Por Diego Lanese

 

No se habían cumplido cien días desde que el PAMI firmó junto a las tres cámaras farmacéuticas el convenio de provisión de medicamentos, un acuerdo que le llevó al entonces titular de la obra social nacional, Carlos Regazzoni, más de dos meses de tensas negociaciones. Finalmente, se suscribió el contrato, que vincula con el Estado a los productores de fármacos del país, quienes a través de las farmacias suministran tratamientos gratuitos a los jubilados. Por este ítem, el PAMI gasta nada menos que unos 2.500 millones de pesos, pero con el efecto de la inflación, ya alcanza los tres mil millones en estos días.

La salida de Regazzoni y la llegada al organismo de Sergio Cassinotti cambió el escenario, y las nuevas autoridades decidieron poner en revisión el convenio vigente. Esto generó una verdadera “guerra fría” entre el Gobierno y la industria farmacéutica, cuyas consecuencias pueden ser nefastas. Por estas horas, si bien se garantiza la dispensa de medicamentos, nadie sabe cuánto puede durar. Las farmacias, por ejemplo, alertan sobre el impacto de esta decisión, en un mercado concretado que pelea para sobrevivir ante la llegada de las grandes superficies minoristas.

La jugada de Cassinotti fue la primera de importancia en su gestión y marca el norte de su mandato. El ex titular del IOMA (obra social bonaerense) llegó con un mandato: ajustar las cuentas de la entidad, el tercer presupuesto más abultado del país. La pelea de Regazzoni con parte de la “mesa chica” macrista terminó con su salida, que se la encubrió en “temas de campaña”. Pero lo cierto es que el ex candidato a intendente de Almirante Brown no estaba dispuesto a generar semejante recorte.

Por el momento, el convenio de medicamentos está en revisión. Lo mismo sucede con los acuerdos con clínicas y sanatorios. Además, se vence el contrato con los laboratorios de análisis clínicos. El panorama augura menos prestaciones y más caras, aunque desde el oficialismo insistan en negar esta situación y hablen de “hacer viable” a la entidad.

Sin convenios

Mediante carta documento, a fines de abril PAMI les informó a las entidades farmacéuticas que iniciaría “un proceso de revisión” del contrato firmado por Regazzoni en febrero de este año. Así, CILFA (laboratorios nacionales), CAEME (multinacionales) y COOPERALA (pymes y cooperativas) volvieron a foja cero una discusión que llevó meses y que, en varios momentos, dejó sin cobertura de tratamiento a los afiliados. Ante la decisión de Cassinotti, que, bajo la excusa de hacer “sostenible” el convenio, rompió un contrato a 90 días de firmarlo, los laboratorios respondieron con dureza. Mediante una carta documento, a la que tuvo acceso Política del Sur, los productores de medicamentos calificaron la medida de “improcedente, abusiva y contraria al principio de buena fe”. “Muestra un desprecio por la obligación de los contratos”, remarcaron, y ahora amenazan con dejar de recibir recetas a los jubilados.

En este panorama comenzaron las primeras negociaciones, en un clima de tensión y hermetismo. Según pudo confirmar este medio, la idea de las nuevas autoridades del Gobierno es bajar el gasto en medicamentos, que hoy llega a cerca de los tres mil millones de pesos mensuales, lo que supera el tercio de los recursos. En el entorno de Cassinotti afirman que una obra social sindical puede gastar “un 18 por ciento de su presupuesto en medicamentos, una prepaga un 20. PAMI, a lo sumo, puede gastar 25, pero ahora está en 32 por ciento. Eso debe bajar”.

El gran problema que afronta la gestión es quién pone los 800 millones de pesos mensuales que el PAMI dice no tener y la industria reclama. Este valor sale de los tres mil millones de pesos que gasta hoy en medicamentos y los 2.200 millones que serán el techo impuesto por el PAMI. Una forma de acercar postura, según los últimos encuentros, es modificar la escala de bonificaciones, es decir, los descuentos que productores y farmacias hacen para ser parte del acuerdo, el más grande de la seguridad social.

