Félix Crous es el actual titular de la Oficina Anticorrupción. Llegó allí, como muchos otros funcionarios vinculados al mundo judicial, por impulso de Cristina Kirchner. Su actuación más comentada hasta ahora fue justamente aliviar la situación de la vicepresidenta en los Tribunales. Como titular del organismo, decidió renunciar al rol de querellante que tenía en las dos causas que más preocupan a su mentora. Este lunes, Crous se sumó a la avanzada contra el procurador general de la Nación, Eduardo Casal. Le cuestionó haber implementado "reformas radicales" en el Ministerio Público Fiscal, "que hasta incluyó el logotipo" (sic). En su raid desordenado, también pidió aumentar el número de miembros de la Corte Suprema de la Nación y acusó de "reaccionarios oligárquicos" a los que la quieren mantener con cinco integrantes. Difícilmente el jefe de la OA ignore que la actual composición del Máximo Tribunal nació con una ley que defendieron Cristina como senadora y Alberto Fernández como jefe de Gabinete. Ahora debe suponer, o tener certezas, de que ellos mismos impulsan una ampliación para aumentar su influencia allí.

Los dichos de Crous fueron apenas otra gota en una Justicia que vive estos días en estado de alerta y donde todos (incluido este funcionario) se mueven al ritmo que marca la ex presidenta. Básicamente porque los frentes que se fueron abriendo abarcan a todo el sistema judicial.

El traslado de jueces, camino a la Corte

Tras el pedido que impulsó Gerónimo Ustarroz, hermano del ministro Wado de Pedro y representante del oficialismo ante el Consejo de la Magistratura y que contó con el voto clave de la (ahora) lavagnista Graciela Camaño, se decidió revisar la situación de 10 jueces, algunos involucrados en procesos contra Cristina. Cuestionan sus traslados, el modo en que llegaron a los lugares que ocupan ahora.

Luego del primer paso en el Consejo, se espera que el Ejecutivo envíe los pliegos al Senado para confirmarlos o correrlos. Dos camaristas (Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi), previendo el voto desfavorable en la Cámara que conduce la vicepresidenta, presentaron un pedido de amparo en la Justicia para mantenerse. Es probable que, tarde o temprano, el caso termine en la Corte. Allí, ya hubo dos acordadas que opinaron de los traslados: según los camaristas involucrados, funcionan como antecedente para avalarlos. Para el kirchnerismo, aquellas decisiones no aplican esta vez.

La reforma judicial, con "debate" por zoom

Como en otros proyectos de la era K, la reforma no tendrá acompañamiento opositor. El Frente de Todos decidió de todos modos apurar la discusión en el Senado, donde ya arrancaron las presentaciones vía zoom. De un modo particular, según denuncian funcionarios judiciales que cuestionan los cambios. "Quieren cambiar gran parte de la Justicia y nos dan 7 minutos para hablar. Eso no es debate", ejemplificó uno de los expositores.

Cada tramo grueso de la reforma expondría contradicciones. "La unificación de los fueros y la creación de juzgados, implicarían nombramientos transitorios y cambios de competencia, justamente cuando es uno de los puntos que se usan de argumento en la Magistratura para revisar los traslados", explica una fuente judicial.

Las Cámaras del Crimen porteña y la Cámara Nacional en lo Civil y Comercial ya salieron a oponerse. Dijeron que es "inconstitucional". También se opuso el gremio de judiciales que conduce Julio Piumato. En su caso, habló de "flexibilización laboral". Pero además, se anticipa una (otra) pelea con el Gobierno porteño, por el pretendido traslado de más competencias a la Justicia de la Ciudad. Larreta ya avisó que sólo aceptaría el cambio si le mandan los recursos. Cristina sentó posición, en sentido contrario.

La discusión por los fondos es central, cuando el país se encamina a un déficit histórico y faltan recursos en áreas sensibles muy golpeadas por la pandemia. ¿En ese marco cómo defenderá el Gobierno el gasto que implicarían los cambios en la Justicia? Parte del proyecto también prevé la creación de 94 juzgados federales en todo el país. Los gastos debería afrontarlos el mismo Consejo de la Magistratura que, como contó Clarín, afronta un déficit de 16.000 millones de pesos. También, insisten los especialistas, se avanzará en la creación de juzgados cuando está en marcha un sistema acusatorio que les da más poder a los fiscales.

​

El consejo para ampliar la Corte, ¿sólo un primer paso?

Otro de los puntos más cuestionados del anuncio de Alberto Fernández fue la creación del Consejo Asesor para revisar el funcionamiento de la Corte, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público Fiscal. El caso emblemático fue la presencia allí del actual abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi. También llamó la atención el nombramiento como coordinador de Fabián Musso, otro abogado penalista que defendió al matrimonio Kirchner en la primera causa por presunto enriquecimiento ilícito.

Varios de los consejeros ya se manifestaron anticipadamente a favor de la ampliación del Máximo Tribunal y generaron dudas sobre la profundidad del debate que deberían encarar. Otros juristas se alarmaron un poco más con los dichos de Eugenio Zaffaroni. Hace poco menos de una semana, el ex juez de la Corte insistió en que lo que debe ser reformado, de modo "imprescindible e inevitable", es la Constitución. ¿No exageran los juristas? "Alberto había anunciado que no tocaría  la Corte y acá estamos", respondió uno de ellos.