El oficialismo buscará este miércoles avanzar en la estrategia para llevar a un juicio político a los miembros de la Corte Suprema de justicia. Por un lado, en una reunión de los diputados que integran la comisión encargada de juzgar a los jueces, el Frente de Todos (FdT) intentará asegurarse que no haya deserciones. Por el otro, comenzaron a anticipar lo que podría ser el tono del debate en el Congreso: Quieren llevar a declarar al ministro de Seguridad porteño Marcelo D'Alessandro -quien se encuentra de licencia- y al asesor del presidente del tribunal, Horacio Rosatti, Silvio Robles, ambos involucrados en los chats de espionaje ilegal.

Así, los diputados del FdT que conforman la Comisión que quiere juzgar por mal desempeño a los magistrados, como anunció el 1° de enero por el presidente Alberto Fernández, mantendrán una reunión virtual para ampliar la investigación sobre  Rosatti y el resto de los integrantes del máximo tribunal. Su objetivo es incorporar el contenido de casos penales que tramitan o tramitaron en Comodoro Py producto de la interna entre los cuatro supremos.

La reunión servirá también para dejar en claro con cuántos legisladores cuentan. Aunque dan por descartado que el juicio tenga alguna chance de avanzar en el recito, el FdT quiere que al menos el debate garantice una plataforma para ventilar los trapos sucios de la Corte.

Por eso, desde hace cinco días, el presidente del bloque del FdT, Germán Martínez, mantiene reuniones con los 15 diputados propios que integran la comisión. Allí también se discutió uno de los puntos del reglamento interno de la propia comisión. Es el que establece que toda persona que sea llamada a declarar está obligada a hacerlo. Los únicos excluidos son los propios acusados quienes tiene derecho a decidir si se presentan o no.

Por eso, el objetivo del oficialismo es reunir toda la información antes de comenzar con las citaciones. Pero ese punto tiene un objetivo en particular. Así lo explicó el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade.  “La idea es proponer la citación de D'Alessandro y de Robles, ya que no están alcanzados por esta inmunidad que da el reglamento de no venir. Ellos van a tener que venir”, dijo en declaraciones a Diputados TV.

En caso de negarse a asistir a Diputados, la comisión tiene la facultad para pedirle a un juez que ordene su traslado por la fuerza pública.

En diálogo con elDiarioAR Tailhade había anticipado la estrategia: “Mi posición y la de varios de los integrantes, la que creemos que va a prevalecer, es la de poner en consideración de la comisión la mayor cantidad de expedientes posibles contra los jueces de la Corte. Es decir, no sólo la presentación del Presidente sino también otras denuncias que se acumulan contra los ministros del máximo tribunal”, había afirmado a este medio.

De esa manera, también quedarían habilitadas para el tratamiento otras iniciativas previas, como un pedido de la Coalición Cívica contra el juez y expresidente del máximo tribunal Ricardo Lorenzetti o una de Vanesa Siley (Frente de Todos) contra el también extitular de la Corte Carlos Rosenkrantz.

“El Presidente presentó el pedido de juicio político al jefe del bloque (Germán Martínez) y a la presidenta de la comisión (Carolina Gaillard) para que sean ellos quienes lo presenten a su vez en la comisión de juicio político. Eso permite, según el reglamento, darle estado parlamentario de tres años en lugar de sólo un año, que es la diferencia de plazos entre un pedido de jury realizado por un diputado y otro ciudadano”, explicó.

Y agregó: “Eso también implica que la investigación de la comisión puede llegar al recinto dentro de un año o dos”. De esta manera, el oficialismo se asegura una batalla pública a largo plazo contra los supremos, incluso más allá de la actual composición en Diputados y Senado, donde ninguna fuerza política tiene los dos tercios de los votos, necesarios para destituir a un juez de la Corte.

La estrategia de la oposición

La cúpula de Juntos por el Cambio (JxC), por otro lado, acordó este martes utilizar una herramienta habitual en el pulseo legislativo: el quórum. Así esperarán que sea el FdT el que junte el número necesario de legisladores para que la comisión se reúna y luego acuse, y si llega al recinto, intervenir para impedir que se apruebe la elevación que debería, eventualmente, tratar el Senado.

“Que ellos consigan el quórum, si lo tienen. Si lo logran, nosotros tenemos que dar la discusión en la comisión y si van al recinto, tenemos que participar porque se aprueba con los 2/3 de los presentes”, explicó este martes a elDiarioAR uno de los participantes de la mesa de JxC que conoce, al detalle, el procedimiento del juicio político.

La cuestión del recinto es más específica. Como la elevación a juicio en el pleno del cuerpo, requiere la aprobación de 2/3 de los presentes, si JxC no participa de la sesión, facilita que FdT con su propio número logre que el juicio avance y siga el camino hacia el Senado. Por eso, la cúpula cambimieta acordó que los diputados bajen “a dar el debate” y hacer valer su número para que el oficialismo, con sus aliados, no pueda lograr tener los 2/3 de los presentes.

Por su parte, Rodrigo de Loredo, presidente del bloque Evolución Radical que responde Martín Lousteau, anticipó ayer JxC  pedirá el alejamiento de Carolina Gaillard como presidenta de la comisión de Juicio Político. En su cuenta de Twitter, el diputado señaló: Las declaraciones vertidas a la prensa dan cuenta que no se garantizará la objetividad e imparcialidad del proceso“.