En una comunicación interna realizada por el PAMI y enviada a los laboratorios, se sugirió una nueva escala de bonificaciones para el período marzo-agosto, dando a entender que las negociaciones del nuevo convenio seguiránabiertas esos meses. La escala comienza en menos de 2.200 millones de pesos, que se comercializará sin bonificación. A partir de allí, se iniciará la siguiente escala de descuentos: hasta 2.400 millones de pesos, 8 por ciento de bonificación; hasta 2.600 millones, 10 por ciento; de 2.600 a 2.800 millones de pesos, 14 por ciento; y de 2.800 a 3 mil millones, 16 por ciento. Es decir que, en el actual convenio, los laboratorios y farmacias cobrarán 84 de cada 100 pesos dispensados a los afiliados del PAMI (valor bruto). Al cierre de esta edición, el PAMI confirmó que el convenio de medicamentos tiene fecha de vencimiento: el 29 de junio. A partir de allí, nadie sabe cómo se atenderá la salud de millones de jubilados.

Además del acuerdo con medicamentos, otros servicios que presta la entidad están en jaque. En el sector clínicas y sanatorios, cambió el sistema de atención, pasando a una vieja fórmula de los ‘90: el pago per cápita. Desde mayo, los jubilados estarán obligados a ir a una clínica y el PAMI pagará un precio fijo por la atención. Antes se atendían donde querían y el PAMI actuaba como una prepaga que cubría sus gastos. El problema es que, según denuncian las clínicas, el precio fijo que ofrece el ente estatal está muy por debajo de lo que necesitan para cubrir los gastos. Serían 420 pesos por mes por cada paciente, y cada clínica tendrá un número fijo de pacientes. Los prestadores calculan que cada afiliado gasta 650 pesos por mes.

“En las clínicas y sanatorios, debido a la situación del PAMI, cambiaron la modalidad de contratación que había hecho Regazzoni y se volvió al mismo sistema de atención médica de los ‘90, que es pagar per cápita. (…) Ya se está viendo que algunas empresas van a tener problemas para pagar el aguinaldo, más allá de los sueldos”, advirtió en diálogo con el programa de radio Política del Sur Sergio Oyhamburú, dirigente de la Sanidad y representante de los trabajadores del sector.

Además, los laboratorios de análisis clínicos deben renegociar su convenio y creen que la nueva contratación seguirá un camino de ajuste similar al de los medicamentos y las clínicas.

La interna política

La salida de Carlos Regazzoni del PAMI fue tan rápida como sorpresiva. Un día antes del almuerzo en Olivos con Mauricio Macri, que fue su despedida formal, se le comunicó la medida. El encargado fue Gustavo Lopetegui, coordinador ministerial e integrante de la mesa chica de decisiones del Gobierno, junto con Mario Quintana y Marcos Peña.  Ese tridente fue el encargado de manejar las salidas más rutilantes del Gobierno y de acomodar a los “díscolos”.

La salida elegante de Regazzoni se disfrazó de un rol “preponderante” en la campaña. “Lo mandaron a caminar la provincia”, le dijo en su momento a este medio gráfico una fuente de su entorno. Pero con el correr de los días, otras dos versiones ganaron terreno en la escena, ambas vinculadas al convenio de medicamentos, que había firmado el ex titular del PAMI luego de mucho esfuerzo.

En primer lugar, el pedido de hacer “otro ajuste” en la obra social no fue bien recibido por el browniano, quien debió, en su corta estadía frente a la entidad, retirar medicamentos del vademécum, restringir prestaciones y achicar gastos de forma abrumadora. Otro punto tiene que ver con la vieja ambición de Quintana de lograr que Farmacity, la mayor cadena de farmacias del país, atienda la seguridad social, en especial a jubilados.

