Abocado a una de las tareas domésticas que menos le apasionan, un dirigente radical experimentó la semana pasada un abrupto viaje al pasado. Mientras colaboraba en la elemental tarea de limpiar su casa, halló entre el papelerío de un mueble algunas encuestas de principios de 2015. “¿A qué no adivinan quiénes estaban primero?”, desafió más tarde en su círculo de confianza. Tras las vacilaciones de sus interlocutores, unos segundos después entregó la respuesta: para presidente, Sergio Massa; para gobernador, Francisco de Narváez. Lejos aparecían Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, los que al finalizar ese año iban a terminar festejando.

El caso, confió, sirve para tomar dimensión de que, en términos políticos, todavía falta una eternidad para las elecciones de este año. “Todo puede pasar”, resumió. En el PRO, donde afloran precandidatos nacionales y provinciales, coinciden: “No hay que dar nada por seguro”.

En efecto, las especulaciones electorales pululan en un enero repleto de gestos, fotos y señales, pero carente de definiciones. El último en lanzarse a la gobernación fue el titular de la UCR provincial, Maximiliano Abad. Con 26 intendentes, 17 legisladores provinciales y cuatro nacionales presentes en Once Unidos, el marplatense mostró a sus socios de Juntos por el Cambio el despliegue territorial del radicalismo y mandó el mensaje de que el partido conserva su vocación de poder. Lo hizo mientras en el pago chico mantiene intacto su vínculo con Guillermo Montenegro.

En la semana también pasaron por la ciudad el macrista Néstor Grindetti y el vidalista Cristian Ritondo. Entre los amarillos que desfilan empieza a imponerse el criterio de elogiar la gestión local. También lo hizo la ex gobernadora María Eugenia Vidal, que procura terciar entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Dijo que a su “amigo” Guillermo le tocó gestionar “en condiciones adversas” porque el gobernador Axel Kicillof lo discrimina.

Para levantar a su favorito en la provincia, apuntó que en esta ciudad los indicadores de seguridad mejoraron cuando Ritondo era ministro, y lamentó que ahora “no solamente hay más narcos que antes, sino que se vende más droga y de peor calidad”. La sentencia no cabría dentro de los elogios. Parece difícil de digerir en tierras donde se pondera la labor conjunta de Montenegro y Sergio Berni en seguridad. 

El verano de la titular de Anses, Fernanda Raverta, tiene por su parte una constante: no ha dejado de sacarse fotos junto a Kicillof. Si no es en actividades oficiales, es en obras de teatro o shows. “La verdad que con Axel nos sentimos muy cómodos”, naturalizan en su entorno. Lo cierto es que el gobernador, según repiten sus más cercanos en La Plata, tiene una buena aprobación de gestión y es el dirigente que más fideliza el voto de Cristina Kirchner.

El álbum de Raverta se va confeccionando mientras un sector de La Cámpora parece avalar la intención de un grupo de intendentes de promover a Kicillof a la Nación y a su jefe de Gabinete, Martín Insaurralde, para sucederlo en la provincia. “Nosotros no tenemos que ver con la decisión que se vaya a tomar en ese terreno; será de Cristina”, aclaran en el kirchnerismo local.

A diferencia de esa notoria cercanía con Kicillof, Raverta no formó parte de la reunión con dirigentes mujeres que organizó el presidente Alberto Fernández en Chapadmalal. No fue la única: tampoco asistieron otra referente de la Cámpora, Luana Volnovich, directora ejecutiva del PAMI, y la massista Malena Galmarini, presidenta de Aysa.

Escindido de lo electoral, una disputa vuelve a sacudir el escenario local. Un ataque a tiros a un chofer de Uber que no existió derivó en una espiral de acusaciones y reinstaló la controversia por el funcionamiento de las aplicaciones de transporte. El vocero de la plataforma, Juan Labaqui, habló de una escalada de agresiones contra sus choferes y dijo que la única forma de frenarlos es con la aprobación en el Concejo Deliberante del proyecto para regular la actividad.

La iniciativa, promovida por Angélica González (Coalición Cívica), está estancada en la primera comisión que lo trata, la de Movilidad Urbana. Es cierto, como se encargó de remarcar Labaqui, que tiene dos informes favorables del gobierno local. El del Ente Municipal de Turismo (Emtur), que consideró que las plataformas digitales “enriquecerán la oferta de medios de transporte públicos”, y el de la Secretaría de Desarrollo Productivo, que, a los fines de generar fuentes de trabajo locales, propuso que los choferes que se registren en las aplicaciones sean del distrito.

Pero la Subsecretaría de Movilidad Urbana, dependiente de la Secretaría de Gobierno, mencionó el año pasado que no podía brindar su postura porque, en el marco de la inspección anual, estaba trabajando en herramientas para tener una mirada más completa sobre el servicio de taxis, como la obligatoriedad de los GPS. En noviembre, los concejales volvieron a pedirle una opinión, en una nota que dirigieron directamente a Gobierno. También le solicitaron un dictamen a la Subsecretaría Legal y Técnica. Ambos están pendientes. De modo que no es casual que la comisión no haya vuelto a tratar el expediente ni prevea hacerlo mañana, cuando se volverá a reunir.

Un ataque a tiros a un chofer de Uber que no existió derivó en una espiral de acusaciones y renovó la controversia por el funcionamiento de las aplicaciones de transporte.

Más que el amor, a los taxistas los une el espanto. Tras las diferencias del año pasado por los aumentos de tarifa y el GPS, cerraron filas. Primero mostraron unidad de criterio en el último pedido de incremento que aprobó el Concejo (con el que lograron el plus nocturno) y ahora aseguran que no permitirán la aprobación del proyecto de González. El martes, con un paro y una movilización, exigirán que se cumpla la norma que prohíbe prestar el servicio de transporte a vehículos sin autorización municipal.

Los desmoronamientos también son foco de discordia. En este caso, entre el gobierno municipal y Acción Marplatense. Comenzó con la conmemoración del quinto aniversario del fallecimiento de Emma Perazzo, la nena de 2 años que fue víctima del derrumbe de un acantilado en la zona norte. “Las causas de la tragedia de Emma siguen vigentes”, lanzó Paula Mantero, y dijo que por falta de intervención del municipio se producen “desmoronamientos a diario”. La concejala de AM redobló sus críticas la semana pasada, después de la muerte de un turista español en la zona sur. “¿Están realizando señalización, difusión, presencia disuasoria y controles adecuados?”, se preguntó.

Sin apuntar directamente contra Mantero ni contra AM, el gobierno municipal respondió a través del director de Defensa Civil, Rodrigo Goncálvez: aclaró que esta vez no hubo desmoronamiento (la Justicia lo corroboró) y que en los últimos cuatro años “se colocaron más de 80 carteles en las zonas de acantilados, pero hay mucho vandalismo”. La gran incógnita es cuántos subsisten.