Después de recibir la visita de dos altos mandos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) para reclamarle la detención de Hugo y Pablo Moyano porque era un tema que “obsesionaba” a Mauricio Macri, el juez de Avellaneda Luis Carzoglio empezó a tener a dos espías que lo seguían a sol y sombra: Guillermo Matta y Mariano Flores, miembros del grupo conocido como Súper Mario Bros. Eso relató Carzoglio ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, que investiga una importante trama del espionaje durante la era Cambiemos.

Desde que lo suspendieron después de negarse a firmar la detención de los líderes sindicales, Carzoglio tomó un hábito: participar en charlas en la zona de Avellaneda. En eso estaba el 16 de marzo pasado, cuando un hombre de gorrita y remera de color claro se le acercó y le preguntó si sabía que lo habían estado siguiendo dos espías de la AFI y le dio los nombres de Matta y de Flores. También mencionó que lo seguían a bordo de un Volkswagen Polo negro.

Cuando Carzoglio reaccionó, el informante ya no estaba más, pero le quedó el dato. Su abogado, Diego Raidan, buscó en los archivos de un diario zonal una actividad pública en la que había participado en la época en la que tenía en sus manos la causa en la que el gobierno de Macri quería involucrar a los Moyano. Allí encontró en las fotos a Matta.

Guillermo es el hermano de Emiliano Matta, otro de los Súper Mario Bros. Los dos fueron detenidos en 2020 por orden del juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena, pero después Guillermo logró esquivar el procesamiento. Según relató en su indagatoria, en 1998 ingresó como suboficial de la Policía Federal. Allí permaneció hasta 2003, cuando renunció para pasar a trabajar en una farmacia. En 2010, se sumó a la Policía Metropolitana. Desde la Ciudad migró a la AFI. Según él, la comisión a la exSIDE le salió el 24 de octubre de 2018.

Lo curioso es que la foto que halló el abogado de Carzoglio lo situaría haciéndole seguimientos al juez ocho días antes de ese ingreso formal: las imágenes que encontró Raidan son del 16 de octubre de 2018, cuando se hizo un festejo por los diez años de la creación del Polo Judicial de Avellaneda. Esa noche, Carzoglio rechazó detener a Pablo Moyano.

Relato de una obsesión

Carzoglio, para entonces, ya tenía claro que a la AFI le importaba mucho la causa que había recibido en agosto de ese año. El expediente le llegó después de que otro juez, Gabriel Vitale, también rechazara avanzar en las detenciones de los Moyano. Más allá de la negativa, a Carzoglio y a Vitale los une otra semejanza: los dos recibieron la visita de dos importantes funcionarios de la AFI, el director administrativo de Asuntos Jurídicos Juan Sebastián de Stefano y el director de Análisis Fernando di Pasquale. En la visita, Di Pasquale le dijo a Carzoglio que Macri estaba “obsesionado” con la detención de los Moyano.

Carzoglio no contentó la obsesión de Macri. Después de eso, empezaron las amenazas a la familia y le reactivaron un jury que estaba suspendido desde 2015. Detrás de esa reactivación y de la suspensión en su cargo, Carzoglio siempre vio la mano del procurador bonaerense, Julio Conte Grand.

Durante su declaración por Zoom ante Martínez de Giorgi, Carzoglio contó otro episodio al menos extraño: dijo que en noviembre de 2018 le robaron los dos celulares que usaba. Cuando recuperó la información, había un contacto que le faltaba: el de De Stefano, que fue quien lo contactó antes de la visita a su despacho en Avellaneda y después volvió a llamarlo para saber cómo seguía el trámite.

De Stefano comandó el área de Jurídicos de la AFI durante toda la gestión de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. Jurídicos fue la dirección que más creció, llegando a concentrar la relación con los jueces –que, si se sigue el patrón de Carzoglio y Vitale, servía para mover a través de presiones las causas que le interesaban a Macri– e incluso buscó un atajo para que la AFI recuperara cierto control sobre las escuchas telefónicas, algo que había quedado vedado desde la reforma de la ley de inteligencia de 2015.

El año pasado, antes de que la Cámara Federal de Casación le sacara la causa, el juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé procesó a De Stefano por las escuchas ilegales a los presos kirchneristas en Ezeiza y por haber fabricado un entramado legal para intentar justificar el espionaje a Cristina Fernández de Kirchner en el Instituto Patria. Sin embargo, fue beneficiado por una falta de mérito en diciembre pasado por los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, quienes tampoco avalaron la idea de que en el macrismo existió un plan masivo de espionaje.

Tras el fallo de la Cámara Federal que lo benefició, De Stefano apareció a los pocos días protagonizando una grabación que encontró la interventora Cristina Caamaño en la AFI. Allí se lo veía articulando con funcionarios de María Eugenia Vidal, el intendente platense Julio Garro, el senador bonaerense Juan Pablo Allan y empresarios cómo impulsar causas contra el sindicalista Juan Pablo Medina. Después de la declaración de Carzoglio en los tribunales de Comodoro Py, a De Stefano le espera otro trago amargo para las próximas horas: este martes deberá presentarse en indagatoria ante el juez federal Ernesto Kreplak, que investiga la llamada “Gestapo” antisindical.