“La situación es gravísima, realmente hay una impunidad para la fumigación no solo con glifosato, sino con todo tipo de agrotóxicos sobre la población en diferentes barrios de La Matanza, como ocurre en muchos otros distritos del interior de la provincia y también del conurbano del tercer cordón”, lamenta Del Plá, que advierte sobre la ausencia de control de los municipios. “Además, en vez de tomar la gravedad de la denuncia, porque éste es un caso certificado por hospitales y organismos de salud oficiales, cuando no siempre se puede comprobar tan a fondo el tema de la contaminación y el envenenamiento, en lugar de poner alerta rojo e intervenir, siguen dejando hacer, porque el de esta familia de ninguna manera puede ser el único caso”, explica.

Lxs referentxs territoriales estiman que hay todo un barrio comprometido. Lo que sucede, agrega la legisladora, “es que obviamente en este caso se trata del barrio que está al lado o encima casi del Ceamse, ese predio sobre el que hace tantos años reclamamos que debe cerrarse y remediarse definitivamente, cosa que por supuesto no se hace. Entonces no puede sorprender que la reacción municipal y de las autoridades educativas sea lenta, que en lugar de poner una alerta y tratar de que todo el personal docente y la comunidad educativa sea revisada para ver quién sufre efectos de ese envenenamiento, lo llevan a largas haciéndose los distraídos, porque en realidad son cómplices de esta situación”.

En octubre de 2021, la Escuela Técnica N° 13 de Virrey del Pino dio a conocer la intoxicación por glifosato de una familia de esa comunidad, que fue confirmada por estudios de toxicología realizados en el Hospital Gutiérrez. Un comunicado de la Comisión de Ambiente del Consejo Ejecutivo Seccional de Suteba Matanza-Conducción Multicolor, reveló que ese hecho se relaciona directamente con el cultivo de soja en zonas linderas a las viviendas de las familias de la comunidad. “La situación podría afectar a cientos de familias, incluyendo a la comunidad del Jardín 1.000, Escuela Primaria 210 y otras escuelas de la zona”, alertaron en el documento. Las instituciones educativas ubicadas en esos territorios se ven expuestas en forma permanente a las pulverizaciones con diferentes tipos de agrotóxicos, por lo que, conocidos los resultados médicos, se pidió la intervención del Consejo Escolar y la Dirección General de Cultura y Educación provincial (DGCyE), y que se realizaran los estudios toxicológicos necesarios con la comunidad, para descartar casos similares de contaminación. “Se presenta necesario tener un registro bacteriológico del agua, pero también sobre metales pesados, agrotóxicos u otros contaminantes que pueden estar presentes", señalaba el comunicado. "La responsabilidad también le cabe al municipio de La Matanza.”

En junio de 2020, en el distrito de Tandil, un equipo de docentes y estudiantes universitarixs tomaron muestras en 15 escuelas rurales, y se encontraron 16 químicos en el agua y en el suelo. En marzo de 2021 se detectaron glifosato y otros contaminantes en el agua de cuatro escuelas de Mar del Plata. “Lo mismo ocurre con la producción industrial que, en algunos casos, genera los metales pesados que nos podríamos encontrar en el aire o el agua de las escuelas, como vienen denunciando lxs vecinxs del barrio de Las Mercedes por la planta de Klaukol, a quienes venimos acompañando”, concluyó Del Plá. “Estamos luchando por el derecho a vivir en un ambiente sano, y en defensa permanente de la escuela pública.”