El Gobierno se mostró activo en el control del cumplimiento de la Ley de Góndolas luego de haberse validado su instrumentación, a pesar del lobby de las empresas alimenticias y la COPAL que buscan que no se aplique.

Por eso inició el proceso de seguimiento en supermercados para garantizar el cumplimiento de la norma que apunta a bajar la inflación en el rubro de Alimentos y Bebidas, debido a los aumentos indiscriminados de precios.

El presidente Alberto Fernández incluso anticipó que el Gobierno ultima los detalles para la aplicación de nuevas medidas tendientes a “exigir el cumplimiento” de la ley de góndolas y criticó a un sector de la industria alimenticia que “gana sumas siderales”.

Este cuestionamiento es el que desde el gremio alimenticio vienen señalando como problema estructural de los precios de los alimentos, y que desde la Coordinadora de Empresas Alimenticias (COPAL) se desoye para beneficiar a las grandes alimenticias.

 

El Gobierno, contra los privilegios de las alimenticias

 

Desde el Ejecutivo señalaron que para las alimenticias, representadas por la COPAL “la mejor solución que ofrece (para no aumentar los precios) es que el Estado les baje los impuestos”, apuntando a la búsqueda constante de privilegios.

Las definiciones del primer mandatario fueron hechas en el marco de los anuncios que el Gobierno prevé realizar para contener la escalada de precios desatada pesar de los acuerdos que hubo con distintos sectores.

Una de esas acciones será la puesta en marcha de más dispositivos de control para la aplicación de la ley de Fomento de la Competencia en la Cadena de Valor Alimenticia, que entró en vigencia la semana pasada.

Daniel Funes de Rioja dice que las alimenticias no son causantes de la inflación

 

“La Ley de góndolas puede ayudar al desarrollo de algunos sectores, como el lácteo; que es muy concentrado. Estuvimos hablando con la Secretaría de Comercio para ver cómo exigimos el cumplimiento de esa ley”, recalcó el mandatario.

 

Victimización patronal

 

En este sentido, Alberto Fernández negó que el problema se centre en la cuestión impositiva o en la política económica del Gobierno, que es lo que las empresas alimenticias buscan imponer en la agenda para instalar sus intereses.

“Para ver la situación actual (de ese sector) recomiendo que vean los resultados económicos de la industria alimenticia. Algunos que perdieron con Macri ganaron mucho en plena pandemia y en el primer trimestre han tenido un resultado impresionante”, resaltó.

Además dijo que no son pocos los empresarios que se beneficiaron y hasta sacaron provecho de las medidas que activó el Gobierno por la crisis, como la Tarjeta Alimentar, apuntando a la constante victimización patronal.

“No es posible que el dinero que nosotros volcamos en los sectores más desposeídos para que puedan acceder a una alimentación básica termine convirtiéndose un formidable negocio de unas empresas que terminan ganando sumas siderales”, puntualizó al respecto.

 

Un Estado que controla la inflación

 

Los esfuerzos de las empresas alimenticias por frenar la Ley de Góndolas y avanzar con más aumentos que profundicen la brecha de precios continuaron, a pesar del fuerte impacto en la canasta básica alimentaria y en los índices de pobreza.

Para acelerar la baja de la inflación, en este sentido, el Gobierno comenzó las inspecciones en supermercados para verificar el cumplimiento de la Ley de Góndolas, y evitar que siga avanzando el lobby del sector empresario del sector alimenticio.

Alberto Fernández encabeza la batalla por los precios

 

La Secretaría de Comercio Interior comenzó ayer a inspeccionar supermercados para verificar el cumplimiento, que establece parámetros para la exposición de productos a la venta con el objetivo de facilitar el acceso a aquellos más económicos, entre otras medidas.

En esta primera instancia de relevamientos, las inspecciones se centran en la disposición en góndola de productos de las categorías de alimentos, bebidas, higiene personal y artículos del hogar que deben presentar, para cada categoría.

Esto para que al menos cinco proveedores estén expuestos en los supermercados y que ninguno de ellos ocupe más del 30% del espacio, esto según lo que establece la norma y que el Gobierno pretende hacer cumplir.

 

Democratizar la góndola

 

Además, las micro y pequeñas empresas deben tener garantizado, en conjunto, un 25% del espacio mientras que los productos de cooperativas y mutuales de la economía popular y productores de la agricultura familiar, campesina e indígena deberán gozar un mínimo del 5%.

«Nuestro objetivo es democratizar las góndolas para encontrar más productos, más marcas, y que cada vez haya más pequeñas, medianas y micro empresas de todo el país que puedan acceder a vender sus productos en los supermercados», señaló Paula Español.

«Estamos focalizados en cuidar el bolsillo de las y los argentinos, por eso esta ley promueve empoderar a las y los consumidores que ahora van a contar con mayores herramientas para hacer una compra consciente «, afirmó Español.

 

Fiscalizar los productos

 

En esta etapa se fiscaliza que el producto más barato de cada categoría debe estar ubicado en un espacio equidistante entre el primer y el último estante, y debe contar con una cartelería que indique la leyenda «Menor precio por unidad de medida, según establece la Ley 27.545».

A su vez, la funcionaria señaló que se está trabajando en conjunto con las provincias y las autoridades de los supermercados «para que todas las jurisdicciones cooperen en el control y cumplimiento».

En este sentido, ya están programadas capacitaciones destinadas a los referentes locales y los cuerpos de inspectores de cada provincia, con el objetivo de que puedan colaborar en hacer cumplir la ley de la mejor manera.

Del total de 510 supermercados minoristas alcanzados por la ley a nivel nacional, que ya deben estar ajustados a la normativa, 189 se ubican en la Provincia de Buenos Aires y 48 en la Ciudad de Buenos Aires.

En caso de incumplimiento de la Ley de Góndolas, los comercios alcanzados están sujetos a la normativa de Lealtad Comercial, reglamentada en el Decreto 274 del 2019 que estipula sanciones que, en la actualidad, pueden llegar a los $550 millones.