La fuerza vecinalista Propin, con representación en el Concejo Deliberante, denunció públicamente al Intendente de Juntos por el Cambio por beneficiar a su secretario privado, Luciano Leonel, con un lote social ubicado en Ostende. El terreno tiene 251 metros cuadrados y estaba destinado para «personas de bajos recursos económicos». Los denunciantes aseguraron que el funcionario de Yeza cobra unos $85 mil por mes.
La fuerza vecinalista Propin, con representación en el Concejo Deliberante de Pinamar, denunció públicamente que el Intendente Martín Yeza benefició a su secretario privado al regularizar en su favor un lote social ubicado en Ostende. Según pudo reconstruir el partido opositor, el lote de 251 metros cuadrados había sido adjudicado en el año 1999 a un matrimonio, a través del Plan Familia Propietaria. De acuerdo a Propin, desde entonces nunca se hizo el «seguimiento ni control del lote», y tampoco se pagaron las tasas ni las cuotas del plan.
En este marco, se especificó que el 10 de septiembre de este año se inició un expediente para tramitar la regularización del lote en cuestión, siendo el peticionante el secretario privado del propio jefe comunal de Pinamar, Luciano Leonel. Ese mismo día, y según calificó Propin de forma «súper express», el alcalde de Juntos por el Cambio firmó un decreto para declarar de interés social el trámite de escrituración realizado entre el Intendente de Pinamar como vendedor y su secretario en carácter de comprador, de la propiedad en cuestión.
De acuerdo a lo que publicó el medio local El Telégrafo, el mismo decreto, que suscribió el intendente y el secretario de Planeamiento del municipio, Ariel Galera, señala que el trámite se inició en el marco del programa de la Escribanía General de Gobierno bonaerense “para brindar seguridad jurídica en sectores con riesgo social». Se agregó en el documento que se cumplieron “los requisitos exigidos por la Ley 10.830 (artículo. 4° inciso ‘d’) y sus aclaraciones complementarias, como así también a la normativa de trabajo».
El decreto que declarar de interés social el trámite de escrituración
Cabe recordar que ña ley 10.830 es la que le otorga a la Escribanía General de Gobierno la facultad de realizar las regularizaciones dominiales de interés social que involucren a particulares cuando así lo requiera el Poder Ejecutivo provincial o municipal. Según destaca el propio organismo, la escritura traslativa de dominio «es concedida en forma gratuita, por ser los beneficiarios personas de bajos recursos económicos, favorecidas por la declaración de interés social por el municipio». Claramente, no sería el caso del funcionario.
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