Un grupo de concejales se presentaron en la UFI 1 solicitando que se investigue la posible comisión de un delito y se establezcan las responsabilidades del caso. Es en relación a la entrega de tierras del Casino y Parque Miguel Lillo a cambio del embargo de cuentas municipales por la deuda que la comuna mantiene con Relisa SA.
Ernesto Mancino, presidente del Concejo Deliberante, junto a Carolina Robert, María Eugenia Ruiz, Hernán Trigo Gutiérrez, Francisco Medina, Gabriela Góngora, Graciana Maizzani, Jorge Martínez, Marcela Fernández Palma y Eugenia Vallota presentaron ante el fiscal de turno José Luis Cipoletti un escrito en relación a las actuaciones caratuladas "Recolección y Limpieza Ambiental SA c/Municipalidad de Necochea s/ejecución de sentencia expediente 5.741", radicado en el Juzgado Contencioso Administrativo N°1.
De esta manera, pusieron de manifiesto las irregularidades del proceder de los funcionarios municipales que incumplieron con el artículo 55 de la Ley Orgánica de Municipalidades que establece que es "el Concejo Deliberante quien autorizará las transmisiones, arrendamientos o gravámenes de los bienes públicos y privados municipales por mayoría absoluta del total de sus miembros".
Los ediles recordaron además la adhesión de la Municipalidad de Necochea, desde el año 2017, a la ley de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno que tiene por objeto establecer reglas que garanticen la solvencia fiscal de las cuentas públicas, destacando que el gasto corriente de las jurisdicciones no puede crecer más que la inflación del período y que la dotación de personal no puede aumentar por encima del crecimiento poblacional.
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