En forma individual a los legisladores provinciales entregamos un informe detallado de las graves anomalías y los actos con visos de corrupción, ocurridas y que ocurren en el ámbito de la ATP que se encuentran documentadas y fundamentadas en los Exptes. Nros. 812/11 y 978/11, Actuaciones Simples Nros. 8.114/11, 10.881/11, 25.278/11 y Expte. Nº 3558, del Registro de la Cámara de Diputados, y reiteramos el pedido para que no se preste acuerdo parlamentario en la próxima sesión al Administrador General de la ATP contador Ricardo Ramón Pereyra, a quien acusamos de abuso de autoridad; incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos y propios de su cargo; negligencia e impericia en el ejercicio de sus funciones; haber cometido o ser cómplices del delito de falsedad ideológica y de administración desleal o fraudulenta; atentar contra el sistema republicano; el orden democrático y cláusula ética de orden constitucional; defraudar la voluntad y las esperanzas del Pueblo del Chaco, entre otras.

A los antecedentes de violaciones de normas que reglamentan el funcionamiento y administración de la ATP, sumamos documentación oficial que confirman la paralización de trámite de inspección e intimación de deuda y la entrega de Certificados de Libre Deuda a grandes contribuyentes que son deudores del fisco provincial.

Los Certificados de Libre Deuda son exigidos periódicamente a los proveedores del Estado a efectos de participar en licitaciones públicas, en concurso de precios, cobrar la prestación de bienes y servicios y tramitar beneficios impositivos; por lo tanto su emisión a favor de contribuyentes deudores del fisco provincial constituye un delito grave y una competencia desleal respecto a las firmas que si tienen al día el pago de los impuestos.

La única forma de saber su verdadera magnitud y si son hechos aislados o de una organización armada para hacer uso del Poder del Estado, para beneficiarse estafando al Tesoro Público, dado que nadie se arriesga gratuitamente, es a través de la realización de una auditoria integral especial, fundamentalmente sobre el sistema de información y la cartera de créditos fiscales.

Esta corporación conformada por el Administrador General, personal directivo de la ATP y los delegados de la U.P.C.P. es prolífica y no escatiman esfuerzos con la finalidad de consolidar el statu quo e ir por más beneficios abusando del Estado.

Ahora pretenden a tales efectos, la modificación de la Ley Nº 6611 de autarquía de la ATP : contar con mayor disponibilidad presupuestaria; sustituir a la Fiscalía de Estado en los procedimientos de cobranzas judiciales de los tributos por los abogados de la ATP, suprimir la potestad del Organismo de proponer estatuto, estructura orgánica funcional y escalafón del personal incluyendo la escala salarial (total mientras el conjunto de los trabajadores estatales bregan y le retacean salarios dignos, los amigos de la UPCP logran jugosos adicionales en concepto de bonificación por dedicación hasta el 115%); eliminar el requisito de selección de ingreso de personal por concurso público de oposición y antecedentes y facultar al Administrador General a efectuar contrataciones directa; quitar al Poder Ejecutivo y asignar a la ATP la facultad de determinar el importe de referencia para disponer el archivo de los trámites de deudas impositivas en razón de su bajo monto o incobrabilidad cierta, oportuna y/o económica concreción; derogar lo ordenado al Administrador General para que en un plazo de cinco (5) años el sesenta por ciento (60%) del total de la dotación del personal reúna la condición de profesional universitario; todo lo cual conspira con los principios de austeridad, ética, transparencia y calidad institucional, que por doquier pregona el Gobernador de la Provincia.

Tenemos expectativas de que el día miércoles próximo los legisladores pongan fin a la gestión de Pereyra, que sin dudas es la peor en la historia del Organismo.

Raúl H. Sánchez – Secretario General

Manuel Barrientos – Secretario Gremial