En la primera sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores en el Congreso se aprobó el proyecto que busca modificar la ley 27.442, de defensa de la competencia (LDC) y en las próximas semanas se tratará en la Cámara de Diputados. Industriales y empresarios advierten que generará una falta de estímulo a la inversión, que derogará herramientas históricas que se habían logrado en la reforma de 2018 y que afecta a la independencia de la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC).

PUBLICIDAD

La ley que se busca reformar fue sancionada en 2018, luego de un amplio debate, y dentro varios de sus artículos, establece que se debe crear una ANC pero hasta la actualidad no se concretó. Hoy en día las investigaciones y sanciones contra carteles o por posiciones dominantes de ciertas empresas las aplica la Secretaría de Comercio Interior.

El proyecto de ley impulsado por la senadora Ana Almirón, del Frente para la Victoria, busca modificar la forma en la que se eligen los miembros de la autoridadNacional. De aprobarse la nueva norma se eliminará la obligación de que cada candidato para ser seleccionado pase por un concurso público de antecedentes.

"La creación de una ANC es una deuda desde 1999 y lo que pretende hacer este proyecto no es correcto porque se deja de lado un concurso de antecedentes y se cambia por una selección de miembros dentro del ministerio de Desarrollo productivo. No tiene la misma institucionalidad ni independencia", explicó a El Cronista Gabriel Lozano, presidente de la comisión de Defensa a la Competencia del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.

Otros dos cambios fundamentales son: la derogación del Programa de Clemencia y la de los acuerdos del cese de conducta que existían hace mucho tiempo. El primer sistema, es un mecanismo que se utiliza a nivel mundial para detectar, investigar, combatir y disuadir a los cárteles entre competidores. Genera incentivos para que las propias empresas denuncien y aporten información.

"Es la principal herramienta con la que cuentan todas las autoridades de defensa de la competencia del mundo, fue un pedido que nos costó mucho incluirlo en la ley que se logró en el 2018 y es fundamental para que una autoridad pueda combatir los carteles", apuntó Lozano.

El segundo, el "compromisos de cese de conducta" le da la posibilidad desde 1980 a las empresas argentinas que son investigadas a comprometerse a dejar de hacer esa conducta y llegar a un acuerdo con los infractores.

Desde el Colegio de Abogados porteño cuestionaron: "El proyecto  elimina, sin ninguna justificación razonable, herramientas clave para detectar, investigar y sancionar conductas que resultarían aptas para restringir la competencia. Esas herramientas han sido adoptadas de manera uniforme en muchas otras jurisdicciones en las cuales la aplicación del régimen de competencia cuenta con años de desarrollo y consolidación, logrando la más efectiva protección de intereses de los consumidores".

Desde el sector empresario alertan que el proyecto que tiene media sanción impactará en las inversiones porque generará "demoras y obstáculos en los procedimientos de concentraciones".

 

Para la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la sanción de esta reforma a la ley "implicaría un retroceso para el régimen de defensa de la competencia en Argentina".