La llegada de Cassinotti al PAMI vino con el visto bueno de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, quien lo había nombrado frente al IOMA, la obra social provincial. Con la clara premisa de apuntalar el ajuste que pretende el Gobierno, el nuevo titular de la entidad puso manos a la obra. Uno de los pasos que dio fue firmar un nuevo acuerdo con los hospitales de la provincia para reducir el gasto de la obra social y que, al igual que con los sanatorios privados, se base en la contraprestación, buscando darle “previsibilidad y bajar las pérdidas”.

El cambio generó alerta en los intendentes, en especial los peronistas, que entienden que se puede restringir la atención. Por eso, la ministra de Salud provincial, Zulma Ortiz, llamó a unos 50 jefes comunales y los reunió con Cassinotti para explicarles el sistema de atención que impulsan las nuevas autoridades.

“Con la nueva modalidad, el hospital recibe de antemano el recurso en función de la población con cobertura de PAMI que en los últimos años ha venido atendiendo”, remarcó la titular de la cartera sanitaria en ese encuentro. La medida afecta a distritos del interior provincial, cuyos hospitales son los únicos que atienden al PAMI ante la falta de oferta privada.

La visión de las farmacias

La mesa de negociación entre los laboratorios y el PAMI por el nuevo convenio de medicamentos tiene una pata ausente: las farmacias. Pese a que son las encargadas de dispensar los tratamientos, y a través de las bonificaciones ponen una parte de los fondos necesarios para garantizar la sustentabilidad del sistema (de la obra social nacional y el resto de la seguridad social), su opinión no es tomada en cuenta. Desde hace rato piden ser parte del contrato, que hoy firman las autoridades y la industria farmacéutica.

“Las farmacias les pagan a los laboratorios; por lo tanto, si no ingresa dinero, las farmacias no podrán aguantar mucho tiempo más dando los descuentos de PAMI. La situación con los descuentos a medicamentos es una cuestión exclusivamente económica, no es sólo un tema político”, sostuvo en diálogo con Política del Sur radio Carlos Villagra, titular de la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina (AFMSRA). El sector minorista está compuesto por esta asociación más la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) -que agrupa a las farmacias independientes, la red más importante del país- y la Federación Farmacéutica (FEFARA).

Para Villagra, “el interventor del PAMI era evidente que se iba a encontrar con esta situación”, pero criticó que “lo malo que están haciendo es no conversar en conjunto con los gremios, los laboratorios y las farmacias”.

Lo que más preocupa a los farmacéuticos es que se imponga a los mostradores esos dos puntos de bonificación que PAMI aplicará a los laboratorios. En plena crisis del 2001, se impusieron descuentos obligatorios para sostener la seguridad, a punto de quebrar. Estas “bonificaciones”, que en lo puntual actúan más como retenciones al estilo del campo, se mantienen después de más de 15 años, y en los grandes centros urbanos como el Conurbano bonaerense, alcanzan hoy el 17 por ciento del valor de los tratamientos.

Además, desde febrero último, cuando se firmó el nuevo convenio, existen retrasos en los pagos que llegan desde el PAMI. “Las farmacias no cobran completamente las prestaciones desde febrero”, alertó Néstor Caprov, titular del Colegio de Farmacéuticos de Lanús. Consultado por Política del Sur, el dirigente farmacéutico aseguró que el sector y los jubilados están“en una incertidumbre total”.

Uno de los argumentos de las autoridades del PAMI son ciertos abusos en la entrega de medicamentos para los jubilados, que consumen, según cifras, hasta cinco tratamientos gratuitos diarios. “Hay reducción de presupuesto de las prestaciones, históricamente hubo malos controles, pero parece que ahora se dan cuenta de los excesos de medicamentos que había en áreas como oncología, tratamientos que no se retiraban,pero se pagaban”, graficó Caprov.

“Quieren ajustar las prestaciones. Cuando se llegue al límite del nuevo presupuesto,¿qué se hará?; cuando en el país hay un consumo acostumbrado a mucho más, ¿cómo podrán tolerar los abuelos este cambio? No lo sabemos”, agregó.

