reunión informativa sobre el teletrabajo en Diputados

La semana pasada, en un encuentro informativo con diputados de la comisión, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, respaldó la sanción de una ley para regular el teletrabajo, al que calificó como un “fenómeno irreversible” y cuya “regulación es necesaria” para “no alterar derechos básicos del trabajador”. Señaló que es partidario de una norma que permita que “la habilitación y la letra chica” de esta modalidad laboral “sean discutidas en los convenios colectivos”.

En otra reunión con los legisladores, las tres centrales obreras respaldaron la sanción de una ley para regular el teletrabajo, aunque dos de ellas, la CGT y la CTA Autónoma, consideraron que deberá garantizarse que las características de esta modalidad laboral en cada actividad puedan ser discutidas por los sindicatos dentro de las convenciones colectivas.

Sin embargo, el sector empresarial observa con preocupación el avance de los proyectos de ley sobre el teletrabajo porque algunos de los contenidos de las iniciativas se contradicen con la facultad de organización y de dirección del empleador en las empresas o representan un “excesivo reglamentarismo” que puede conspirar contra esta modalidad laboral.

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