El proyecto de ordenanza impulsado por el Ejecutivo, y aprobado de forma unánime por el Honorable Concejo Deliberante, que simplificará, digitalizará y brindará gratuidad a los trámites burocráticos para habilitar actividades comerciales y económicas en 24 horas, no correría riesgo de aplicación, a pesar  de la existencia de dos leyes provinciales: 12573 y 14369, que generaron ruido dentro del cuerpo legislativo. 

La última Sesión del Concejo Deliberante, donde se promulgó el texto normativo, tuvo varias horas de demora para su comienzo. El motivo radicó en el pedido que formalizó la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP). 

"No surge en ningún artículo la obligación expresa de cumplimiento de las leyes provinciales en materia comercial, en particular las leyes PBA 12573 y 14369 de cumplimiento previo y obligatorio a la obtención de la habilitación municipal y apertura del establecimiento", indicaron desde la UCIP. 

En ese sentido, aclararon que acompañan la iniciativa del Municipio, pero expresaron que se requiere “el cumplimiento previo de las normas provinciales, ya que una vez abierto un local sería contradictorio a este espíritu enunciado, el cierre del establecimiento por ser contrario a la ley”. 

Los y las concejalas hicieron caso omiso al pedido de la entidad, y no incluyeron lo solicitado, que manifiesta "no dar curso a ningún tipo de habilitación, ni autorizar la apertura del establecimiento, ni otorgar certificado de habilitación parcial o definitivo sin el cumplimiento previo de lo establecido" por las leyes provinciales.

En ese contexto, desde el oficialismo aseguraron que "la ordenanza está perfecta, y no hay nada que acordar -en referencia al pedido de la UCIP-". La norma está próxima a entrar en vigencia, "depende de gobierno, que termine de implementar sistemas", afirmaron. 

¿En qué consiste la Ordenanza?

Clasifica a los rubros en riesgo bajo, intermedio o alto de acuerdo a su complejidad. En el primer caso, las habilitaciones se podrán obtener en el día, siempre y cuando, se traten de establecimientos menores a 500 metros cuadrados, con actividades no peligrosas, ni condicionadas por normativa específica o el Código de Ordenamiento Territorial (COT).

El intendente Guillermo Montenegro señaló que, para obtener la autorización en el día, se deberá hacer un trámite online con la presentación de una declaración jurada. Acto seguido, el Municipio otorgará el permiso al instante, a partir de un código QR, que deberá estar a la vista en el local. Habrá un período de 60 días en el que se deberá realizar la inspección correspondiente para constatar los datos que se volcaron en la declaración jurada.

"Esto no quiere decir que va a ser un viva la pepa. Si al momento de la inspección, no se cumple lo que dijo en la declaración jurada, se va a llevar adelante la clausura, y va a haber sanciones muy duras", remarcó el jefe comunal.

En el segundo grupo, implica habilitaciones en el día, pero con informes técnicos. Contempla rubros que, por su actividad, “impliquen algún grado de peligro y se requiere intervención profesional, condicionado por la superficie”. 

Mientras que en los casos de riesgo alto, se brindarán habilitaciones diferidas. Aquí se ubican aquellas actividades que "pudieran generar daños significativos sobre los bienes, el ambiente, los trabajadores y/o la comunidad".