Con estos condimentos, el peor escenario es el planteado en el inicio de esta nueva polémica por los laboratorios: dejar de recibir recetas del PAMI. “Se va a empezar a plantear en las farmacias que, si no ingresa dinero y los convenios se terminan, cada uno va a querer recuperar el dinero”, advirtió Villagra.

En estas horas, las negociaciones se mantienen y los sectores buscan evitar que el impacto del ajuste golpee sus intereses. Ejemplo de la seguridad, el PAMI es la obra social más importante de Latinoamérica, por recursos y cantidad de afiliados que cubre. Un privilegio que, a partir de estos cambios, puede ser parte de un pasado no muy lejano, dando paso a un presente de incertidumbre y preocupación.

Polémica por los precios de los medicamentos

Que el presupuesto del PAMI para medicamentos se haya disparado se entiende, en parte, por la espiral inflacionaria, que, según todos los datos, se mantiene un poco por encima de ese techo del 20 por ciento proyectado por el equipo económico del Gobierno. Esto generó la revisión que hoy tensa la relación del trinomio obra social-laboratorios-farmacias. Pero, además, varios informes alertan sobre una suba por encima de la inflación para los productos farmacéuticos, lo que ayuda a esta situación.

Parte de este tema se discutió en la última reunión de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, donde especialistas y diversos funcionarios remarcaron la necesidad de garantizar la cobertura de medicamentos. El encuentro fue convocado por la titular de la comisión, la legisladora del Frente para la Victoria Carolina Gaillard, donde especialistas y entidades que trabajan para mejorar el acceso a tratamientos de la población alertaron sobre los peligros de la falta de controles del Estado a la hora de fijar precios, en especial en fármacos de alta complejidad.

En este punto, Ginés González García, ministro de Salud durante el gobierno de Néstor Kirchner, aseguró que el PAMI y su convenio de medicamentos funcionan como “un regulador del mercado”. “El PAMI es determinante para contener los precios, es útil la política de establecer un precio de referencia atado al sistema de seguridad social, y, a la vez, reconstituir los sistemas de provisión pública de medicamentos a todo el país con políticas como el Remediar, que hoy lamentablemente está bastante desarticulado, ya que pasó de 45 millones de tratamientos repartidos a diciembre de 2015 a 26 millones de tratamientos en 2016. Éste es un tema muy serio porque afecta a unos 15 millones de argentinos que, cualquiera sea el precio de los medicamentos, no pueden acceder a ellos”, sostuvo en su exposición en la Comisión de Salud.

Además, organizaciones como la Fundación GEP, que trabaja para mejorar el acceso a tratamientos de pacientes con HIV o hepatitis C, aseguró que el abuso de patentes, en especial de los grandes laboratorios multinacionales que forman la conocida “Big Pharma”, aumenta el valor de los tratamientos importados. “Pagamos los precios más caros de antirretrovirales y antivirales en la región, y esto se debe a la existencia de monopolios debido al otorgamiento de patentes inmerecidas”, remarcó José María Di Bello, de esta entidad.

En el país se vive una situación muy particular en materia de patentes. Hace unos meses, el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual (INPI) firmó con su par de los Estados Unidos un acuerdo que beneficia el reclamo de los laboratorios para cobrar exclusividad en productos que no son novedosos. Este mecanismo, conocido en el sector como “evergreening”, busca incluir supuestas mejoras en los productos para mantener cerrada la posibilidad de producir versiones genéricas o nacionales.

La puesta en marcha de un programa de cooperación entre nuestro país y Estados Unidos en la materia es mal visto por estas organizaciones, que alertan sobre los efectos que tendrá en el acceso a tratamientos. Además, denuncian un nuevo conflicto de intereses en los funcionarios a cargo, ya que Dámaso Pardo, titular del INPI, fue hasta hace poco parte de un estudio de abogados que trabaja con las grandes farmacéuticas. Además, como dato de color, el segundo de esa oficina tiene un apellido que no pasa desapercibido en el país: José Martínez de Hoz, hijo del ministro de Economía de la dictadura militar.